Con el Consejo de la Magistratura como escenario de un nuevo enfrentamiento político entre sectores judiciales y el oficialismo, la Corte Suprema le tomó juramento a once integrantes elegidos para el período 2022-2026. La expectativa está puesta ahora en lo que pasará con la situación del senador Martín Doñate: el Máximo Tribunal invalidó su presencia como senador por la segunda minoría pero el kirchnerismo insistió con su nominación para este nuevo período 2022-2026.

En un clima distendido, los integrantes de la Corte sonrieron esta mañana en el cuarto piso del Palacio de Tribunales y posaron junto a los académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit; los abogados y abogadas Miguel Piedecasas, Jimena De la Torre, María Fernanda Vázquez y Héctor Recalde; los jueces y juezas Diego Barroetaveña, Alberto Lugones, María Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero; y al representante de la Casa Rosada, Gerónimo Ustarroz, que renueva mandato. 
 

No hubo comentarios sobre la situación tensa que atraviesan entre Corte y Poder Legislativo. Estuvieron presentes distintos integrantes de la Asociación de Magistrados y también flamantes ex consejeros como Diego Molea, que tendrá un mini bloque de representación conformado por los académicos y la abogada Vázquez.

¿Cómo empezó el conflicto entre Corte y Senado?

Cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el año pasado el fallo donde declaró inconstitucional la conformación del organismo clave en la selección de los jueces sabía que eso conllevaría un conflicto político. El expediente donde decidió anular la composición de 13 miembros estaba en el cuarto piso de Tribunales desde comienzos de 2016: nadie lo esperaba pero tampoco podía decirse que era una sorpresa.

En cuatro meses, el Consejo de la Magistratura pasó de 13 a 20 integrantes. Fue un desafío político e institucional y significó la llegada de Horacio Rosatti a la presidencia del organismo, algo que también generó muchísimas críticas por parte del oficialismo, que miraron siempre con desconfianza al exministro de Justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner. Al momento de definir los nuevos representantes que se sumarían al Consejo, el kirchnerismo dividió el Frente de Todos y consideró que el bloque de Unidad Ciudadana era la segunda minoría, por lo que le correspondía una banca más, aparte de las dos que ya tenía por ser la mayoría.

La decisión fue judicializada por el PRO. Tras fallos adversos en el fuero Contencioso Administrativo, el conflicto llegó al Máximo Tribunal, que anuló la designación de Doñate, haciéndole lugar a un pedido del senador del PRO Luis Juez.

¿Por qué la Corte decidió el apartamiento?

“Resulta indiscutido que al momento de la notificación de la sentencia del 16 de diciembre –y aún después del vencimiento de los 120 días dispuestos para su implementación– la segunda minoría a los efectos de la conformación del Consejo de la Magistratura era el “Frente Pro””, aseguró la Corte hace dos semanas. Para Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, el caso fue revisable porque no se trataba de analizar la forma en que el Senado organiza su funcionamiento interno o cómo decide sobre la conformación y modificación de los bloques, sino que se discute cómo deben identificarse los bloques para integrar el Consejo de la Magistratura.

“El accionar de la Presidencia del Senado constituye un apartamiento de las reglas que esta Corte estableció en su sentencia del 16 de diciembre para la conformación de un órgano constitucional como es el Consejo de la Magistratura”, dijeron desde la Corte y calificaron como “ardid” la maniobra del kirchnerismo

¿Qué dice el oficialismo?

“Se demuestra así la vocación de interferir en las decisiones políticas del Congreso, arrogándose facultades que exceden al Poder Judicial y con el claro objetivo de beneficiar al macrismo en la composición del Consejo de la Magistratura”, dijeron en un comunicado los y las senadoras del Frente de Todos. Habló de fallo inaplicable y avanzó la semana pasada en el nombramiento de sus cuatro representantes bajo la consideración de que correspondían dos por el Frente de Todos, uno para la UCR y uno para Unidad Ciudadana. 

Los elegidos son María Inés Pilatti de Vergara y Mariano Recalde, ambos por el Frente Nacional y Popular, el correntino Eduardo Vischi por el bloque de la UCR y Doñate por Unidad Ciudadana como segunda minoría. 

Por otra parte, desde Diputados ya enviaron sus representantes. Allí no habría conflictos: son Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley por Frente de Todos; Roxana Reyes por el radicalismo y Álvaro González por el PRO, lo que significó el desembarco de forma oficial de un legislador cercano a Horacio Rodríguez Larreta.

¿Cuándo se definirá la cuestión?

El jueves 24 de noviembre habrá acuerdo de ministros. Allí, los integrantes de la Corte podrían delinear los pasos a seguir. Puede que se lleven adelante todos los nombramientos dejando a salvo que hay cuestiones judiciales pendientes (un reclamo del PRO en el fuero contencioso); o puede definir no tomarle juramento a Doñate. El escenario en ese sentido está abierto aunque la interpretación de fallo no dejó demasiadas dudas: no se hicieron nuevas elecciones por lo que la composición de la Cámara no varió y por lo tanto la división sigue, bajo ese parámetro, sin ser considerada como relevante para la conformación del Consejo.

¿Puede paralizarse el Consejo?

Solo podría funcionar a nivel administrativo y por cuestiones operativas del Poder Judicial. Con 12 miembros nada más, no puede integrarse las comisiones del Consejo de la Magistratura y tampoco pueden definirse las autoridades (quién es vicepresidente y quién preside cada una de esas comisiones). Hay también concursos pendientes y situaciones disciplinarias, con la del juez federal de Mendoza Walter Bento y los jueces criminales Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi. 

En el caso del primero, el consejero del PRO Pablo Tonelli consideró que debía llevárselo a un jury de enjuiciamiento debido a su procesamiento en una causa donde se lo acusa de liderar una banda donde se dedicaba a realizar “favores judiciales” a cambio de dinero. En el segundo caso, el propio Tonelli propició que se desestime la denuncia contra los dos magistrados que llamaron “sicarios” a dos médicos que realizaron un aborto legal a una adolescente abusada y que además los denunciaron penalmente.