El juez Javier López Biscayart y el fiscal Claudio Navas Rial avanzan en la investigación por el presunto contrabando de armamento a Bolivia en noviembre de 2019 y cuando ese país atravesaba una crisis política derivada del golpe de estado sufrido por Evo Morales.Avnz

Ayer, el fiscal Navas Rial amplió formalmente la investigación luego de la documentación aportada por el Gobierno y que apunta a la responsabilidad de un gendarme que habría coordinado con la policía boliviana el envío del armamento.

En el documento que presentó ante el juzgado, el fiscal hace hincapié en la ampliación de la denuncia que hicieron Sabina Frederic, Martín Soria y Mercedes Marcó del Pont. Allí, se puntualizó sobre el hallazgo en depósitos de la policía boliviana de armamentos y municiones que se corresponderían, en parte, con los pertrechos que figuran en la causa. 

En esa ampliación, sostuvieron los funcionarios que existió un desvío de armamento en favor de la Policía y la Fuerza Aérea Boliviana, y que para eso se falsearon permisos y declaraciones juradas aduaneras y administrativas con el argumento de que el fin del armamento era “la seguridad y protección del Señor embajador argentino, su residencia, las instalaciones Diplomáticas, como así también el personal que se encuentre dentro de la misma", y que para justificar el desvío del material, “la Gendarmería Nacional Argentina informó que las municiones fueron consumidas en ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro”. Tal como había detallado Data Clave la semana pasada, la incorporación de documentos es fundamental para el avance de las imputaciones y responsabilidades.

Esa información con la documentación correspondiente fue considerada clave para la Fiscalía. Fue por este motivo que sumó a las 16 imputaciones vigentes en la causa (que incluyen a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich) una más: la del entonces Comandante de la Gendarmería Nacional Argentina, Adolfo Héctor Caliba. ¿El motivo? “El rol que este habría desplegado en el aeropuerto del Alto, La Paz, en las tareas de recepción del personal de Gendarmería y de los armamentos y municiones aparentemente enviado”, sostuvo el fiscal.

Mientras esto sucedía, el juez López Biscayart rechazó un pedido insólito que hizo la defensa de Macri (llevada adelante por el ex fiscal Pablo Lanusse). Allí se había solicitado, según reveló ElDiarioAr, que se frenara la investigación interna que se está realizando en el marco del expediente administrativo dentro del Ministerio de Seguridad. El Juzgado lo rechazó debido a que no tiene injerencia dentro de las acciones de otro poder.

Ese expediente administrativo será incorporado en su totalidad a la causa, además del análisis documental y los testimonios que ya se ordenaron en la causa.