El pasado miércoles, el nuevo Secretario de Comercio, Roberto Feletti, anunció un acuerdo de congelamiento de precios de más de 1600 productos de consumo masivo hasta el próximo 7 de enero de 2022 tras una reunión que mantuvo con las empresas de los rubros de alimentos, bebidas y productos de limpieza e higiene.

La idea del gobierno es renovar el programa de Precios Cuidados con la incorporación de más del doble de productos. La gran diferencia con el plan antes mencionado es que los productos no solo estén vigentes en las grandes cadenas de supermercados sino también en mercados de cercanía y almacenes. 

Ante este anuncio, uno de los primeros en recoger el guante sobre su aplicación fue el senador bonaerense Paco Durañona quien por medio de las redes sociales consultó: “¿Y cómo se van a controlar? En Carmen de Patagones, en Pampa de los Guanacos, en los Valles Calchaquíes o en El Chaltén”.

No fue una consulta al paso. El ex intendente de San Antonio de Areco tiene aprobado con media sanción de la Cámara alta bonaerense un proyecto que busca modificar el Código provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuario, con el objetivo de darles más poder a los intendentes.

“El proyecto le otorga a los municipios facultades para controlar y sancionar el cumplimiento en todas las legislaciones que tengan que ver con precios de alimentos, acuerdos de precios, ley de góndolas, el etiquetado frontal si llegara a salir. Que los municipios tengan competencia para garantizar efectivamente los derechos de los consumidores en cuanto a precios y calidad”, sostiene Durañona en diálogo con Data Clave.

Congelamiento: proponen que los jefes comunales se pongan al frente del control de precios

Ante el nuevo acuerdo de precios, el senador reflotó su pedido para tratar en Diputados una iniciativa que parecería cajoneada. Al respecto, Durañona sostiene que “ni Paula Español, en su momento, ni Augusto Costa confían en el rol de los municipios para esto. Lamentablemente tenemos un esquema de conducción política muy centralista. Nos cuesta entender que vivimos en un país federal y que hay que articular entre nación provincia y municipios”. 

Y sobre la dinámica de control, manifiesta que “la única manera en la que se puede hacer por fuera de los intendentes es con un ejército de inspectores. Y ese no es el camino porque aun teniéndolos no conocen los territorios. Es un rol que tienen que tener los municipios. Y los que vivimos en los territorios les vamos a poder exigir a las autoridades locales que ejerzan el control del cumplimiento de la legislación. Hoy no lo pueden hacer”.

El político además pone la mirada a futuro sobre lo que será la posible aprobación de la ley de etiquetado frontal en el Congreso Nacional. “Si no se reforma la ley del consumidor de la Provincia los municipios no lo pueden hacer. Y hay consenso en los distritos. Tiene el apoyo de buena parte de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), tanto de distritos del Frente de Todos como de Cambiemos. De hecho el proyecto se aprobó en el Senado donde somos minoría”.