En un intento de revertir el veto del Poder Ejecutivo a la ley que ajusta las jubilaciones y pensiones, la Cámara de Diputados oficializó hoy la convocatoria a una sesión especial solicitada por bloques opositores dialoguistas. La sesión, prevista para el miércoles a las 11, busca rechazar el veto y mantener la ley sancionada por el Congreso, que contempla un aumento del 8% en los haberes jubilatorios para compensar la inflación del mes de enero y la aplicación de un índice de actualización basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El secretario parlamentario, Adrián Pagan, fue el encargado de comunicar la citación oficial, tras la solicitud del diputado radical Fernando Carbajal, que contó con el respaldo de una veintena de legisladores de la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Ahora, la oposición enfrenta la difícil tarea de reunir los dos tercios de los votos en la Cámara Baja para insistir con la norma vetada por el presidente.

El oficialismo, junto con sus aliados del PRO y otros bloques provinciales, se encuentra en plena negociación para garantizar la asistencia de 86 legisladores, número necesario para impedir que la oposición logre la mayoría agravada. Hasta el momento, el oficialismo cuenta con 36 votos asegurados, además del respaldo de 36 diputados del PRO. Sin embargo, persisten dudas sobre la posición del legislador larretista Álvaro González, quien podría modificar el equilibrio de fuerzas en esta votación clave.

El PRO, que inicialmente había aportado 30 votos en contra de la ley jubilatoria, ahora se encuentra en proceso de reorganización. Varios de sus legisladores, que en su momento estuvieron ausentes, como Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal, han confirmado que asistirán a la sesión para rechazar el veto presidencial. Con esta reconfiguración, el oficialismo busca asegurarse los votos necesarios para mantener el veto en pie.

Por su parte, el bloque radical y Encuentro Federal también están en plena movilización para garantizar la presencia de sus legisladores. Desde el radicalismo aseguran que "están trabajando" para que sus diputados voten en contra del veto, mientras que Encuentro Federal, con 16 legisladores, busca alinear sus posiciones para lograr la mayoría necesaria.

Pero ocurrió algo en estas horas que modificó la composición de la coalición dialoguista: Pedro Galimberti (UCR) renunció este lunes a la banca y asume en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), un cargo en un ente binacional para el que lo propuso el gobernador Rogelio Frigerio. Lo reemplazará Nancy Ballejos, dirigente del PRO entrerriano. De este modo el bloque radical pierde un escaño y partido amarillo suma un escaño.

En este contexto, algunos sectores de la oposición evalúan la posibilidad de proponer una insistencia parcial, omitiendo los artículos más conflictivos del proyecto de ley, como el aumento adicional en marzo y la obligación de cancelar las deudas con las cajas previsionales. Esta estrategia busca destrabar las negociaciones y lograr que se mantenga al menos una parte de la norma aprobada por el Congreso.

El bloque de Unión por la Patria también se moviliza para defender la ley. Con 99 legisladores, buscarán que la totalidad de sus miembros acudan a la sesión y voten en contra del veto. El pedido de sesión especial, presentado por la oposición la semana pasada, es un intento de evitar el tratamiento en comisión, dado que el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, ha decidido no convocarla para debatir el veto presidencial.

La ley vetada contemplaba un aumento del 8,1% para compensar la inflación registrada en enero, mes en que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 20,6%, frente al aumento del 12,5% otorgado por el Gobierno. Esta diferencia fue uno de los principales argumentos utilizados por la oposición para aprobar la ley en el Congreso. Además, el proyecto establecía que las jubilaciones se ajustarían anualmente de acuerdo al IPC, con un aumento adicional del 50% sobre la variación de los salarios según el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).

Otro punto central de la ley es la inclusión de un mecanismo para saldar las deudas con las cajas previsionales provinciales. Según el texto, los fondos provenientes de impuestos con asignación específica a la ANSeS serían utilizados para cancelar estas deudas, así como las sentencias judiciales firmes dentro de un plazo de seis meses. El Gobierno, sin embargo, argumentó que la ley generaría un gasto adicional de 6 billones de pesos para el año 2024 y de 15 billones para 2025, lo que afectaría sus objetivos de déficit cero.

El debate sobre este veto ha puesto de relieve las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo en torno a la política previsional. Si bien el oficialismo defiende su decisión de veto argumentando que la ley implicaría un gasto fiscal insostenible, la oposición insiste en que es necesario ajustar las jubilaciones para proteger el poder adquisitivo de los adultos mayores frente a la inflación.

El miércoles, los legisladores deberán decidir si mantienen la ley aprobada o si el veto presidencial prevalece. La sesión especial promete ser un evento clave, con implicaciones profundas para la gestión de la política económica y social del país.