El tema comenzó a generar revuelo por una iniciativa de dos abogadas particulares que pretendían presentar en el Congreso un proyecto para prohibir el lenguaje inclusivo. El texto llegó a manos de un grupo de legisladores del PRO, lo modificaron y presentaron uno propio que solo intenta prohibir el uso en órganos oficiales y académicos.

La iniciativa de las abogadas Patricia Paternasi y Cynthia Ginni impulsaba la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en los tres poderes, en comunicaciones oficiales y en el ámbito de la educación. Para los diputados macristas, esto era muy abarcativo y requería de una modificación en términos de construcción legislativa.

El proyecto de la bancada del PRO cuenta con 9 diputados que estamparon su firma. El autor es Jorge Enriquez, de la Ciudad de Buenos Aires, pero también acompañan el misionero Alfredo Schiavoni, el neuquino Francisco Sánchez, el riojano Julio Sahad, el fueguino Héctor Stefani y los bonaerenses Pablo Torello, Carla Piccolomini, Alberto Assef y Juan Aicega. 

“La iniciativa comienza por una propuesta que dos particulares nos hicieron llegar pero que no era abarcativa de todo lo que tiene que tener un proyecto de ley. Era muy general. El proyecto no tiene como motivo en sí prohibir el uso del lenguaje inclusivo, por el contrario lo que propone es eliminarlo del lenguaje oficial y académico, en esos ámbitos su uso atenta con una mejor comunicación”, dijo Enriquez a Data Clave.

La propuesta ingresada este martes a última consta de 5 artículos en donde lo que se prohíbe es el uso del lenguaje inclusivo en documentos y comunicaciones de órganos oficiales, en discursos de autoridades nacionales y en establecimientos educativos.

Los diputados del PRO que el idioma evoluciona con el tiempo y la pretensión de imponer de manera artificial confunde a la mayoría de los habitantes. “Los cambios en el lenguaje dependen del uso de sus hablantes, el uso de la lengua pertenece a los parlantes. Cuando un cambio se sostiene se comunica a la RAE lo incorpore y no al revés”, agregó Enriquez.

Por último, desde la bancada opositora afirmaron que las críticas “no molestan” porque la finalidad del proyecto es “permitir que la lengua evolucione”. En definitiva, sostienen que “una vez adoptados estos cambios pueden trasladarse al lenguaje oficial pero no antes”.

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