Tras el temporal que azotó Bahía Blanca el viernes pasado, el Consejo de la Magistratura de la Nación implementó una serie de medidas urgentes para asistir a la jurisdicción y garantizar el restablecimiento del servicio de justicia.

Por disposición de la Presidencia del Consejo y en coordinación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde el pasado viernes y durante todo el fin de semana, las áreas operativas del Consejo mantuvieron contacto permanente con los magistrados federales y empleados judiciales de Bahía Blanca. El objetivo fue iniciar las acciones necesarias para atender las urgencias derivadas de la situación.

Este lunes se realizó una reunión virtual en la que participaron autoridades del Consejo, magistrados y representantes de la intendencia de Bahía Blanca. Durante el encuentro, se transmitió que los recursos logísticos, operativos, económicos y humanos del Consejo y de la Corte están a disposición de la jurisdicción para brindar el apoyo necesario.

Los representantes locales presentaron un informe detallado sobre el estado de situación del personal, el equipamiento y los inmuebles, así como las principales necesidades a atender. A partir de este diagnóstico, se acordó avanzar en un esquema de trabajo por etapas, priorizando las acciones según las demandas de la jurisdicción, con el fin de restablecer el servicio de justicia en la región.

En paralelo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra tramitando la suspensión de plazos procesales y la declaración de días inhábiles.

En virtud de la situación excepcional, se ha dispuesto la suspensión de los términos procesales y la declaración de días inhábiles judiciales para los días 7, 10 y 11 de marzo de 2025 en los órganos judiciales de Bahía Blanca, tanto en los Juzgados Federales de Primera Instancia 1 y 2 como el Tribunal Oral en lo Criminal Federal y la Cámara Federal de Apelaciones.

Además, el Consejo de la Magistratura reiteró su compromiso de trabajar en conjunto con las autoridades locales para superar esta situación y garantizar el funcionamiento pleno del servicio de justicia en Bahía Blanca.