Desalojaron una toma de mujeres en la Villa 31: entre la ocupación ilegal y la denuncia de crisis habitacional
Esta mañana la Policía de la Ciudad y personal judicial desplazó del Barrio Mugica a más de 100 familias que tomaron parte de un terreno de manera ilegal ante la falta de respuestas para poder ser reubicados. Los vecinos porteños cuestionaron al Gobierno por falta de soluciones para familias y mujeres desamparadas. En tanto, desde la Ciudad le informaron a Data Clave que ese terreno público forma parte de un plan de urbanización, junto con la creación de una escuela. Denuncias de la izquierda y de la agrupación Somos Barios de Pie Capital.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la policía local y la Justicia, desalojó a más de 100 familias del asentamiento "La fuerza de las mujeres", ubicado en el Barrio Mugica.
Se trata de un conflicto que se inició desde el 30 de junio, cuando alrededor de 60 personas tomaron un terreno público como consecuencia de la crisis habitacional y ante la falta de soluciones a un problema que data desde hace mucho tiempo en CABA y en la Provincia de Buenos Aires.
En ese marco, según pudo averiguar Data Clave, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a cargo de María Migliore, llevó a cabo un proceso de negociación para recuperar las tierras tomadas ilegítimamente.
Luego de varias instancias de diálogo y sin solución de por medio, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta acudió a la Justicia y recibió la razón por parte del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas de Primera Instancia N°15, a cargo de la jueza Karina Giselle Andrade y con la intervención de la fiscal Valeria Massaglia.
Según un comunicado oficial de la cartera que conduce Migliore, la recuperación de esos terrenos públicos son necesarios para poder llevar adelante un plan de urbanización en el Barrio Mugica, donde construirán una escuela barrial que tendrá capacidad para más de 210 alumnos.
Sin embargo, desde Somos Barrio de Pie Capital le afirmaron a Data Clave que lo que ofrecía la Ciudad era un subsidio habitacional de un tope de $8.000 y con vencimiento a los seis meses, insuficiente para poder cubrir un alquiler dentro o fuera de la Villa 31. A su vez, plantean que las mujeres solteras son discriminadas por su condición y los locadores se niegan a alquilarles una habitación.
En cuanto a los plazos legales, la Justicia había dado tiempo hasta el 16 de julio para desalojar el predio, pero los ocupantes no dejaron el lugar y tuvo que intervenir la Fiscalía para dar forma al pedido del Gobierno porteño. "Nunca aceptaron ser censados ni la ayuda social y habitacional que se les ofreció", manifestaron desde el Gobierno porteño.
Por su parte, Ramiro Geber, abogado de las familias denunció que “ni la fiscalía a cargo de Valeria Messaglia ni el gobieno de la Ciudad quiso armar la mesa de diálogo”.
Tras realizarse el desalojo, voces políticas se opusieron a la decisión final y cuestionaron a Horacio Rodríguez Larreta y su gestión. El sector de la izquierda fue el más activo en la disputa entre Gobierno y ocupantes.
Gabriel Solano, actual legislador porteño y candidato para renovar mandato por el FIT Unidad, expresó: "Larreta desaloja a vecinos de la Villa 31 y destruye sus pertenencias. Es la postal de una Ciudad dónde los únicos beneficiados son los especuladores inmobiliarios amigos del gobierno".
En tanto, Myriam Bregman, candidata a diputada nacional, sumó: "#Ahora desalojo en el barrio Mugica. La policía de Larreta rompiendo todo en vez de dar respuesta al reclamo de vivenda. Feroz imagen en una ciudad con gente sin casa y casas sin gente".
Su compañera en la Legislatura porteña, Alejandrina Barry, agregó en su cuenta de Twitter: "Desalojo a mujeres en la toma de la villa 31. Otra vez la represión para quienes hace meses viven en un basural con sus niñes y la única respuesta es esta. Repudio total".
Por último, Walter Córdoba, líder del movimiento Somos Barrios de Pie Capital, le expresó a Data Clave: "Urgimos al Gobierno de la Ciudad a dar una solución real a estas personas y a sus infancias que no tienen donde vivir ni cómo afrontar un alquiler. La Ciudad debería tomar el ejemplo de Berlín y convocar a un plebiscito para que sean las ciudadanas y los ciudadanos quienes decidan qué hacer con los edificios ociosos aún en manos privadas y así poder dar una solución concreta al drama habitacional que miles de familias padecen".