La motosierra del gobierno que encabeza Javier Milei no descansa ni cuando está de viaje. Esta mañana, decenas de trabajadores de PAMI, la obra social de los jubilados, no pudieron ingresar a sus puestos de trabajo en la sede central y denuncian que se trata de una nueva ola de despedidos en el organismo.

Según fuentes allegadas los gremios del PAMI, serían 200 los empleados desafectados: 50 de ellos se hicieron presentes como todos los días y cuando quisieron fichar, se encontraron con que el sistema “no les tomaba las huellas” para permitir el ingreso al edificio.

Esta situación provocó que dichos trabajadores se concentraran en el hall del PAMI central (Av. Corrientes 650) para ingresar a la fuerza, pero personal de seguridad privada que desempeña funciones dentro del edificio no lo permitió. Por lo pronto, sólo lo comunicaron de manera informal “los gerentes de cada área”.

Por el momento, delegados de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) no quieren realizar declaraciones formalmente ya que están “esperando a la secretaria del gremio” para que confirme la cantidad efectiva de despidos. 

Fuentes gremiales dijeron a Data Clave que esta mañana les empezaron a llegar telegramas de despido a trabajadores que se desempeñan en diversos programas que tienen su base en la sede central del organismo.

Los despidos en la sede central del organismo se suman a los que hubo en diciembre en agencias de atención al público de todo el país. Además se restringió la cobertura en medicamentos de uso habitual.

Los despidos en el PAMI se suman a los que se anunciaron la semana pasada en el Ministerio de Salud. En esa línea, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló: “Tenemos que definir medidas de fuerza para que se dejen sin efecto los despidos y evitar de esta manera perjuicios que serán irreparables de forma posterior”.

“El Gobierno profundiza el ajuste en materia sanitaria. Esta decisión del Ministerio de Salud es de extrema gravedad. El Estado debe garantizar la protección del contenido mínimo esencial del derecho de salud. Esta medida que produce 1400 cesantías bajo un supuesto programa de reestructuración afecta la continuidad y operatividad de todos los servicios de salud”, agregó el dirigente.

El sindicato resaltó el peligro de cierre que conllevan estos despidos, como ocurre, por ejemplo, en el Hospital Bonaparte donde cesantearon a 190 trabajadores, de los cuales 113 son profesionales y 77 administrativos.