El Gobierno creó un Comando Unificado y pidió a las fuerzas que coticen el protocolo
Bullrich aseguró que el objetivo es realizar "tareas destinadas a la prevención y el control del orden urbano para el tejido de los territorios federales" y que "haya orden, convivencia y libertad".
El Gobierno nacional oficializó la creación de un Comando Unificado Urbano con el objetivo de realizar "tareas destinadas a la prevención y control del orden urbano para el tejido de los territorios federales" y que "haya orden, convivencia y libertad" en el país, según dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
"Consideramos que ese comando conjunto tiene que logar que esta decisión de que haya orden, convivencia y libertad se mantenga siempre", dijo Bullrich en declaraciones a la prensa al salir de su domicilio.
La ministra precisó que del comando "participan todas las fuerzas federales y también la policía de CABA y por supuesto que está invitada la de la Provincia de Buenos Aires" y agregó que "el principio es que haya libre circulación y que Argentina vaya a un país ordenado".
El comando fue creado por medio de la Resolución 947/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial, con la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Según especifica la norma, el comando estará integrado por "la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Secretaría de Seguridad y Política Criminal (o la que en el futuro la reemplace) del Ministerio de Seguridad, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, por los representantes, que eventualmente se designen, de los cuerpos policiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias que adhieran al presente".
Los funcionarios designados poseerán, en el marco de sus funciones, capacidad decisoria sobre el personal y los medios afectados al operativo de seguridad.
El comando será disuelto por la ministra a propuesta de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal o la que en el futuro la reemplace y se designa como coordinador del comando al jefe de la Policía Federal, quien tendrá a su cargo la conducción de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad afectadas al operativo, designación que el jefe podrá delegar en el funcionario que designe.
En la resolución se invita al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a designar un representante de los cuerpos policiales locales para integrar el comando así como al ministro de Justicia y Seguridad porteños a fin de designar un representante de los cuerpos policiales locales; así como a los ministros de Seguridad de cada provincia para que designen también un representante de los cuerpos policiales locales; y al Ministerio Público Fiscal de la Nación, ministerios públicos fiscales de cada provincia y al Ministerio Público porteño mediante la designación de un representante que oficie de enlace con las fuerzas que integran el comando.
En los considerandos, la resolución indica que "resulta primordial establecer canales fluidos y continuos con los representantes de las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal presentes en los turnos correspondientes, a fin de poder efectuar de manera ágil cualquier consulta que se requiera" y que "la formación de unidades de mando unificado para coordinar estratégicamente los medios existentes en el marco de planes de seguridad interinstitucionales ha posibilitado optimizar y potenciar el aprovechamiento de los efectivos y capacidades con las que cuenta cada fuerza federal de seguridad para llevar a cabo sus funciones".
Por otra parte, Bullrich solicitó a las fuerzas de seguridad que determinen los gastos del operativo de seguridad que llevaron a cabo el miércoles, durante la protesta convocada por la Unidad Piquetera a Plaza de Mayo, montos que deberán ser pagados por las organizaciones sociales, según adelantó el vocero presidencial Manuel Adorni.
Por medio de la resolución 949/2023, publicada este viernes en el Boletín Oficial, Bullrich instruyó a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Política de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y al Servicio Penitenciario Federal a "determinar los gastos en los que hayan incurrido a causa de los operativos de seguridad federales" llevados a cabo en el marco de la implementación del protocolo de orden público.