En el acuerdo que el Gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) está previsto para este año un ajuste en el gasto del 1,9% del PBI, respecto del 2,5% que se había firmado para el 2022.

Analistas económicos advirtieron que para poder cumplir con esa meta, la poda en el gasto público vendrá por una quita en los subsidios económicos y por una merma en lo que se destina a la asistencia social.

Pues bien, lo que hasta ahora parece una suposición de por donde irá el recorte en el gasto para poder cumplir las metas pactadas con el FMI en medio de un año electoral, comienza a verificarse en la realidad.

En ese sentido, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtió que el Gobierno decidió ignorar un aumento de más de 500 mil millones de pesos que el Congreso aprobó cuando se votó la Ley de Presupuesto.

Esa decisión se concretó, hace poco días, el 9 de enero, cuando el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete mediante la decisión administrativa 4/23 dejaron sin efecto  el aumento de 567.699 millones de pesos debatido y aprobado por el Congreso en diciembre pasado que esta destinado a partidas sociales. La medida tiene las firmas de Sergio Massa y Juan Manzur, según consta en el Boletín Oficial.

Ese aumentó se votó luego de que en octubre de 2022 organizaciones de la sociedad civil advirtieron a los legisladores que en el presupuesto enviado por el Ejecutivo para los gastos de este año había una serie de reducciones en partidas fundamentales para la garantía de los derechos humanos. 

Al atender los reclamos de las entidades que velan por el cumplimiento de los derechos humanos y sociales la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso incorporó cambios sustanciales en algunas políticas y se aprobó un aumento del gasto de $567.699 millones. 

Según el informe de la ACIJ, de esos fondos, la mitad de ese incremento en el gasto se destinó a políticas que tienen particular impacto en el acceso a derechos de grupos y personas en situación de vulnerabilidad. 

“Entre ellas se encuentran las políticas alimentarias y los comedores escolares, las asignaciones familiares, las becas para estudiantes, la integración socio urbana de barrios populares, el programa nacional de tierras, viviendas y urbanismo, las acciones de reparación para niñas y niños hijos de víctimas de femicidio (Ley Brisa), el acompañamiento al egreso de jóvenes sin cuidados parentales y el plan nacional de manejo del fuego. Además de estos aumentos, el Congreso agregó un porcentaje de asignación mínima del PBI en materia educativa, del 1,33%, que tampoco fue respetado por el Ejecutivo en la distribución”, sostuvo la entidad.

Según la ACIJ, esta decisión “implica violar el principio de legalidad que rige en materia presupuestaria. La Constitución previó en su artículo 75, inc. 8 que es el Congreso quien debe decidir sobre el gasto público. Lejos de ser un acto discrecional del Poder Ejecutivo, el presupuesto es una ley que el Ejecutivo debe implementar. En ese sentido, la decisión administrativa desconoce la voluntad del Congreso y el principio de división de poderes y constituye una afrenta al sistema republicano de gobierno”.

El informe sostiene que la medida ignora el principio de progresividad que debe regir en materia de derechos económicos, sociales culturales y ambientales, ya que el hecho de no aumentar el gasto destinado a los sectores que el Congreso había estimado prioritarios tendrá una repercusión directa sobre su ejercicio efectivo por parte de colectivos vulnerabilizados.

“Además, resulta ilegal por desconocer obligaciones específicas que recaen sobre el Estado. A modo de ejemplo, las reducciones destinadas a garantizar los derechos sociales de niñas, niños y adolescentes violan el principio de intangibilidad de los recursos que establece la Ley 26.061 respecto de las políticas de infancia”, asegura el trabajo.