El Presupuesto 2025 está en la cuerda floja y no hay fecha para sesiones extraordinarias
A días de cerrar el año legislativo, la indefinición sobre el presupuesto complica a la Cámara de Diputados y proyecta un enfrentamiento de alto voltaje entre el Congreso y la Casa Rosada. La falta de acuerdos y la posible prórroga de la ley de gastos vigente tensan la relación entre el oficialismo y la oposición.
El reloj avanza en el Congreso y el Presupuesto 2025 sigue sin definiciones claras. Con las sesiones ordinarias a punto de finalizar a fin de mes, la Cámara de Diputados enfrenta una carrera contra el tiempo para aprobar el proyecto antes de que la prórroga sea la única salida. Sin señales de que el Ejecutivo extienda el período actual ni convoque a sesiones extraordinarias, el futuro del presupuesto queda en el aire y con él, la administración de los recursos de todo el país.
El escenario en el recinto es tenso. “Se armó la mesa de negociación y se anotaron todos los reclamos, pero no hubo respuestas formales más allá del déficit cero,” relató a este medio un funcionario cercano a las discusiones. “Sin reuniones en la comisión de Presupuesto y con el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, ocupado en las elecciones de EE.UU., todo esto ya es tomado en broma por los de Economía,” agregó, resaltando la frustración que se respira en el Congreso.
Mientras tanto, el Ejecutivo evalúa prorrogar la ley de gastos actual, lo que le permitiría administrar los fondos en un contexto de mínima supervisión y en pleno año electoral. Según trascendió, algunos despachos recordaron que, antes de la renuncia de la excanciller Diana Mondino, el Gobierno planeaba mostrar una serie de recortes entre los que la oposición podría elegir para cubrir aumentos en partidas sensibles como jubilaciones y universidades. Sin embargo, esas promesas quedaron en el camino, y la frustración en el recinto es palpable.
Para algunos legisladores de la oposición, el límite es la falta de debate en el Congreso. A este ritmo, cualquier esfuerzo para modificar el DNU sobre la ley de Administración Financiera parece destinado al fracaso. “Un nuevo traspié sería un papelón mayúsculo,” dijeron desde un bloque opositor. La Ley de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsada por el oficialismo, que permite cambiar condiciones en materia de deuda, genera malestar tanto en legisladores de diálogo como en sectores kirchneristas, a quienes Milei acusa de ser “detractores de las reformas estructurales”.
La tensión también crece por la falta de convocatoria a extraordinarias, un paso necesario para que se analicen los casi 150 pliegos judiciales pendientes que el Gobierno planea enviar al Congreso. La Casa Rosada ya se muestra preparada para enfrentar el fin de las sesiones sin mayores problemas, lo que también podría aliviar a Martín Menem, presidente de Diputados, y a Victoria Villarruel, vicepresidenta del Senado, quienes sumarían poder al reactivar en marzo el juego político con un Presupuesto que aún no ha sido sancionado.
Desde Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sigue enfocado en neutralizar las críticas de la oposición y del propio Mauricio Macri. “Es injusto que alguien que apoya las líneas generales del Gobierno critique la gestión,” dijo, en clara referencia a las observaciones de Macri. El funcionario también se mostró contundente sobre Aerolíneas Argentinas, asegurando que la empresa debería privatizarse para evitar que los subsidios recaigan sobre la mayoría de los argentinos.
Francos fue más allá al afirmar que en la reunión de hoy se avanzará en eliminar los “privilegios” contemplados en los convenios colectivos de trabajo de Aerolíneas. “Que se eliminen,” sentenció. El mensaje parece claro, el gobierno de Milei no dará un paso atrás en sus planes para reducir el gasto público.
Si no se convocan sesiones extraordinarias, el Congreso enfrentará un año electoral sin un presupuesto sancionado y con los recursos administrados de manera discrecional. La prórroga de la ley vigente dejaría al Ejecutivo con más libertad para manejar fondos y podría afectar temas como la deuda pública y la asignación de partidas para áreas estratégicas como jubilaciones y educación.