El gobierno plantea nuevas reglas para combatir "el adoctrinamiento político" en las escuelas
A través de dos decretos, prohibieron la "propaganda" en los edificios públicos y establecieron una espera de 10 años tras la muerte de una persona para que su nombre sea asignado a un edificio estatal.
El Ejecutivo sigue profundizando su “agenda de reformas” con una medida que promete dividir aguas. Tras rebautizar al Centro Cultural Kirchner como Palacio Libertad, el Gobierno nacional prohibió usar nombres de personas en edificios públicos y símbolos que puedan interpretarse como propaganda política. Además, endureció la reglamentación contra el adoctrinamiento en escuelas.
El decreto 1084/2024, publicado en el Boletín Oficial, establece: “Prohíbese la exhibición, colocación o difusión de imágenes, símbolos, obras o cualquier otra referencia personal que pueda interpretarse como una forma de propaganda política partidaria o de culto a la personalidad política en edificios u obras públicas, oficinas, monumentos u otros bienes muebles o inmuebles pertenecientes al Estado nacional”.
Además, cualquier homenaje en edificios estatales deberá esperar al menos 10 años desde el fallecimiento de la persona o el hecho histórico que se busca honrar. Según el texto, “tampoco podrán asignarse denominaciones a personas que hayan ocupado cargos públicos mediante actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático”.
El decreto también contempla sanciones para quienes infrinjan esta normativa. “La violación por parte de un funcionario público de las prohibiciones establecidas constituye una infracción grave en el ejercicio de la función pública”, señalaron.
En los fundamentos, el Gobierno argumentó que “los bienes públicos deben estar al servicio de la comunidad y no de intereses particulares que impongan su memoria sobre el colectivo”. Según la norma, este tipo de prácticas “provocan confusión entre lo público y lo partidario, desvirtuando el significado cultural o histórico de los bienes del Estado”.
En paralelo, el decreto 1086/2024 modificó la reglamentación de la ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, endureciendo las disposiciones para prevenir adoctrinamiento político en las aulas.
El texto enfatiza que “la imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidaria vulnera la dignidad y la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes”. El Gobierno justificó esta decisión señalando la importancia del rol docente en la formación de los alumnos. “Es fundamental que los educadores no impongan una forma de pensamiento ni limiten el libre desarrollo de ideas”, sostuvieron.
Estas medidas se enmarcan en una creciente controversia por la inclusión de contenido relacionado con Educación Sexual Integral (ESI) en escuelas bonaerenses, un tema que generó fuertes debates en diversos sectores sociales y políticos.
La normativa refuerza la necesidad de garantizar la neutralidad en el ámbito público y educativo, alineándose con una propuesta histórica del PRO que buscó en su momento prohibir nombres partidarios en edificios estatales. Sin embargo, estas decisiones también abren un nuevo capítulo en las tensiones políticas y sociales sobre cómo se gestiona la memoria y el discurso en espacios clave para la sociedad.