Desde las 10, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud, que presiden Maria de los Ángeles Sacnun (FdT) y Mario Fiad (UCR), tendrán las visitas de Vilma Ibarra y Carla Vizzotti para comenzar el debate del proyecto del Ejecutivo por las restricciones sanitarias.

El oficialismo va por el dictamen en esta única reunión de comisión para dejarlo listo y poder votarlo en el recinto la semana próxima. Además, podría realizar una sesión este jueves para avalar el DNU cuestionado por la Corte Suprema y el proyecto de declaración que busca darle destino al fondo de derechos especiales que girará el FMI.

El proyecto sobre restricciones sanitarias del Ejecutivo es una iniciativa que diseña un marco para que el Gobierno nacional y los provinciales puedan implementar medidas con el objetivo de reducir los contagios de coronavirus. El articulado llega con la firma del presidente Alberto Fernández que lo dejó listo antes de comenzar su gira por Europa.

La idea general de la iniciativa oficialista es “distribuir las facultades de tomar decisiones entre el Poder Ejecutivo, Gobernadores/as y Jefe de Gobierno de la CABA, otorgando una amplitud de intervenciones para la toma de decisiones respecto de la evolución de la pandemia”. El proyecto divide al país según criterios epidemiológicos y sanitarios “conforme los cuales las jurisdicciones locales y el Gobierno nacional, según las competencias de cada uno, adoptarán medidas para mitigar la propagación del virus”. 

El oficialismo buscará aprobarlo con celeridad, pese al rechazo de la oposición que comenzó incluso antes de tener acceso a la letra chica de la iniciativa. El proyecto fue girado rápidamente a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud. Una al mando de la oficialista María de los Ángeles Sacnun y un opositor, el radical Mario Fiad. El objetivo es definir una fecha para un primer plenario pronto. 

En Juntos por el Cambio ya están las primeras observaciones generales a una primera lectura del proyecto. La vicepresidenta de la comisión de Asuntos, Laura Rodriguez Machado (PRO), aseguró a Data Clave que el proyecto es “inconstitucional” y el que lo envía cree que “es un emperador que puede decidir sobre el federalismo de las provincias”. 

Laura Rodriguez Machado

“Hasta ahora se dictaba un DNU y las provincias decidían si adherir. La decisión ahora es tratar de sancionar una ley donde todas las provincias hagan lo que él emperador dice en virtud de parámetros no muy claros epidemiológicos, además de que varían de manera permanente y constante”, sentenció la legisladora.

En este sentido, Rodriguez Machado agregó: “Nunca vamos a saber  lo que va a pasar en cada uno de los lugares, vamos a tener a toda la población en ascuas sin saber hasta donde se puede trabajar o tener los comercios abiertos”. 

La referente de la bancada macrista consideró que de aprobarse la iniciativa del Gobierno “va a reinar la incertidumbre y la falta de federalismo” porque las provincias no decidirán más que hacer en sus jurisdicciones. “Esto tiene que ver con la intención de suspender clases presenciales de las provincias que así lo hacen”, cerró.

Federalismo, delegación y vigencia de la emergencia

Desde la bancada opositora aseguran que el proyecto define “algunas pautas objetivas” en la ley con las que se puede concordar y hasta discutir en el ámbito del parlamento. Sin embargo, consideran como algo grave la “amplísima” delegación de poderes desde el Congreso hacia el Presidente en el artículo cuarto.

Además, entienden que el proyecto no fija un plazo concreto de finalización de dicha delegación puesto que pone como fin de la vigencia la culminación del actual decreto presidencial que prorrogó la emergencia sanitaria hasta el diciembre de 2021. Es decir, de existir la voluntad del Ejecutivo de volver a prorrogar, la medida podría alargar su alcance a discreción del presidente. 

“No hay límite temporal”, dicen desde Juntos por el Cambio. Porque establece que el plazo de vigencia es hasta que dure la emergencia que rige por decreto, es decir, es el Ejecutivo mismo el que lo dictará.

Pero el aspecto en el que más coinciden desde la bancada opositora es que la iniciativa “es muy avasallante de las autonomías provinciales”. Sostienen que el gobierno busca darle “directivas a los gobernadores” y el Congreso no le puede dar órdenes a los jefes provinciales.

Por esta crítica cerrada, cuando el proyecto supere el tramo del Senado, tendrá un duro escollo en Diputados. La negativa de Juntos por el Cambio, si logra ser unánime, pondrá en aprietos a un oficialismo sin números. Contra las cuerdas, deberá volver a necesitar de los votos de los bloques federales. Con una aliciente, que los gobernadores son los primeros interesados en el proyecto.