La ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, fue denunciada en la justicia federal por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario” y “abuso de autoridad” por la firma de un convenio con Gran Bretaña, para el restablecimiento de un vuelo regular desde San Pablo (Brasil) a las islas Malvinas, con una escala en la provincia de Córdoba.

La presentación, realizada en Comodoro Py, recayó en el Juzgado Federal Nº2, a cargo de Sebastián Ramos. El acuerdo al que hace referencia la denuncia lo firmó en Nueva York la canciller Mondino con su par David Lammy, como parte de una agenda para acercar posiciones respecto de las Malvinas. El viernes, recibió el repudio de la vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel, que lo consideró “un límite”.

 “La propuesta de acuerdo anunciada con el Reino Unido es contraria a los intereses de nuestra Nación. Esta propone entregar apoyo logístico continental a la ocupación y permitir de hecho que puedan seguir depredando nuestros mares, ¿Para qué? ¿Para ir a visitar nuestras islas con visa y pasaporte?”, se quejó la vicepresidenta.

La abogada denunciante, Valeria Carreras, sostuvo que “este “comunicado Mondino-Lammy” se hizo de espaldas al Congreso, violando el artículo 75 de la Constitución Nacional. "Este comunicado, como el Foradori-Duncan (que se firmó durante el gobierno de Macri) cede soberanía (recursos icticolas) y brinda la logística al usurpador”.

“A cambio la Argentina no obtiene nada (la excusa del cementerio de Darwin ya lo tenemos de antes). Es un retroceso en política exterior, es una afrenta más a los caídos en Malvinas, es una muestra más del desprecio por el Poder Legislativo y la Constitución”, agregó Carreras

“El comunicado Mondino- Lammy del 24-09-2024, en cabeza de ambas cancillerías de ambos países, (Argentina y Reino Unido) bajo el ropaje de “comunicado de prensa o comunicado conjunto”, pretende esconder que en realidad es un Convenio o Acuerdo de entendimiento, y como tal, a la luz del Art 75 de la CN, debió haber sido tratado por el Congreso Nacional”, sostiene la denuncia.

“Debiendo tenerse en cuenta como muy relevante que el mencionado acuerdo/comunicado, firmado por la Canciller de la República Argentina y su par, del Reino Unido, David Lammy, revisten características propias de un tratado ya que se acordaron parámetros de actuaciones conjuntas respecto del Atlántico Sur”, agrega el texto.

“A la simple lectura del Comunicado del 24-9-2024, podemos afirmar que dicho comunicado se trata “prima facie” de un instrumento de naturaleza convencional, que establece derechos y obligaciones de carácter internacional. En razón de ello, cualquiera sea la forma del instrumento, debería haber pasado por el Congreso de la Nación para su tratamiento, tal como establece la Convención sobre el derecho con jerarquía constitucional, adoptada en Viena en 1969 aplicable a los tratados celebrados entre los Estados ( art 1.a) la que entiende por tratado “ un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, y que conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”, insiste la denunciante.