Durante agosto, comenzó el proceso incendiario que viven todos los años los cordobeses, pero esta vez, además de las cuestiones climáticas, se sumaron factores políticos y presupuestarios que hicieron que el fuego arrasara con un aproximado de 40.000 hectáreas en lo que va del año.

En este sentido, ya son dos los detenidos en la causa que investiga el origen del fuego en Punilla Norte, sumado a la investigación interna que se inició a las Fuerzas Armadas por la situación originada entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre en La Calera, donde prácticas negligentes durante entrenamientos militares habrían ocasionado un principio de incendio. Con respecto a los dos sujetos detenidos, el gobernador Martín Llaryora había anticipado el viernes que la provincia pedirá ser querellante en la causa judicial que busca determinar el origen del fuego.

Mientras tanto, se masifica el pedido de que se declare “emergencia nacional”. No obstante, el Gobierno nacional hace oídos sordos y son otras provincias las que envían ayuda. Tal ha sido el caso en los últimos días del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof junto con su director de Defensa Civil, Fabián García, decidieron enviar dos helicópteros para mitigar la situación, sumándose a esfuerzos anteriores de la Provincia de Chubut, que envió ambulancias, y de Santa Fe, que aportó recursos policiales.

Ante la situación extrema que vive la provincia, el Gobierno de Córdoba anunció que elevará a $5.000 millones el Fondo Permanente para Atención de Desastre. Esta medida busca enfrentar los graves daños ambientales, productivos y materiales que los incendios forestales ya han provocado, especialmente en la región de Punilla, donde más de 16.000 hectáreas fueron consumidas por las llamas. Hasta el momento, hay dos detenidos en la causa que investiga el origen de estos focos de fuego.

En un comunicado oficial, el gobierno provincial también agradeció el arduo trabajo de los bomberos y brigadistas que, sin descanso, continúan la lucha contra los incendios. Además, advirtieron que las condiciones climáticas seguirán siendo adversas debido a la falta de precipitaciones y los fuertes vientos, lo que complica aún más las tareas de extinción. 

En este contexto, el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) desplegó importantes recursos para combatir los incendios en diferentes puntos críticos de la provincia. En Villa Berna, el SNMF ha operado con un camión comando, 7 combatientes y un coordinador, junto con 16 brigadistas de la Brigada Nacional NEA y 2 helicópteros. También se ha movilizado un avión hidrante y vehículos especializados. En Capilla del Monte, se dispuso de otro avión hidrante, mientras que en la zona de Chancaní-Salsacate, 32 brigadistas de la Brigada Nacional Sur están en camino con equipamiento para reforzar las operaciones.

Por su parte, el director nacional de operaciones de Bomberos Voluntarios de Córdoba, Gustavo Nicola, destacó el esfuerzo coordinado entre el Plan Provincial del Manejo del Fuego y el SNMF. "En todos los focos hemos tenido trabajando dos o tres aviones hidrantes y helicópteros", señaló Nicola, subrayando que, pese a la magnitud del desastre, no se han lamentado víctimas personales ni entre los bomberos ni entre los civiles.

Mediante el DNU N° 70/2023, que fue el decreto que inició la desregulación del Estado que propone y lleva adelante el presidente Javier Milei, se comenzó a observar un desdén por el desarrollo y el cuidado ambiental. De aquel largo texto se destaca la derogación de la Ley de Tierras, la cual ponía límites al dominio extranjero sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales. Esto atenta contra los bosques nativos y humedales e incentiva su destrucción. Además, se desarmó el Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS) y se derogaron varias normativas clave para el control de la minería, afectando también áreas sensibles para la conservación del ambiente.

Por otro lado, a pesar de que Milei había anunciado la modificación de la Ley de Manejo del Fuego (LMF - N° 26.815), que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en relación a incendios forestales y rurales, en el DNU publicado no figuró ningún artículo que modificara esa norma. No obstante, lo que sí sucedió fue la eliminación del fideicomiso que administraba el Fondo Nacional de Manejo del Fuego. Esto ha dejado a las provincias sin recursos para la prevención y el combate de incendios, situación que quedó evidenciada en la crisis actual de Córdoba.

A su vez, el presupuesto destinado a la Ley Nacional de Manejo del Fuego fue reducido drásticamente, alcanzando apenas el 26,7% de su ejecución en 2024. Comparado con años anteriores, donde se ejecutó el 45% en 2021, el 70% en 2022 y el 78% en 2023, este año la diferencia es notable y preocupante. Sin los fondos adecuados, no es posible financiar sistemas de alerta temprana, ni fortalecer a los cuerpos de bomberos, que podrían haber contenido el avance del fuego de manera más efectiva.

La Ley Nacional de Bosques Nativos (N° 26.331), que también se ve afectada por los recortes, tiene un rol crucial en la conservación y manejo de los bosques. Esta ley debería recibir al menos el 0,3% del presupuesto nacional, pero en el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para 2025, solo se asignaron $9.090.909.091, una cifra que representa solo el 2,5% de lo que debería destinarse a la protección de los bosques. La falta de presupuesto no solo compromete la capacidad para controlar los desmontes ilegales, sino que también pone en riesgo la biodiversidad de las regiones afectadas.

El recorte presupuestario de la cartera ambiental a nivel nacional ha ido en línea con la desjerarquización del área bajo la actual gestión. Sin embargo, a esta tendencia se suma el antecedente provincial, cuando en 2017 el gobernador Juan Schiaretti eliminó el Fondo Especial que recibía el Plan de Manejo del Fuego. Este fondo, financiado a través de la factura de EPEC, recaudaba unos $98 millones en 2017 y tenía como objetivo la compra de aviones hidrantes y la promoción de actividades de prevención y educación ambiental. Desde su eliminación, Córdoba ha quedado expuesta a la vulnerabilidad ante incendios cada vez más devastadores.

El panorama de los incendios en Córdoba deja en evidencia la falta de políticas públicas eficaces y la precariedad en la prevención. En 2010, cuando el plan de manejo del fuego estaba activo, se reportaron 210 incendios que afectaron 10.200 hectáreas; en 2024, en un solo incendio, ya se han perdido más de 12.000 hectáreas. Además, una parte significativa de la superficie quemada corresponde a áreas protegidas, lo que pone de relieve el abandono de las estrategias de conservación en la provincia.

Gran parte de los incendios en Córdoba tienen un origen humano, ya sea intencional, accidental o por negligencia. La experiencia repetida con incendios en la región sugiere que intereses vinculados al agronegocio y a proyectos inmobiliarios juegan un papel determinante en la expansión de los siniestros. La lógica de expansión urbana hacia zonas previamente afectadas por el fuego responde a una demanda habitacional que desplaza los límites de las áreas urbanas, exacerbando el problema.

Al momento, la desesperación de los ciudadanos cordobeses encuentra refugio en los brigadistas y bomberos que, con un compromiso extraordinario, luchan contra el fuego sin descanso. La solidaridad de otras provincias, que han enviado recursos para apoyar en las tareas de mitigación, contrasta con la falta de respuestas a nivel nacional. Mientras se sigue exigiendo la declaración de una Emergencia Nacional, la realidad es que los recursos locales y provinciales no alcanzan para enfrentar una crisis de esta magnitud.

El futuro de los bosques y áreas naturales de Córdoba está en juego. Sin un cambio drástico en las políticas de conservación y un compromiso real con la protección del medio ambiente, los incendios seguirán siendo una amenaza recurrente en los próximos años.