Argentina vive este 25 de noviembre bajo la sombra de decisiones presupuestarias que atentan contra la prevención y el abordaje integral de las violencias de género. Entre los recortes más significativos, el gobierno de Javier Milei eliminó del proyecto de ley de presupuesto 2025 los fondos destinados a la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), una política clave para transformar la cultura machista y prevenir abusos. Esta medida, además de frenar la continuidad de un programa aprobado en 2006, es parte de un ajuste que afecta severamente a otros programas de asistencia y protección para mujeres y diversidades.

Uno de los recortes más impactantes es el del Patrocinio jurídico a víctimas de abuso sexual, que perdió el 100% de su asignación en 2024 y tampoco tiene fondos previstos para 2025. Esto deja a cientos de víctimas sin el acceso gratuito a la justicia que este programa garantizaba. Asimismo, el Programa Acompañar, que brinda ayuda económica a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia, sufrió una caída del 90,5% en 2024 y no cuenta con presupuesto para el próximo año. Esta decisión se da en un contexto en el que muchas de las beneficiarias dependen de estos recursos para escapar de entornos violentos.

La Línea 144, herramienta crucial para asesorar y acompañar a víctimas de violencia de género, también está en peligro. Este programa, que ya había sufrido una baja del 69,5% en 2024, queda sin asignación presupuestaria para 2025. La ausencia de fondos pone en riesgo la continuidad de este servicio, que es la primera vía de ayuda para miles de mujeres en situación de emergencia.

Aunque algunos programas muestran leves aumentos, las cifras no alcanzan para revertir la situación general. Por ejemplo, la Ley Brisa, que otorga una reparación económica a niñas, niños y adolescentes que han perdido a sus madres por femicidios, incrementó su presupuesto un 23,6% este año y solo un 3,4% para el próximo, acumulando un alza total del 27,8%. En tanto, el programa de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata cayó un 69,9% en 2024, pero experimentará un aumento del 864,9% en 2025, un crecimiento que organizaciones denuncian como insuficiente para atender la magnitud del problema.

La protección de víctimas de violencia, por su parte, tuvo incrementos del 76,2% en 2024 y del 65,5% en 2025. Sin embargo, las organizaciones destacan que los aumentos no compensan los recortes acumulados durante los últimos años y que muchos refugios y redes de apoyo están al borde del colapso por la falta de fondos.

En el ámbito de la salud, las cifras no son menos preocupantes. La Educación Sexual Integral, cuya eliminación total del presupuesto en 2025 marca un punto crítico, ya había sufrido un recorte del 68,2% este año. El programa de Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable tuvo una baja del 62,8% en 2024, aunque se prevé un aumento del 36,4% en 2025. En cuanto al programa de Respuesta al VIH e Infecciones de Transmisión Sexual, la reducción en 2024 fue del 64,6%, con una recuperación parcial del 53,6% para el próximo año.

A nivel oficial, el gobierno ha intentado justificar los recortes bajo la premisa de priorizar la reducción del gasto público, pero esta decisión choca con la realidad de una sociedad que demanda políticas efectivas para erradicar la violencia de género. Mientras tanto, el impacto de estas medidas ya comienza a sentirse en las escuelas, donde docentes denuncian la falta de recursos para trabajar contenidos vinculados a la ESI.

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, miles de personas se movilizan hoy en todo el país. Las consignas centrales exigen un aumento de los recursos destinados al Ministerio de las Mujeres y la implementación efectiva de políticas públicas que prevengan y erradiquen la violencia machista.

La marcha principal en Buenos Aires, que culminará en Plaza de Mayo, buscará visibilizar que la violencia de género no puede enfrentarse con ajustes ni retrocesos en derechos. "Sin presupuesto no hay ni una menos", es uno de los lemas más resonantes en una jornada que recuerda a las víctimas de femicidio y reitera la exigencia de una sociedad libre de violencias.

Un contexto regional y global

Argentina no está sola en esta lucha. En América Latina, la violencia de género es una de las principales causas de muerte para las mujeres jóvenes. Según datos de la Cepal, el 98% de los feminicidios ocurridos en la región quedan impunes. En este contexto, políticas como la ESI son reconocidas internacionalmente como una de las herramientas más efectivas para prevenir la violencia y fomentar relaciones igualitarias desde edades tempranas.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres debería ser una oportunidad para reflexionar sobre los avances y desafíos en esta materia. Sin embargo, en Argentina, la fecha expone las contradicciones de un gobierno que recorta fondos esenciales mientras el movimiento feminista exige que el Estado asuma su responsabilidad. La continuidad de la ESI y los programas de género no solo son una demanda social, sino una deuda pendiente que, de no saldarse, tendrá un impacto devastador en el futuro de miles de mujeres.