La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) “expresó hoy su férreo rechazo” y anticipó que “no hay ningún margen para que sigan expoliando a los productores”  ante una eventual suba de las retenciones al trigo y al maíz.

Luego de que esta madrugada tuviera sanción en la Cámara de Diputados el acuerdo con el FMI, “circulan versiones que indican que el gobierno de Fernández analiza tomar esa medida”, dijo la CEEA en referencia al aumento de retenciones.

Ese incremento “perjudicaría, una vez más, a los productores agropecuarios. En este escenario, la CEEA rechaza cualquier intención de aumento de retenciones, así como también cualquier otra intervención distorsiva en los mercados”. 

La Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales, Coninagro y Federación Agraria, destacaron que las retenciones, los cupos, o fideicomisos, “no solucionan ninguno de los problemas existentes, no combaten la inflación ni la pobreza” y por el contrario, ”van en contra de todo lo que se necesita: una mayor producción, más inversión y más trabajo”.

Las entidades del campo apuntaron a que “estos rumores no hacen más que acrecentar la ya enorme incertidumbre que tiene el sector agropecuario, lo cual impacta negativamente en nuestra actividad y, en definitiva, en la economía nacional”.

El pronunciamiento de la CEEA se produce semanas después de que la Sociedad Rural Argentina (SRA), junto con su par de Jesús María, presentara en los Tribunales de la provincia de Córdoba un amparo para trabar la posibilidad de que el Poder Ejecutivo fije y cobre derechos de exportación. 

Las entidades rurales reclaman desde comienzos de año que el cobro de retenciones que está concretando el Gobierno es anticonstitucional.

La historia se remonta a fines de 2019 cuando, a partir de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el Gobierno consiguió la facultad de incrementar las retenciones a la soja hasta el 33%, de los cereales hasta el 15% y de la carne al 15% sin necesidad de pasar por el Congreso. 

Todo incremento por arriba de esos valores debería contar con la aprobación de la Cámara baja. Esa norma tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021 y justamente en la ley de Presupuesto planteada por el ministro de Economía Martín Guzmán, se buscaba que esa facultad se extienda hasta 2024.

Al ser rechazado el proyecto de Ley de Presupuesto, las entidades consideran que el Ejecutivo no puede fijar las retenciones.