El gobernador de Salta pide intervenir el municipio de Salvador Mazza tras los allanamientos contra su intendente

El Senado de Salta, por instrucción de su gobernador Gustavo Sáenz, aprobó un proyecto de ley para intervenir de manera urgente el municipio de Salvador Mazza. Se tomó esta decisión tras los últimos 18 allanamientos contra su intendente, Rubén Méndez, a quien le encontraron en sus numerosas propiedades un total de $200 millones, autos de alta gama y hasta un arma con municiones.

El jefe comunal de la localidad salteña se ve envuelto en un escándalo judicial y político que parece no tener retorno. Los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, y Pablo Cabot, de la Fiscalía Penal de Tartagal, decidieron imputar al intendente junto a once personas que pertenecen al grupo familiar y allegados

En el fuerte operativo realizado que se realizó el jueves, se secuestraron U$S 854.178, más de €9.000 y $34.342.350, más dos automóviles BMW de alta gama, dos camionetas Ford Raptor, celulares, tarjetas prepagas de celular, documentación y un arma con municiones.

Tras este escandaloso hecho, el jefe comunal de Salvador Mazza le pidió ese mismo día al Consejo Deliberante un pedido de licencia por tiempo indeterminado. En su lugar, asumió interinamente la concejal Marisa Valdiviezo.

Sin embargo, el Senado provincial, trató a contrarreloj un proyecto de ley que envió el propio gobernador salteño para intervenir el municipio e investigar si este hecho que salpicó al intendente salpicó a otras áreas del municipio.

El proyecto fue aprobado por unanimidad y seguramente el próximo martes obtendrá la sanción en Diputados. Una vez en vigencia, el municipio quedará intervenido hasta el 10 de diciembre de 2023. Ese año, en las elecciones provinciales, se elegirá un nuevo mandatario.

Jorge Pablo Soto, senador provincial, le manifestó a Radio 10 de Salta: "Ayer al mediodía ingreso al senado el pedido del ejecutivo de la intervención del municipio de Salvador Mazza".

"La verdad que para la tranquilidad de los vecinos de este municipio tomamos la decisión de aprobar la intervención. Ya con esta media sanción solo se espera que se trate el martes en diputados", agregó el legislador.

La causa

A Rubén Méndez se lo acusa de enriquecimiento Ilícito, considerando que el fuerte aumento de su patrimonio no se condice con sus ingresos legales como intendente. A su vez, según Página 12, la Fiscalía determinó que sus familiares, también con numerosos inmuebles y vehículos a su nombre, no “tienen capacidad patrimonial y financiera para realizar dichas erogaciones”.

Pero a Méndez también se lo acusa por sustraer caudales públicos percibidos en el puesto denominado Vove, en el que se cobra el pago a cuenta de contribución por las actividades comerciales, industriales o de servicios; y en el puesto denominado Guandacarenda, en el cual se percibe el pago de la Tasa de Reconstrucción de Pavimento por el Transporte de cargas.

El abogado de los funcionarios, Roberto Moya, realizó declaraciones en el medio local La Cruda, en donde sostuvo que existen elementos más que suficientes para demostrar que sus asistidos “no tienen nada que ver con el delito, y que ellos no tienen autoría ni material ni intelectual”. “Todo se secuestró al intendente y sus familiares”, agregó.

“Es una presunción nada más y no poseen nada de valor como para culparlos”, dijo el abogado, y aseguró que tendrán que ser apartados del proceso. Pero también afirmó que Méndez podrá demostrar su inocencia debido a que puede justificar esas ganancias a través de su actividad privada. Tiene la representación de la firma Coca Cola en aquella ciudad.

“Detrás de esto hay una cuestión política, una mano negra que va a salir a la luz muy pronto, hay un intendente que está haciendo bien las cosas y un Concejo Deliberante que tiene ambiciones desmedidas”, concluyó Moya.