En el marco de la implementación del sistema acusatorio en Rosario, y a pesar de que el Poder Ejecutivo no libera los fondos, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura impulsan la adecuación de infraestructura, tecnología, personal y equipos de trabajo. El objetivo es llegar lo mejor preparados posibles al 6 de mayo, fecha prevista para el inicio del acusatorio.

A través de la Dirección General de Infraestructura Judicial, el Consejo se encuentra trabajando en las sedes de los Tribunales Federales en las ciudades de Santa Fe, San Nicolás de los Arroyos, Rosario, Rafaela y Venado Tuerto. 

En las mismas se están realizando tareas de reubicación de puestos de trabajo, colocación de señalética nueva, control de detectores de incendio, colocación y distribución de mobiliario nuevo, reparaciones en instalaciones eléctricas, colocación de sistemas de climatización, demolición y elevación de tabiquería en seco y colocación de pisos. Además, se está readecuando la pintura y refacción general de la Sala de Audiencias.

Al mismo tiempo, la Dirección General de Tecnología y la Dirección General de Seguridad Informática coordinan las mejoras tecnológicas, que comprenden la instalación de nuevos sistemas de audio y video, computadoras, servidores, cámaras de video-vigilancia para la seguridad de los inmuebles y adaptación de la conexión a internet.

En este marco, el Consejo hizo saber a los ministerios de Justicia y de Seguridad de la Nación las exigencias de conectividad mínima de internet con las que deben contar los complejos penitenciarios para que las audiencias puedan llevarse a cabo regularmente, en caso de que los magistrados decidan que el imputado participe desde dicho lugar.

En cuanto a la instrucción de los recursos humanos, el Departamento de Capacitación de la Dirección General de Tecnología llevó adelante un curso para los empleados, funcionarios y magistrados sobre las funcionalidades del sistema Lex100 adaptadas al sistema acusatorio. 

Por otro, la Escuela Judicial del Consejo dictó una capacitación destinada a personal de la Justicia Federal de Santa Fe, bajo la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y la Cámara Federal de Casación Penal, con el objetivo de optimizar la actuación jurisdiccional en el marco del nuevo Código Procesal Penal Federal.

Con anterioridad, la Corte a través de su resolución N° 651/2024, había creado 16 cargos de funcionarios y de personal administrativo, técnico y de servicio en la dotación de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

Además, el Máximo Tribunal había asignado tres aeronaves al Ministerio de Justicia de la provincia de Santa Fe para realizar actividades operativas e investigativas de policía en función judicial orientadas a la lucha contra el narcotráfico, y autorizó la contratación de seis funcionarios para los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, abocados a dicha tarea.