La oposición rechazó esta madrugada el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que otorgó $100.000 millones para la flamante Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). El rechazo del DNU obtuvo 49 votos a favor -unidos el kirchnerismo y la Unión Cívica Radical, excepto los ausentes mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri-,11 en contra y dos abstenciones, del macrista Martín Goerling (Misiones) y la chubutense Andrea Cristina. Hubo tres senadores del PRO que apoyaron la derogación de la norma: la porteña Guadalupe Tagliaferri, la pampena Victoria Huala y el entrerriano Alfredo De Ángeli.

El miércoles, la UCR había dado un guiño a favor de posponer la discusión para la semana próxima. No obstante, una nueva reunión durante el mediodía de ayer, revirtió esa postura. El correntino Eduardo Vischi -que el miércoles se había sacado una foto con Javier Milei en Casa Rosada-, no había firmado el plan de Labor Parlamentaria acordado junto al resto de las bancadas dialoguistas y el oficialismo, que no incluía el DNU.

Bajo este panorama, al inicio de la sesión se decidió mantener dicho plan, aunque con el agregado del DNU que pidió el propio radicalismo. Tuvo la anuencia del Frente de Todos, que comanda José Mayans.

Durante la madrugada, el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja) aseguró que la norma “viene a poner una actualización por el contexto inflacionario, con delegaciones de la SIDE en exterior, pasajes y estadías, viáticos” y “adquisición de tecnología, que es secreta”. “No hay país que no tenga inteligencia. En un contexto donde se ha reeditado no una guerra fría, pero sí con un nivel de conflictividad entre grandes potencias, donde la Argentina es objeto de análisis, la inteligencia no sólo permite detectar niveles de posibilidad de agresión del narco terrorismo, sino de otras ideologías que se han introducido en el país”, concluyó.

El multiasesorado Bartolomé Abdalá presidió la sesión durante largos tramos en la madrugada.

Desde el radicalismo, Pablo Blanco (Tierra del Fuego) criticó “la metodología” de este tipo de decretos, que “parece moneda corriente”, y leyó el punto tres del artículo 99 de la Constitución, que expresa: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Y subrayó: “No discuto si se necesitan $100.000 millones o $500.000 millones, sino el instrumento legal”.

Durante los cierres de la discusión, Mayans advirtió: “No nos perdimos ninguna oportunidad. Van a tener que venir a explicar”. El formoseño también se quejó del intento oficialista para concretar una sesión secreta por este tema, con la presencia de funcionarios nacionales de diversas áreas, incluida la de inteligencia.