El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, adelantó que va a judicializar el Impuesto a las Ganancias, restituido luego de la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal. "Ha sido un error por parte del Gobierno no haber contemplado las asimetrías", argumentó sobre los costos de vida en la Patagonia. Según el mandatario provincial, la Ley Bases fue una "discusión coyuntural", pero ahora "hay que discutir en serio, diciendo la verdad, identificando los cuellos de botella que atentan contra el desarrollo de la Argentina y trabajando desde todos los sectores: gremial, empresarial y todos los estados".

En este marco, cuestionó la decisión del gobierno nacional de restituir el Impuesto a las Ganancias, el cual fue aprobado el pasado jueves en la Cámara de Diputados. Torres señaló que la medida no contempla el ítem de zona desfavorable en el mínimo no imponible, por lo que afecta directamente a trabajadores de distintos sectores de la provincia.

El gobernador patagónico informó que está investigando junto a su vice, Gustavo Menna, abogado constitucionalista, "si se puede crear un impuesto con la ratificación de una sola cámara sin que el Senado lo haya avalado". En esa línea, agregó: "Va terminar judicializado, no solo por lo que plantea sino por distintos afectados que terminan en una relación de competencia y facultad para realizar planteos en la justicia. Hablo de sindicatos, trabajadores del petróleo, la pesca que se pueden ver afectados".

El mandatario criticó además la creación de nuevos impuestos por parte de las últimas administraciones, calificándolos como “soluciones temporales que han llevado a una matriz fiscal regresiva, distorsiva e injusta”.

Voces en contra

La presentación, según pudo averiguar Data Clave, sería respaldada por los otros mandatarios patagónicos. Ese bloque fue el que determinó que el paquete fiscal no consiguiera el aval necesario en el Senado, a pesar de que luego el oficialismo consiguió una victoria en Diputados.

Otro de los gobernadores que se había manifestado públicamente contra el Impuesto a las Ganancias fue el santafesino Maximiliano Pullaro. No obstante, su negociación con el oficialismo pasaría ahora por el tema obras, a pesar de que considera que la medida afecta directamente a la clase media, uno de los núcleos donde consiguió mayor apoyo. 

El sábado pasado, la CGT publicó un duro comunicado contra el retorno de Ganancias para la cuarta categoría. "Afectará al castigado bolsillo de más de 800 mil trabajadores", señalaron. La central obrera afirmó que representa un "duro golpe" a los ya deprimidos ingresos de los trabajadores y agregaron: “Esta situación que agravará aún más la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, ya golpeados por la imposibilidad de equiparar los índices de inflación acumulada”.

Previo a la votación en Diputados, se había pronunciado el secretario general del Sindicato Petrolero de Santa Cruz, Rafael Güenchenen, quien advirtió que iban a analizar una importante medida de fuerza para defender los derechos adquiridos que se lograron en los últimos años. 

Los fueros y caminos posibles

Las presentaciones contra leyes nacionales recaen si o si en tribunales federales. Ante esto, se abren caminos diversos. Por lo pronto, la judicialización que plantea Torres irá a parar al fuero federal de la provincia, donde ya consiguió buenas noticias cuando se enfrentó al gobierno hace algunos meses. En este caso, la demanda solo alcanzaría a los chubutenses. 

Hay otras posibilidades en el panorama jurídico. Desde Bancarios ya adelantaron también una postura clara. "Claro que lo vamos a judicializar. Están creando un tributo por la voluntad de una sola de las cámaras", adelantó Sergio Palazzo, titular de La Bancaria en declaraciones periodísticas. Según pudo conocer Data Clave, esta presentación sería en conjunto con otros 69 gremios que integran una mesa denominada “el salario no es ganancia”.

Aquí, el que parece picar en punta para recibir el planteo es el fuero contencioso administrativo federal, un árbitro clásico cuando se trata de dirimir cuestiones que involucran a los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Las presentaciones aún no se han hecho porque la ley no está formalmente promulgada. Una vez que eso suceda, puede que se presente primero una cautelar para frenar los efectos de la normativa. Eso vendría con una cuestión de fondo: la inconstitucionalidad de lo decidido por la Cámara de Diputados. 

La otra duda que todavía se maneja tiene que ver con el contenido de la presentación y los alcances de los planteos. ¿La inconstitucionalidad será por el contenido de la ley o será por qué se aprobó únicamente con el okey de Diputados y tras haber sido rechazada en el Senado? Hasta ahora, el contencioso administrativo no le ha dado grandes disgustos a la gestión libertaria. Quienes están estudiando el caso, posicionan al fuero laboral como otra opción posible, aunque otros consideran que estarían forzando los alcances de esos jueces. El camino aún parece incierto.