La causa del exgobernador de Entre Ríos y exembajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, no está exenta de polémicas. Su abogado, Fernando Burlando declaró hace unas semanas que asumió su defensa porque se trata "de una verdadera aberración jurídica". De acuerdo a lo que explican desde la representación del dirigente político, existirían múltiples evidencias que podrían demostrar que los procesos fueron “diseñados” en su contra.

La “Megacausa” fue el debate donde se lo condenó a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por cinco casos de supuesto desvío de fondos públicos para fines particulares. La sentencia fue confirmada en mayo de 2023 por la Cámara de Casación de Entre Ríos, por lo que todavía está en condiciones de intervenir la Corte Suprema de la Nación.

En cuanto a la condena, Burlando sostiene que "fue dispuesta por un tribunal formado por tres jueces que previamente fueron fiscales" y que "el tribunal de Casación que confirmó la condena había mostrado previa y públicamente su parcialidad cuando los jueces Marcela Badano, Hugo Perotti y Marcela Dávite firmaron una nota emitiendo opinión y vinculando el jury a una funcionaria judicial con las causas de Urribarri".

“Los magistrados, parecen haber olvidado la vigencia de leyes básicas como la 5140 -de contrataciones de publicidad- ;11043 -que modificó dicha normativa- la ley 25520 -que exigía autorización judicial para recabar información sobre las comunicaciones telefónicas; 24059 -cuyas formalidades para requerir el auxilio de fuerzas federales no se cumplió - y otro sin número e preceptos como las que ordenan el proceso -el código de procedimiento de la provincia- o las leyes que establecían las funciones de la Contaduría General -ley provincial 9981- o las leyes 19550 o los propios arts. 209 al 213 de la Constitución Provincial”, detalló el abogado.

Irregularidades

Luego de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) dejara firme la condena, la defensa solicitó la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el pedido de destitución del procurador general de la provincia, Jorge Amílcar Luciano García.

"El Procurador General ha decidido que solo dos fiscales ‘investiguen’ todas las causas más sensibles de la provincia, es decir los ha colocado en una Unidad Fiscal ‘especializada’ sin ningún criterio objetivo que justifique la quita de las competencias del resto de los colegas del Ministerio Público. Uno de estos de estos fiscales ni siquiera tiene jurisdicción territorial para actuar en la ciudad de Paraná, porque el concurso público que había ganado era para otra localidad, de manera que bajo el rótulo de combatir la corrupción lo que se ha hecho es concentrar todo el poder de investigar los delitos políticamente más sensibles en unas muy pocas personas", dijeron los defensores en una conferencia de prensa.

En tribunales provinciales se encargaron de recordar los lazos de amistad y familia entre acusadores y jueces, además de diversas cuestiones llamativas. Por ejemplo, el fiscal Gonzalo Badano no tiene por ley jurisdicción territorial para actuar en Paraná porque el concurso público que había ganado era para Gualeguaychú. La otra fiscal, Cecilia Goyeneche fue destituida de su cargo por graves irregularidades en el desempeño de sus funciones. La denuncia inicial fue levantada de una nota periodística y luego arrimada a la Justicia, que cometió todas estas irregularidades por las que hoy es cuestionada.

El juez que condenó en primera instancia, José María Chemez -ya jubilado de la actividad pública-, es cuñado de la jueza que confirma la sentencia, Marcela Dávite, quien es a su vez cuñada del juez del Tribunal y amiga íntima de su colega Marcela Badano, jueza del Tribunal de Casación, quien también confirmó el fallo y que -a su vez- es la expareja del Procurador General ante el Superior Tribunal. El Procurador está señalado (y fue denunciado) como columna vertebral de esta "mesa judicial" que, en forma discrecional, elige a los fiscales que investigan este caso, uno de los cuales ni siquiera tiene competencia territorial.

Además, la jueza del Tribunal de Casación, Evangelina Bruzzo, está casada con Juan Ruiz Orrico, dirigente de Juntos por el Cambio oriundo de Concepción del Uruguay y enemigo público declarado de Urribarri. En un escrito presentado por el exgobernador, se indicó: "En un proceso judicial amañado, he sido condenado sin pruebas, sin testigos, sin documentos. Incluso una de las fiscales puestas a dedo por este procurador admitió en su alegato y ante los medios de comunicación la falta absoluta de fundamentos para una acusación: 'no hay pruebas, no hay testigos, no hay documentos' dijo.

Ante esto, Burlando presentó una denuncia en Comodoro Py. El fiscal Carlos Stornelli desestimó el planteo y lo remitió a Paraná por una cuestión de competencia territorial, pero la jueza María Servini solicitó a la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial de Entre Ríos la remisión de copias en formato digital de los expedientes en los que se investiga al exmandatario. Es decir, requirió el expediente para analizarlo y luego de ello decidirá dónde continuará la causa.

"La jueza está haciendo realmente lo que hay que hacer, que es ni más ni menos que investigar los hechos que está denunciando Urribarri". Respecto de la llamada Megacausa, agregó: "Lo va a determinar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en definitiva es quien lo tiene que resolver. Es muy bueno que haya un juez con ganas de investigar lo que acaba de denunciar Urribarri, pero sin lugar a duda la última palabra la va a tener la Corte".

"Para cualquier observador imparcial que analice los hechos con una mediana objetividad esto es escandaloso, no es un debido proceso legal constitucional, y se han violado todas las disposiciones más elementales de nuestro sistema jurídico penal. El que no lo quiere ver es porque no quiere verlo", sintetiza el abogado.