Fiscales de la provincia de Santa Fe llegan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer la difícil situación que viven los miembros del Ministerio Público de la Acusación (MPO) a la hora de investigar delitos vinculados al narcotráfico o aquellos que involucran de manera directa a funcionarios políticos.

La audiencia, fijada dentro del período de sesiones ordinarias y la única que involucra a la Argentina, fue solicitada por la Asociación de de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe y la Asociación Argentina de Fiscales para denunciar la fuerte presión política que deben enfrentar. La encargada de exponer será la fiscal Gisela Paolicelli, quién expresó que "cada vez que se han iniciado causas contra personas del poder político, los fiscales terminan denunciados; y en nuestra provincia se llego a reformar el sistema disciplinario".

“El hecho que la Comisión haya interpretado que efectivamente lo que estamos presentando afecta la independencia judicial y los derechos humanos, de por si es un paso muy grande; quiere decir que lo que venimos reclamando no es un capricho nuestro, ni encierra interés político o partidario”, sostuvo Paolicelli y la presentación hará énfasis en las presiones recibidas por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra al investigar al senador Armando Traferri, a quién acusan de ser el organizador de juego clandestino en la provincia pero no pueden citarlo a una audiencia imputativa por los fueros.

Recientemente los fiscales apelaron el fallo de la Corte de Santa Fe donde declararon la constitucionalidad de los fueros absolutos de los legisladores de Santa Fe y pidieron que se ponga a consideración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo de los funcionarios es lograr que Traferri sea imputado.

No es la primera vez que Edery y Schiappa Pietra denuncian interferencias en sus investigaciones y tampoco es menor la reforma del MPA que promueven para poder trabajar con independencia. Actualmente, en Santa Fe está vigente lo que se conoce como la "ley anti fiscales" cuyo principal problema radica en que es la Legislatura la encargada de imponer las sanciones a los fiscales de grado. O sea que los investigados son, a su vez, los encargados de imponer correctivos.

Schiappa Pietra dialogó con Data Clave y sostuvo que le parece "muy importante" que la Comisión los escuche y se refirió a la apelación efectuada: "sabíamos que la causa iba a terminar en la Corte porque lo que estamos discutiendo es si la legislación procesal santafesina es compatible con el sistema constitucional nacional", pero "lo que a nosotros nos parecía era que debíamos tener de parte de un tribunal constitucional, como una Corte de provincia, era un fallo que reconozca que los fueros parlamentarios, como están previstos en Santa Fe era un desborde constitucional". 

"Hoy en Santa Fe tenemos un Código procesal que dice que no podemos imputar, indagar, acusar ni llevar a juicio a un parlamentario que está acusado de delitos vinculados a la corrupción", agregó. 

Por otra parte, fuentes del MPA confiaron a Data Clave que "en Santa fe está todo mal. Esto se pudre a nivel narcos, curros financieros, etc, y nadie hace ni dice nada". El hastío en el organismo es principalmente por el desgaste que sufren los fiscales ante cada avanzada, ya sea por las numerosas denuncias que reciben y el constante desprestigio en los medios de comunicación.