Una élite. Un fuero de los menos conocidos para la opinión pública y con una eterna rivalidad entre sus integrantes y los jueces en lo contencioso administrativo federal, el considerado “fuero de la gobernabilidad”. El fuero civil y comercial federal tuvo su momento de notoriedad esta semana por uno de sus integrantes: el juez Javier Pico Terrero que firmó una resolución donde se habilitaba el uso de dióxido de cloro para un paciente de covid-19.

Este fuero tan particular, prácticamente aristocrático, tiene la Cámara dentro del palacio de Tribunales y sus juzgados en un edificio a la vuelta del Consejo de la Magistratura. Son quienes intervienen en amparos de salud y también en cuestiones aeronáuticas. Un ejemplo claro de su intervención son las causas que se llevan adelante contra empresas prestadoras de servicios públicos: si hay un reclamo de daño contra una empresa de luz, allí es donde recae.

Muchas veces se vuelve muy finita la línea por la cual intervienen los civiles comerciales federales o los contenciosos. Justamente basado en esa idea, el Gobierno había presentado en su reforma judicial inicial la idea de unificar ambos fueros. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal salió al cruce rápidamente: “la unificación propuesta en el proyecto implica soslayar la especialidad de cada fuero, ganada durante décadas de funcionamiento autónomo”, dijeron sus integrantes. Finalmente la idea fue desestimada.

Quién conoce las complejidades y los vericuetos de ambos fueros es justamente Pico Terrero, que fue durante varios años secretario del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Ernesto Marinelli, un histórico que se jubiló en 2018. 

Pico Terrero egresó de la Facultad de Derecho de la UBA en 1996. Un año antes había ingresado a Tribunales, donde pasó por el Juzgado Contencioso Administrativo 3 y luego por el 1, donde se convirtió en secretario en 1999. Su especialidad fue el derecho tributario, logro que convalidó académicamente en 2009. Un año después, se presentó para dar el salto: de secretario a finalmente juez.

Pico Terrero estuvo en una de las ternas eternas del Consejo de la Magistratura: pasaron siete años desde el momento en que se presentó para rendir los exámenes hasta su jura, en agosto de 2017. Su concurso quedó trabado por las desavenencias clásicas del Consejo: cinco juzgados vacantes y una lista de siete candidatos posibles. En 2012 la lista de elegidos y elegidas para los cargos ya había sido elaborada pero no recibió el okey.

Cambio de integrantes del Consejo mediante y luego de varias discusiones, el Concurso 258 se reactivó y en septiembre de 2016 se aprobó la lista de candidatos que incluía a Pico Terrero y se la elevó al Poder Ejecutivo, en ese momento a cargo de Mauricio Macri. Sin un vínculo político claro más allá de su pertenencia al sistema judicial (integra la Asociación Argentina de Justicia Constitucional), los que conocen el fuero recuerdan que fue uno de los que firmó un respaldo a la candidatura de Julio Conte Grand para ocupar el cargo de Procurador General en la provincia de Buenos Aires.

No fue el único que suscribió ese apoyo a Conte Grand: en la lista estuvieron los jueces federales Juan Manuel Culotta y Enrique Lavié Pico así como también los por entonces integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Ana María Conde y José Osvaldo Casás.

Desde su llegada al fuero civil y comercial federal, Pico Terrero mantuvo un perfil bastante bajo, muy acorde a la conducta que suelen tener aquellos que están dentro de este mundo. “Tengo una vocación que he desarrollado a lo largo de mi carrera: me he preparado no solo académicamente sino también de forma práctica”, dijo ante los senadores que convalidaron su candidatura a juez en marzo de 2017.

“Todos los jueces deberíamos pagar ganancias, es un impuesto que se aplica a toda la ciudadanía y no deberíamos tener ningún privilegio”, marcó también, ante la pregunta de un senador. Esa era la postura que se repetía entre los candidatos, que sabían que cualquier otra respuesta podía llegar a complicarles el trámite. Pico Terrero es uno de los jueces que justamente paga el tributo, ya que se convirtió en juez después de la modificación de la ley que hizo el macrismo.

Su primera mini polémica llegó en 2018: Adepa cuestionó una cautelar que le otorgó a un cirujano plástico que pedía “derecho al olvido”, una figura que permite eliminar ciertos contenidos de sitios en internet. En ese caso, el médico había sido denunciado por tres de sus pacientes por supuesta mala praxis.

Antes del fallo sobre dióxido de cloro, su nombre había figurado en los medios por la causa que Cristina Fernández de Kirchner le inició a Google cuando el buscador asoció su nombre a “ladrona de la Nación Argentina”. Pico Terrero habilitó el pedido que había hecho la actual vicepresidenta para producir una prueba anticipada en base a la realización de una pericia informática, situación que fue convalidada por la Cámara.

“Es una situación donde hay que tener una sensibilidad mayor, una capacidad de respuesta mucho más rápida”, dijo en esa audiencia de presentación al momento de hablar de los amparos y las cuestiones de salud que podría llegar a resolver. Justamente fue una cuestión de salud, en medio de una pandemia, lo que lo llevó a tener una denuncia en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño en sus funciones.