El Senado bonaerense sancionó el 8 de octubre de 2020 un proyecto que le daba poder a los intendentes para controlar y sancionar los abusos de precios. En aquella oportunidad, la iniciativa fue presentada con la autoría compartida del Frente de Todos y Juntos y aprobada de manera unánime en la Cámara alta.

El texto, redactado por el senador Francisco “Paco” Durañona y el diputado Daniel Lipovetzky, ponía el foco en la necesidad de modificar una serie de artículos del Código provincial de Derechos de los Consumidores y Usuarios para que los jefes comunales puedan proteger el bolsillo de los vecinos a la hora de hacer sus compras.

Sin embargo, el proyecto no tuvo acción en la Cámara baja y perdió estado parlamentario. Tras las medidas tomadas por el gobernador Axel Kicillof para abaratar costos y potenciar las economías regionales y municipales, y luego de que se diera a conocer una inflación mensual del 6.7 por ciento, Durañona presentó nuevamente la iniciativa con el aval del secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, y del jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde.

Pero esta vez, el proyecto no provocó lo mismo en la oposición. Lo cierto es que, de todos modos, y a diferencia de octubre del 2020, el Senado bonaerense hoy cuenta con la totalidad de los votos para lograr la aprobación de la iniciativa (ante igualdad desempata la presidenta Verónica Magario). Y una mayoría muy justa en la Cámara baja, con la diferencia de que, esta vez, la iniciativa cuenta con la venia de Insaurralde, ahora funcionario clave por su llegada a Diputados.

“La guerra contra la inflación tiene una nueva víctima: los comercios. Ahora el enemigo es el kiosco del barrio, el almacén de la esquina. Quieren que los intendentes castiguemos a los comerciantes por la impericia del gobierno, no voy a hacerlo”, advirtió la intendenta PRO de Vicente López, Soledad Martínez.

En la misma línea se pronunció Néstor Grindetti: “El Frente de Todos está desesperado porque no sabe cómo contener la creciente inflación que en gran medida es producto de sus malas decisiones de política macroeconómica, y con estas maniobras muestran, una vez más, un profundo desprecio por los que trabajan y generan trabajo”.

Y, también, Julio Garro: “Los intendentes siempre tenemos voluntad de acompañar y de trabajar en conjunto en la búsqueda de soluciones a las problemáticas que afectan a nuestros vecinos. Pero hoy seguimos sin tener certeza de hacia dónde quiere ir y cuál es el plan del gobierno para poner un freno a la inflación desmedida. Porque vuelven sobre recetas de este tipo que ya han fracasado, está demostrado en la práctica a través de los años que no sirven”.

Lo cierto es que, más allá del discurso del PRO, la iniciativa pudo avanzar cuando todavía se mantenían algunos consensos entre oficialismo y oposición mientras la Provincia navegaba entre la primera y la segunda ola de Covid. Claro, las elecciones generales no estaban a la vuelta de la esquina. Ni tampoco los altos índices de inflación. El mensaje de la oposición hoy es claro: exponer una economía frágil y evidenciar las diferencias internas del Frente de Todos.

Desde la UCR también se sumaron a la contraofensiva contra el proyecto. El jefe comunal de Trenque Lauquen, y presidente del Foro de Intendentes Radicales, Miguel Fernández, manifestó que “esta política está visto que no funciona y no es nuestra competencia. Creemos que tomar un remedio que no hace bien ni va a curarnos, no hace bien. Además es algo que fracasó porque el Gobierno hace tiempo que lo hace y no sirve”.

Pese a que los alcaldes opositores pusieron el foco en los comercios de barrio, Durañona dejó en claro que “ellos también son víctimas”. El proyecto apunta a los grandes monopolios, donde se concentra la producción. Y, también, a las cadenas de supermercados con el fin de terminar con los formadores de precios.

“Si hay abusos detectados en los precios acordados, qué mejor que la denuncia de los vecinos que son los consumidores ejerciendo sus derechos  y qué mejor que los equipos de los municipios que ya tienen tradicionalmente sus áreas de inspección que controlan y visitan a los supermercados, para sumarle el cuidado de los bolsillos de las y los consumidores”, explicó Durañona en la presentación.

Con la iniciativa presentada solo resta saber cómo se acomodarán los alfiles la Legislatura para dar un debate necesario en pos de lograr el respeto por los acuerdos firmados.