La jueza Norma Abate de Mazzucchelli, quien hasta hace poco tiempo presidía la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de La Rioja y ocupaba la vicepresidencia de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, fue destituida tras un escándalo de corrupción que sacudió a la provincia y repercutió a nivel nacional. La decisión fue tomada por un jury de enjuiciamiento que la halló culpable de mal desempeño, conducta lesiva para los intereses de la sociedad e indignidad moral.

El detonante del caso ocurrió en mayo, cuando Manuela Saavedra, una comerciante de la provincia, denunció públicamente que la magistrada le exigió una coima de 8 millones de pesos para agilizar un proceso de sucesión familiar. El caso tomó notoriedad cuando el noticiero Telenoche difundió una cámara oculta que capturó el momento exacto en que la jueza intentaba negociar la suma de dinero con la damnificada.

En las imágenes que se hicieron públicas, se puede ver a Abate de Mazzucchelli preguntando directamente a Saavedra cuánto dinero estaría dispuesta a pagar para resolver el caso. La jueza llegó incluso a cuestionar el trabajo de los abogados involucrados y a sugerir que los honorarios que se iban a regular para ellos serían, en realidad, para ella misma. La situación escaló rápidamente cuando Saavedra, en medio de las negociaciones, grabó a la jueza escribiendo la cifra de "8 millones" en un papel, como supuesta tarifa para destrabar la sucesión.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, reaccionó de inmediato tras la difusión de la noticia, calificando los hechos como “inaceptables y de una gravedad absoluta”. Quintela no solo pidió la separación de la jueza de su cargo, sino también una investigación exhaustiva del caso, lo que finalmente llevó al jury de enjuiciamiento que culminó con la destitución de Abate de Mazzucchelli.

Intentando evitar su remoción, la magistrada presentó su renuncia, pero esta fue rechazada, lo que añadió un nuevo capítulo al escándalo. El abogado defensor de la jueza, Gabriel Pavón, argumentó que no se podía destituir a quien ya había renunciado, señalando que el jury carecía de validez. Sin embargo, este recurso no fue suficiente para frenar la decisión del tribunal.

El caso de la jueza Abate de Mazzucchelli no solo representa un duro golpe para la credibilidad del Poder Judicial de  La Rioja, sino que también ha reavivado el debate sobre la corrupción en el sistema judicial argentino. Este hecho se suma a otros casos que, en los últimos años, han erosionado la confianza pública en las instituciones.

Actualmente, además de su destitución, Abate de Mazzucchelli enfrenta una causa penal por el delito de concusión, que sigue su curso en paralelo al proceso judicial que la removió de su cargo. Este caso ha dejado en evidencia la necesidad de reformar y fortalecer los mecanismos de control y transparencia dentro del Poder Judicial, para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

El impacto del caso es tal que organizaciones como Poder Ciudadano han habilitado líneas telefónicas para recibir más denuncias sobre actos de corrupción en la Justicia. La comunidad espera que este sea un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en las altas esferas del poder judicial.

El desenlace de este caso seguirá de cerca, no solo por los actores involucrados, sino también por las implicancias que podría tener en la percepción pública sobre la integridad del sistema judicial argentino.