El presidente Javier Milei dio la orden de reactivar el trámite para ascender a 15 tenientes del Ejército al rango de coronel, pese a que sus familias están vinculadas a represores de la última dictadura militar. La decisión, que debe ser tratada en el Senado de la Nación, desató una fuerte controversia, ya que en 2010 la entonces presidenta Cristina Kirchner bloqueó estos ascensos debido al parentesco de los oficiales con militares condenados por delitos de lesa humanidad.

Desde el oficialismo justificaron la medida y aseguraron que se trata de corregir una injusticia. Según fuentes de la Casa Rosada, estos oficiales fueron castigados “por portación de apellido”. “No se los dejó avanzar en sus carreras solo porque eran hijos o sobrinos de represores”, señalaron desde el Gobierno, marcando distancia con la política aplicada durante los mandatos kirchneristas.

Los militares que serán promovidos a coroneles son Guillermo Alejandro Saá, Jorge Luis Toccalino, Ricardo Horacio Muñoz, Ramón Centeno de la Vega, Francisco Javier Canevaro, Marcelo Ramón Borzone, Mario Alejandro Díaz, Justo Rojas Alcorta, Edgardo Calvi, Gustavo Cattáneo, Julio Balloffet, Oscar Faisal, Marcelo Huergo, Pedro Tagni y Antonio Agustín Duarte. En diciembre pasado, la administración de Milei ya había promovido a capitanes de fragata de la Armada bajo un criterio similar, beneficiando a seis oficiales.

La reactivación de estos ascensos no es solo una decisión de Milei, sino que también cuenta con el respaldo del ministro de Defensa, Luis Petri. Desde el Gobierno remarcan que los oficiales cumplen con las condiciones exigidas por la ley y que los informes de la ex Secretaría de Derechos Humanos no detectaron antecedentes penales en los expedientes individuales de los involucrados.

La decisión del Gobierno fue interpretada por organismos de derechos humanos como un intento de reivindicar a militares ligados al pasado oscuro del país. En respuesta, este viernes se realizó una nueva Marcha de la Resistencia, convocada por las Madres de Plaza de Mayo y otros colectivos, con el lema “Una memoria que arde. Una lucha que no se apaga”. La manifestación, que recorrió la Plaza de Mayo y se extenderá por 24 horas, sumó el repudio a otras decisiones del Gobierno, como la cancelación del recital de Milo J en la ex ESMA.

Desde el entorno del oficialismo, en cambio, sostienen que el kirchnerismo utilizó estos ascensos como una herramienta de presión política y que la medida busca reparar un veto injustificado. De hecho, durante la gestión de Mauricio Macri, el entonces ministro de Defensa Oscar Aguad intentó sin éxito destrabar los ascensos de estos militares, pero la iniciativa quedó paralizada.

Con esta resolución, el Ejecutivo sigue profundizando su choque con los organismos de derechos humanos y las agrupaciones que denuncian el retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Mientras tanto, el Senado deberá definir si acepta la propuesta de Milei o mantiene el bloqueo a estos ascensos, una decisión que podría generar nuevas tensiones en el escenario político.