Una cédula que llegó el jueves llamó la atención en la causa donde se condenó a Aníbal Lotocki a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer como médico. Fue dirigida a los representantes legales de Pamela Sosa, a la fiscalía y a la defensa. Ahí, se les pedía opinión sobre la posibilidad de inhabilitar al falso cirujano mientras se analizan los fundamentos de la condena. Les daban un plazo: tres días.

Lo sorpresivo es que ese reclamo es una medida cautelar que fue presentada al mismo  tiempo que el recurso que presentó Sosa contra un aspecto de la sentencia. Es decir, algo que Casación tenía en sus manos desde hacía meses: los recursos presentados por querella, fiscalía y defensa fueron aceptados (es decir, la sala consideró que sus argumentos serán analizados) en septiembre de 2022.

“En el recurso de casación interpuesto por la querellante Pamela Estefanía Sosa se ha impugnado la decisión adoptada por el tribunal de la anterior instancia en punto a denegar la petición de que se imponga al imputado Aníbal Rubén Lotocki la medida cautelar consistente en la inhabilitación para continuar ejerciendo la medicina, hasta tanto la sentencia condenatoria-eventualmente-adquiera firmeza”, se explica en la carilla que recibieron las partes vía cédula judicial urgente. 

El otro párrafo es el que llamó la atención: “Toda vez que el agravio planteado por la parte, por su naturaleza, impone su tratamiento y decisión de modo previo al dictado de la sentencia definitiva, hágase saber a las partes que podrán realizar una presentación digital dentro de los tres días de notificados de la presente, sin perjuicio de lo cual, en caso de no hacer uso de esta facultad, la cuestión atinente a la procedencia de la medida cautelar referida pasará a estudio para su resolución”.

¿Por qué el apuro ahora? Eso se preguntaban en tribunales. ¿Cuántas veces se han tratado pedidos de estas características? “Nunca he visto que den lugar a este tipo de reclamos antes de que se confirme una sentencia”, respondió a Data Clave una fiscal que lleva más de quince años ejerciendo su rol.

¿Existe una figura que permita esta inhabilitación preventiva mientras se analiza la sentencia? Dentro del Código Procesal Penal de la Nación lo más cercano es el artículo 311 bis, donde se establece que en las causas por incidentes donde haya lesiones o muertes, el juez podrá ya en el procesamiento inhabilitar provisoriamente al imputado para conducir. 

Si es equivalente la situación, es algo que tendrán que extrapolar los jueces de la Casación que resolverán la cuestión: Mario Magariños, Alberto Huarte Petite y Pablo Jantus son los integrantes de la Sala 3, lugar donde quedó radicada la causa contra Lotocki. 

Ante la consulta sobre una posible inhabilitación, una fuente cercana al expediente mencionó el artículo 311 bis pero también hizo foco en que dentro del nuevo Código Procesal Penal Federal también hay un artículo (el 210) donde se hace una enunciación de las medidas de coerción que se pueden dictar y ninguna coincide con el caso.

El límite de tres días que le dieron a las partes podría significar que esperan una resolución para antes de que comience la feria judicial, o sea, previo al viernes 14 de julio.

Mientras esto sucede, la causa donde Lotocki fue procesado por el homicidio de Cristian Zárate, un hombre de 50 años al que operó y que falleció horas después, entró a la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. La defensa del médico busca que se revierta la acusación en su contra.

La Sala IV es la que tiene el caso, que ya intervino con la confirmación del primer procesamiento que se dictó en este expediente: la alteración de prueba. Está compuesta por Julio Marcelo Lucini e Ignacio Rodríguez Varela. Por licencia del tercer juez, finalmente intervendrá Rodolfo Pociello Argerich. Ellos fijaron que las partes (defensa y fiscalía) podrán presentar sus “memoriales” hasta el 31 de agosto. Allí se reiteran los argumentos esgrimidos al respecto de la decisión que se tomó.

Tras esto, puede realizarse una audiencia oral y luego, la Cámara estaría en condiciones de determinar si confirma el procesamiento, lo que dejaría a Lotocki al borde de su segundo juicio oral.