El Gobierno amenaza con destituir a la jueza porteña que liberó a parte de los detenidos
Apuntaron contra la magistrada Karina Andrade, quien dispuso la excarcelación de 94 personas tras la represión en la marcha de jubilados. Desde el oficialismo, la acusan de favorecer la impunidad y amenazan con denunciarla ante el Consejo de la Magistratura.
La liberación de los 94 detenidos tras los disturbios en las inmediaciones del Congreso encendió una nueva pelea entre el Gobierno y la Justicia. La jueza Karina Andrade, a cargo del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 15 de la Ciudad de Buenos Aires, ordenó su excarcelación tras considerar que no había elementos que justificaran su detención. La decisión generó una fuerte reacción en el oficialismo, que la acusó de favorecer la impunidad y anunció que analizará su desempeño ante el Consejo de la Magistratura de CABA.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, criticó con dureza a la jueza y aseguró que su fallo ignoró la gravedad de los hechos. "No se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión, se trató de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda la sociedad", sentenció. Además, la acusó de no haber investigado quién organizó los disturbios y señaló que su desempeño será revisado por posibles incumplimientos en sus funciones.
En la misma línea, el vocero presidencial, Manuel Adorni, cargó contra el Poder Judicial y denunció que su accionar contribuye a la inseguridad. "La justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina. Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices", disparó en su conferencia de prensa.
En su resolución, la jueza Andrade cuestionó el proceder de las fuerzas de seguridad y aseguró que no hubo pruebas concretas contra los detenidos. Según su fallo, "ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio de bienes públicos". También indicó que la información sobre las aprehensiones era confusa y que en muchos casos no se detallaron los motivos de la detención.
“Entiendo que respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión, en un día como hoy donde se convoca desde los sectores mas vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores protegidos convencionalmente, desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente”, remarcó.
El trasfondo del conflicto es la represión que tuvo lugar durante la marcha de jubilados del miércoles pasado, donde cientos de manifestantes protestaban por la situación de los haberes previsionales. En ese contexto, la Policía de la Ciudad y la Gendarmería avanzaron con un fuerte operativo que incluyó gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes. Producto de la represión, al menos 25 civiles resultaron heridos, entre ellos el fotoperiodista Pablo Grillo, quien permanece en estado grave tras ser impactado en la cabeza por una cápsula de gas.
Mientras el Gobierno intensifica su embestida contra la jueza Andrade, desde sectores judiciales advierten sobre la creciente presión del oficialismo sobre el Poder Judicial. En los próximos días, se definirá si la magistrada será efectivamente investigada por el Consejo de la Magistratura porteño, en un contexto donde las tensiones entre la Justicia y el Gobierno parecen lejos de disiparse.