La comisión de Juicio Político realizó este martes la última reunión en el proceso abierto contra la Corte Suprema de Justicia. El objetivo fue cerrar el debate y darle dictamen a los 14 expedientes contra los 4 magistrados. La votación concluyó con las 16 firmas oficialistas y los 15 rechazos de la oposición de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal.

El bloque Frente de Todos, de los 14 pedidos de enjuiciamiento por “mal desempeño” a los magistrados sostuvo acusaciones en cuatro causales: el fallo del 2 x 1 que intentó beneficiar a genocidas, el de la coparticipación que favoreció con recursos arbitrarios al Gobierno porteño, el de reforma de del Consejo de magistratura en el que la Corte se arrogó facultades legislativas y el de las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial. 

Antes del inicio, el oficialismo modificó la composición de sus diputados en la nómina de la comisión para tener el número y los votos, entre ellos, salieron el massista Ramiro Gutiérrez y la también diputada del Frente Renovador Micaela Moran. El primero fue reemplazado por otro integrante del Frente Renovador, Carlos Selva, que termina su mandato en el recambio del 10 de diciembre. En el segundo caso fue reemplazada por la santafesina Magalí Mastaler, del kirchnerismo.

Pero también dejaron la banca Mara Brawer, Susana Landriscin, Paola Vessvessian y Hernán Pérez Araujo, y en su lugar ingresarán Mónica Macha, Paula Penacca, Carolina Yutrovic e Itaí Hagman. ¿Por qué hubo reemplazos que incluyeron a diputados del Frente Renovador? El oficialismo aseguró que fue una práctica constante durante todo el proceso. 39 de 118 del Frente de Todos estuvieron durante el año en la comisión y 62 de 257 contando también a la oposición, en total 1 de cada 4 diputados estuvieron en algún momento en el debate. “Reemplazos normales por motivos personales a 10 días de perder una elección y a 10 días de un recambio”, afirmaron desde el Frente de Todos.

En los alegatos finales, el oficialista Leopoldo Moreau afirmó que “es cierto que llegamos a este Juicio Político en el marco de tensiones institucionales que podían dar pie a pensar que era de carácter partidario. Poco antes se había realizado un atentado a la vicepresidenta, se había conocido el viaje a Lago Escondido y llegamos también en una época de sentencias de carácter político”, estimó.

“Sería bueno que la indignación que genera este Juicio Político también la genere el viaje al Lago Escondido”, se quejó el diputado del Frente de Todos.

Por su parte, el diputado del PRO, Pablo Tonelli, descalificó el proceso y presentó el rechazo de la oposición. “Este Juicio no se inició por ningún mal desempeño, fue solo para disimular el incumplimiento del fallo de la Corte por la coparticipación de CABA, cautelar que sigue incumplida”, sostuvo.

También como Juntos por el Cambio, el diputado del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, rechazó desde el primer dia el pedido del oficialismo y presentó su dictamen de rechazo “no haciendo lugar” al juicio político para los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y recomendando “archivar las actuaciones”.

El radical Mario Negri calificó al tratamiento como “el juicio político más bochornoso que se haya hecho” al considerar que el objetivo nunca fue el proceso de investigación sino distraer a la opinión pública.

La oficialista Vanesa Siley habló del manejo de la Obra Social del Poder Judicial y afirmó que “nadie de la Corte quiso hacer uso de la defensa de las acusaciones”. 

Acto seguido, el diputado del PRO, Álvaro González, alertó al oficialismo que “no consiguieron ni un solo voto” que no sea del Frente de Todos e inclusive tuvieron que cambiar diputados “porque no querían firmar el dictamen” y “el destino del dictamen es un cajón”.  

El final de JxC lo expresó Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, vicepresidente de la comisión y uno de los responsables de la defensa de la oposición en todo el proceso. “Este juicio es voluntad de Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa; todos por motivaciones distintas, todas malas. Cristina Fernández sostiene el relato del lawfare, que es perseguida política. Alberto Fernández lo hizo para ejercer parte del poder, cuando los gobernadores le pidieron ir contra los recursos de CABA. Massa tenía que pagar esa sentencia de Cristina y no la pagó.  Además quería ser Presidente y así tener a la Corte sometida”, dijo. 

“Las tres cabezas de UxP se bancaron este juicio por objetivos distintos pero concurrentes. Desprestigiaron el juicio político como institución”, sentenció López.

Del mismo modo, Germán Martínez, presidente de la bancada oficialista defendió lo actuado en la comisión. “Se cumplió con el reglamento en todo el proceso”, afirmó el santafesino, y agregó: “Teníamos el número para haberlo hecho con total discrecionalidad y en mucho menos tiempo y no hicimos eso”.

“Elegimos el camino de juntar todos los argumentos para llegar a este punto que llegamos”, sentenció Martínez.

Qué debe pasar para que avance

Ahora los dictámenes firmados en la comisión de Juicio Político deberán pasar por el recinto de la Cámara de Diputados si quiere seguir el tratamiento como cualquier otra ley. Solo que una vez allí tendrá que conseguir los dos tercios de los presentes para poder sortear la aprobación.

A diferencia de otros proyectos que caducan a los dos años, los cuatro dictámenes acusatorios tendrían tres años de vigencia para poder ser llevados al recinto. 

De todos modos, el nuevo oficialismo que asuma el 10 de diciembre puede decidir llevarlos al recinto para que el tema no alcance los dos tercios y de esa manera hacerlos caer.