El kirchnerismo presentó un proyecto de ley "antidoping" en la política
La iniciativa es de la senadora Juliana di Tullio y fue respaldado por sus compañeros de bancada del Frente de Todos. Propone que se establezca la realización de examen antidoping a los representantes de los tres poderes del Estado.
La senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Juliana di Tullio, presentó el proyecto de ley “antidoping” en la política que involucra a los representantes de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo yJudicial.
La iniciativa del kirchnerismo cuenta con la firma de Di Tullio y de sus compañeros de bancada, entre ellos el presidente del bloque Frente Nacional y Popular, senador José Mayans y sus pares Anabel Fernández Sagasti y Oscar Parrilli.
El espíritu de la iniciativa es generar coherencia de los funcionarios públicos en la lucha contra el narcotráfico, según un comunicado de prensa que envió el Frente de Todos. El proyecto establece la realización de examen antidoping a los representantes de los 3 poderes del Estado.
“La situación que estamos viviendo con el narcotráfico nos obliga como funcionarios a comprometernos en serio. No podemos decir una cosa y hacer otra, el pueblo nos está pidiendo coherencia”, afirmó Di Tullio.
El proyecto establece la realización obligatoria de un examen de detección de metabólicos de drogas ilegales en orina al menos una vez al año y de manera aleatoria. El control estaría a cargo de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros y alcanzaría a:
-Poder Ejecutivo: Presidente o Presidenta de la Nación, Vicepresidente o Vicepresidenta de la Nación, Ministros o Ministras y funcionarios hasta el rango de subsecretario de Estado.
-Poder Legislativo: Legisladores y legisladoras y funcionarios hasta el rango de prosecretarios.
-Poder Judicial: Los magistrados en todos sus niveles, y funcionarios hasta el grado de prosecretario administrativo.
El proyecto prevé que, ante la detección de la presencia de una droga ilegal, la autoridad de aplicación establecerá conjuntamente con la máxima autoridad de cada uno de los poderes el proceso de suspensión y/o licencias hasta su recuperación, respetándose las garantías constitucionales del debido proceso.