El conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y los gremios aeronáuticos alcanzó un nuevo capítulo este miércoles, cuando la asamblea de accionistas de Aerolíneas Argentinas votó la expulsión de Pablo Biró del directorio de la empresa. Biró, quien se desempeñaba como uno de los cinco directores en representación del Programa de Propiedad Participada (PPP) de los trabajadores, fue removido de su puesto tras una reunión que se llevó a cabo en el auditorio de Aerolíneas, ubicado en Aeroparque. El único tema en agenda fue su salida.

El sindicalista, conocido por su firme defensa de la aerolínea de bandera y su constante oposición a las políticas de flexibilización laboral, había sido señalado por el Ejecutivo como uno de los principales responsables de las pérdidas que sufrió la compañía en los últimos meses. Desde el Gobierno, Franco Mogetta, secretario de Transporte, había anticipado que la expulsión de Biró era una "decisión tomada", luego de los reiterados conflictos laborales que involucraron paros masivos, paralizando vuelos tanto en Aeroparque como en Ezeiza.

El detonante de la remoción fue el paro de pilotos del 10 de septiembre, que afectó a miles de pasajeros y generó importantes pérdidas para la empresa. El Gobierno argumentó que el comportamiento de Biró, a quien acusaron de "politizar el conflicto", iba en contra de los intereses de Aerolíneas Argentinas y lo responsabilizó de priorizar sus propios intereses sobre los del resto de los trabajadores. La decisión de apartarlo se amparó en el artículo 59 de la Ley General de Sociedades, que estipula la responsabilidad "ilimitada y solidaria" de los directores por los perjuicios derivados de su gestión.

En un mensaje grabado y difundido por la cuenta de X de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Biró advirtió que su lucha por defender la aerolínea de bandera no cesaría. "Aerolíneas no es una compañía, es la Argentina misma", afirmó, y señaló que la defensa de la empresa es fundamental para las futuras generaciones del país. "La vamos a defender en cada avión, en cada aeropuerto", sentenció, dejando claro que, a pesar de su expulsión del directorio, el conflicto con el Gobierno no ha terminado.

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X de APLA

El reemplazo de Biró en el directorio será Eduardo García, otro dirigente de la APLA con una trayectoria de 44 años en la compañía. Sin embargo, desde el gremio ya se anticipa una posible presentación judicial para revertir la expulsión de su líder. Esta medida, que se considera personal y no afecta la representación gremial en el directorio, ha generado tensiones adicionales entre los pilotos y el Gobierno.

Este enfrentamiento se da en un contexto más amplio, en el cual el Gobierno busca avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas. El proyecto, presentado en octubre por el diputado del PRO Hernán Lombardi, propone que la aerolínea de bandera sea declarada "sujeta a privatización". Este plan ha generado una fuerte oposición entre los gremios aeronáuticos, que ven en esta medida una amenaza directa a las condiciones laborales y a la soberanía nacional en el sector aéreo.

El conflicto entre Biró y el Gobierno también se ha trasladado a la Justicia, donde el líder sindical enfrenta una denuncia por "amenazas extorsivas", tras advertir que la situación en Aerolíneas "se iba a poner peor" si el Gobierno continuaba con su plan de declarar al transporte aéreo como servicio esencial. Esta denuncia, impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, refleja la creciente judicialización del conflicto sindical y la determinación del Ejecutivo de neutralizar las acciones de los gremios.

Por su parte, el oficialismo sigue adelante con su agenda de reformas en el sector aéreo. Entre las propuestas se encuentra la derogación del decreto 778, que regula las horas máximas de vuelo y descanso de los pilotos, con el objetivo de flexibilizar las condiciones laborales y hacer más atractiva la venta de la empresa. La privatización de Aerolíneas Argentinas es vista como una de las grandes metas del Gobierno en su búsqueda por reducir el gasto público, aunque enfrenta una fuerte resistencia tanto en el ámbito sindical como en la opinión pública.