Consejo de la Magistratura: entre discusiones políticas y la gestión de 2022
En medio de las tensiones del oficialismo con la Corte Suprema y la oposición, el organismo encargado de la selección y remoción de jueces activó ternas e insumos desde el fallo que multiplicó sus integrantes. El Consejo que se viene y los diálogos.
El consenso. El diálogo. Los acuerdos. Dentro del Consejo de la Magistratura, para aprobar las famosas ternas de jueces y que el Poder Ejecutivo tenga la posibilidad de elegir un candidato o candidata para juez/a requiere de todo ello y también, de cintura política. La estrategia judicial del gobierno de Alberto Fernández y del kirchnerismo no ha sido la más exitosa y eso se tradujo en cierta inacción en el Consejo, órgano clave para la selección y remoción de magistrados.
El fallo que llevó el Consejo de 13 a 20 integrantes y la más reciente decisión judicial de la Corte de limar una decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el nombramiento de tres miembros del Senado como representantes en el organismo. El DoñateGate tuvo ayer su momento en el Senado, donde se ratificó que serán dos los integrantes por el Frente de Todos, uno por Unidad Ciudadana y solo un representante por la oposición los que integrarán el Consejo durante el período 2022-2026.
Más allá de que esa historia no parece estar ni cerca de terminar, el Consejo activó otro su funcionamiento, más allá de los vaivenes del sector político. El diálogo entre la presidencia a cargo de Horacio Rosatti, los académicos, los jueces y parte de los abogados lleva a que no exista una parálisis en el organismo. La idea de la gestión atravesó este último período: con la pandemia, se hizo evidente la necesidad de equipar y mejorar alguna áreas a nivel informático, entre las cuales está la Cámara Nacional Electoral, un lugar clave para el 2023 y que ya está en pleno trabajo para el desempeño de labor judicial en un año electoral clave.
Entre abril y noviembre se aprobaron 10 ternas, tanto en juzgados civiles como en distintos tribunales federales provinciales, donde no hay tanto conflicto como en otros concursos más problemáticos. Pendiente está aún la situación de la Cámara Federal que funciona en Comodoro Py, un concurso que se inició apenas la Corte Suprema estableció que los jueces trasladados allí eran temporales. No obstante, pasado más de un año, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi aún siguen allí.
Hay concursos avanzados que dependerán también de cómo se maneje el futuro Consejo, como son el que busca ocupar un lugar en la Cámara Federal de Casación Penal. Uno de los requisitos, agregados este año por la Comisión de Selección, es que desde ahora para inscribirse en un Concurso determinado se exigirá que el o la postulante pueda acreditar una capacitación en materia de perspectiva de género registrada en los últimos dos años como máximo.
Justamente en la Casación Federal está Juan Carlos Gemignani, uno de los magistrados investigados por comentarios machistas y misóginos contra sus colegas mujeres, situación que deberá ser abordada por el Consejo. Una situación más tranquila tendrían los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, investigados en estos meses por un fallo donde tildaron de “sicarios” a dos médicos que realizaron un aborto legal a una adolescente abusada. A pedido y con dictamen del diputado del PRO Pablo Tonelli, la comisión de Acusación votó por desestimar las denuncias en contra. La situación todavía debe ser votada por el pleno del nuevo Consejo. Fue una de sus últimas actuaciones ya que no renovará: en su lugar estará Álvaro González, un hombre cercano a Horacio Rodríguez Larreta.
Cuando la Corte Suprema le tome declaración a Hugo Galderisi y a Guillermo Tamarit -en representación del ámbito científico y académico-; a Miguel Piedecasas, Héctor Recalde, Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez -en representación de los abogados-; Diego Barroetaveña, Alberto Lugones, María Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero -en representación de los jueces-; y Gerónimo Ustarroz, en representación del Poder Ejecutivo Nacional, quedará reconfigurado el organismo.
Quedará pendiente la jura de los ocho representantes del Congreso de la Nación, cuatro por cada cámara. La oposición ya aseguró que judicializará el conflicto nuevamente por el lugar de segunda minoría en el Senado. El kirchnerismo insiste en que la Corte tuvo una intromisión y que los bloques están separados. Los números, en todo caso, no le alcanzan a ninguno de los dos espacios para alcanzar una mayoría especial. Otra vez, serán claves los diálogos que logren establecerse en un contexto árido.