La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se pronunció sobre la represión policial ocurrida en las inmediaciones del Congreso y dejó en claro que no habrá sanciones para los agentes que actuaron durante la protesta de jubilados. La funcionaria minimizó la brutalidad policial y responsabilizó a los manifestantes de los hechos de violencia.

"Es consecuencia de los que generan violencia y que van a tener como respuesta la represión del Estado", sostuvo Bullrich en relación a la herida de Pablo Grillo, el fotógrafo que recibió el impacto de un cartucho de gas en la cabeza y permanece en estado crítico en el Hospital Ramos Mejía.

Lejos de cuestionar el accionar de la policía, la ministra también defendió al efectivo que empujó a Beatriz Blanco, la jubilada de 87 años que terminó en el suelo con un corte en la cabeza. "La señora golpeó en reiteradas oportunidades al policía, le dio cinco o seis golpes", aseguró la funcionaria, justificando la agresión contra la mujer.

Mientras el Gobierno cierra filas en torno a las fuerzas de seguridad, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) presentó dos denuncias por los hechos ocurridos el miércoles. Las acusaciones fueron radicadas en la Cámara del Crimen y están en manos del fiscal Daniel Togni y el juez Jorge López.

Las denuncias apuntan a esclarecer los ataques que sufrieron tanto Blanco como Grillo, y se basaron en información preliminar de medios de comunicación. Desde la Procuvin solicitaron que la justicia le exija al Ministerio de Seguridad un listado del personal que participó del operativo, la nómina de los efectivos que estuvieron en los puntos de los ataques y los datos de la sala de operaciones.

Por el momento, el Gobierno mantiene su postura de respaldo a las fuerzas y descarta cualquier tipo de sanción. Sin embargo, el avance de la causa podría poner presión sobre la administración de Javier Milei, en medio de un contexto de creciente conflictividad social y cuestionamientos a la política represiva del oficialismo.