El Gobierno nacional se plantó contra la Unión Industrial Argentina (UIA) tras su última propuesta de que las empresas puedan evaluar "cesar la remuneración" para quienes decidan no inocularse, con el fin de "fortalecer" la campaña de vacunación.

El jefe de Gabinete, Santiafo Cafiero, respondió hoy mientras estuvo presente junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para recibir las vacunas Sputnik V producidas en Argentina: "La vacunación es optativa y la política sanitaria la fija el estado nacional y no la fijan las empresas".

Más temprano, la mano derecha de Alberto Fernández afirmó que "no debería existir ninguna política sanitaria dictada desde las empresas" y ratificó que se va "a continuar con la vacunación de modo optativo", como ocurre a nivel global.

En tanto, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, consideró hoy que "la mayor parte de la población argentina entiende que la importancia de la vacunación" y que "no es solo para uno, sino también por los demás".

En ese marco, la funcionaria subrayó la importancia de "encontrar los mecanismos para que los empresarios y empresarias, y sus trabajadores se pongan de acuerdo" en cuanto a la "vuelta al trabajo", en referencia al regreso a la presencialidad en el marco de la actual etapa de la pandemia de coronavirus.

"Por suerte en la Argentina no estamos como en otros países que hay un grupo muy grande que rechaza la vacuna", señaló en declaraciones a Radio 10, en las que subrayó que en el país "la gente entiende la importancia de la vacunación".

De esta manera, el Gobierno restó trascendencia al planteo realizado desde la Unión Industrial Argentina (UIA) por su titular, Daniel Funes de Rioja, quien señaló que, en los casos de quienes que opten por no aplicarse la vacuna contra el coronavirus, "nadie puede obligar a insertarlos en un medio laboral con riesgo para otros trabajadores y sus familias", pero "debe cesar la dispensa (de asistir presencialmente a sus tareas) y la remuneración".

La UIA había planteado este martes que, a partir del avance de la campaña de vacunación contra el coronavirus, las empresas podían evaluar "cesar la remuneración" para quienes decidan no inocularse.

La iniciativa fue rechazada por la CGT en un comunicado donde sostuvo que "castigar en un derecho laboral a quienes debería solicitarse un compromiso colectivo o social respecto del plan de vacunación contra el coronavirus no es para nada el camino adecuado".