Con las lógicas dificultades que supone una investigación de esta magnitud, la causa por el atentado a la AMIA se encuentra en un estancamiento propio de los vaivenes de un expediente con muchísimos errores y que lleva 27 años de tramitación. 

En el caso interviene el Juzgado Federal Nº6 que está siendo subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti y que antes pertenecía al magistrado Rodolfo Canicoba Corral, jubilado el año pasado. No obstante, la investigación está delegada en la Unidad Fiscal AMIA, que dirigía hasta su fallecimiento Alberto Nisman y que está a cargo ahora del fiscal federal Sebastián Basso.

Un breve repaso por la causa muestra que fueron utilizados como trascendental el fallo que la Corte Suprema dictó en 2009 donde se determinó que el expediente era nulo a partir del 31 de octubre de 1995, por lo que las evidencias que se habían recogido hasta ese momento todavía podía ser utilizadas. La teoría que maneja ahora la UFIA AMIA es que el 14 de agosto de 1993, un grupo de funcionarios importantes de Irán se reunieron en Mashad con Mohsen Rabbani y Ahmad Reza Asgahri. El motivo era una sesión del denominado Comité de Asuntos Especiales: allí se habría resuelto la ejecución del atentado.

Las famosas alertas rojas de Interpol que involucran a varios de los involucrados siguen activas pero nunca se ha podido avanzar con las indagatorias. Nuestra normativa no permite los juicios en ausencia por lo que en algún momento incluso se propuso una modificación en ese sentido. La respuesta desde varios sectores fue la misma: la Constitución Nacional no permite juzgamientos por “comisiones especiales” y eso entraría bajo esa categoría.

Los detalles sobre la logística del atentado tampoco han sido del todo esclarecidas: no se conoce el lugar donde se armó la camioneta bomba aunque hace unos años la UFI AMIA pudo establecer que el atentado se cometió con una Trafic. En agosto de 2016, los por entonces fiscales de la Unidad Sabrina Namer (hoy jueza federal), Roberto Salum y Leonardo Filippini identificaron a la víctima 85 del atentado. Una de las cuestiones que no se ha resuelto tampoco tiene que ver con la identidad de la persona que iba a bordo de la camioneta. Sin embargo, hay dentro del expediente unos rastros de ADN que no tuvieron coincidencia con los de los familiares.

En el acto que se realizó el viernes, el presidente de la AMIA Ariel Eichbaum fue muy crítico con el estado de la causa principal y también con lo que sucedió en diciembre pasado con la absolución del reducidor de autos Carlos Telleldín. En esa misma línea, la asociación Memoria Activa se reunió con la jueza Capuchetti y le planteó su preocupación por la falta de avances.

Expedientes en Casación

En febrero de 2019, el Tribunal Oral Federal Nº2 condenó al primer juez federal que tuvo la causa: al ex magistrado Juan José Galeano le fijaron seis años de prisión por el encubrimiento al atentado. Peculado, privación ilegal de la libertad, prevaricato, encubrimiento por favorecimiento personal y violación de medios de prueba son los delitos que le achacaron. 

Además, se había condenado al ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, a cuatro años y seis meses de prisión y a los ex fiscales federales Eamon Müllen y José Barbaccia les dieron una pena de dos años de prisión de ejecución condicional por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En ese juicio, condenaron también a Carlos Telleldín a tres años y seis meses por declarar falsamente en contra de policías bonaerenses. Actualmente, está para revisión de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá definir si confirma o no las condenas.

La otra causa que también está en esa etapa involucra a Telleldín pero en su rol de “partícipe necesario” del atentado. En diciembre del año pasado, el Tribunal Oral Federal N°3 lo absolvió pero hace dos meses, los fiscales Roberto Salum, Santiago Eyherabide y Santiago Roldán presentaron un recurso ante la Casación para que se anule esa sentencia y se lo condene a prisión perpetua.

Memorándum con Irán

La causa comenzó con una denuncia en 2015 del fallecido fiscal Alberto Nisman que acusó a Cristina Fernández de Kirchner y a funcionarios de su gobierno de pactar con los imputados por el atentado a través del Memorándum. Según Nisman, la maniobra de encubrimiento se consolidaría por la caída de las alertas rojas de Interpol.

La causa fue archivada primero por inexistencia de delito hasta que en diciembre de 2016 la sala IV de la Cámara de Casación ordenó su reapertura. Mediante la unión con otro expediente, la causa llegó a Claudio Bonadio y avanzó hasta la instancia de juicio oral.
Sin embargo, hace algunos meses, se publicaron las visitas de dos jueces de Casación a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri.

Por este motivo, la defensa de la vicepresidenta solicitó la nulidad de los momentos claves en que intervinieron los magistrados Gustavo Hornos y Mariano Borisnky. Este viernes, el Tribunal Oral Federal Nº8 escuchó a Cristina, a Andrés Larroque y a Juan Martín Mena. El próximo 4 de agosto a las 9 de la mañana seguirán el resto de los acusados. Después de eso, la jueza Gabriela López Iñíguez y los magistrados José Michilini y Daniel Obligado deberán definir si declaran la nulidad y si la causa vuelve a su archivo o si avanzan hacia el juicio oral.