La Cámara de Diputados le puso fecha al anunciado debate por la baja de la edad de imputabilidad, actualmente en 16 años. Las comisiones se reactivan tras dos semanas de receso invernal y la agenda de seguridad vuelve a tener un lugar central en el oficialismo y sus aliados.

El proyecto que envió hace un mes el Poder Ejecutivo, presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, comenzará su tratamiento en un plenario de comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto y Hacienda este miércoles desde las 12.30. La iniciativa del Gobierno plantea bajar a 13 la edad de imputabilidad pero la oposición acumula proyectos donde pone el limite en los 14 años.

Según los propios voceros del Gobierno, se busca “evitar la impunidad de los crímenes cometidos por menores” y con este instrumento poder “combatir el persistente crecimiento de la criminalidad juvenil”. 

La idea es que esta primera reunión sea una presentación de cada una de las iniciativas para activar el debate. La oposición no quiere prestarse para un nuevo fracaso ya que el tema intentó abordarse en la presidencia de Mauricio Macri sin rumbo. Habrá entonces más convocatorias para abrir la discusión para que expongan invitados y especialistas. En el oficialismo aseguran que esta vez van a fondo con el tema.

Dialoguistas, aliados más cercanos y hasta diputados de La Libertad Avanza no piensan lo mismo. Se suman iniciativas del presidente de bloque PRO, Cristian Ritondo, de la radical Carla Carrizo que encabeza al bloque UCR junto al correntino Manuel Aguirre y del diputado Ricardo López Murphy en el bloque Hacemos Coalición Federal. El el oficialista Gerardo Husein (Tucumán) también plantea en un proyecto fijar a los 14 años la imputabilidad.

Desde la bancada radical, proponen en dos proyectos crear un nuevo Régimen Penal Juvenil para adolescentes de entre 14 y 18 años y establecen excepciones en las cuales no serán punibles, como los casos en que no reúnan las condiciones madurativas para comprender la criminalidad del acto.

También ambos establecen que no podrán aplicarse pena de prisión perpetua.
“Este proyecto de ley pone énfasis no sólo en la respuesta y determinación de la responsabilidad penal de los/las adolescentes, sino también en la prevención de la delincuencia juvenil; establece la creación de unidades especializadas en penal juvenil dentro del sistema de administración de la justicia y manda a la capacitación y formación especializada de todos los profesionales y operadores que entren en contacto con adolescentes en conflicto con la ley penal”, explicó Carrizo junto con la presentación del proyecto.

El oficialismo puede claudicar en su intento de bajar a 13 años pero tiene un terreno fértil para abrir su proyecto a las propuestas de la oposición y acercarse a un consenso amplio en 14 años.