Veinte años después, dentro de tribunales aún quedan varios tramos de investigación abiertos por la represión del 19 y el 20 de diciembre del 2001. En la Ciudad de Buenos Aires, fueron cinco las personas asesinadas mientras que los heridos fueron incontables.

“La crisis producida en 2001 fue consecuencia de un régimen político que ya desde 1995 mostraba niveles altísimos de desocupación, grandes deterioros de la situación laboral y disminuciones de la inversión en programas de desarrollo social, entre otros factores influyentes. Sin lugar a duda, las políticas neoliberales en general, la flexibilización laboral y el incremento de la desocupación en particular, han sido situaciones objetivas que impactaron notablemente en el peso de la protesta social, y no sólo en cuanto a sus protagonistas, sino también sobre su modalidad”. El análisis del contexto político formó parte del requerimiento de elevación a juicio que el fiscal Franco Picardi realizó el año pasado para llevar a debate una de las secuencias icónicas de la represión: el momento en que la Policía Montada avanza contra las Madres de Plaza de Mayo.

En ese expediente hay tres policías de esa dependencia que fueron identificados tras un largo y exhaustivo peritaje, que incluyó videos, fotos y testimonios de las personas que estaban aquel día en la plaza. Los tres involucrados fueron finalmente elevados a juicio en abril de este año por el delito de vejaciones y el debate lo realizará el Tribunal Oral Federal N°6, también dentro de Comodoro Py.

“Las acciones mancomunadas de protesta social trajeron como contrapartida una violenta respuesta por parte del poder punitivo, mediante la orden de las autoridades políticas y bajo el brazo ejecutor de la fuerza policial cuestionada, que llevó a cabo la represión a través de diversas instancias de coordinación, control y ejecución”, había dicho el fiscal al momento de pedir que se haga el juicio. En esta causa se hace referencia al rol de los responsables políticos y al juicio que se hizo contra el ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov.

Ese debate, que tardó más de diez años en llevarse adelante, duró poco más de 27 meses: entre febrero de 2014 y mayo de 2018 la sala de audiencias del subsuelo de Comodoro Py estuvo ocupada por esta causa. No solo fue condenado Mathov allí sino también el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos y otros funcionarios y agentes policiales.

“Los resultados lesivos corroborados el día 20 de diciembre de 2001 y provocados por los numerarios de la Policía Federal Argentina, son consecuencia del riesgo generado por Mathov al ordenar el operativo policial y luego no supervisar el mismo pese a los deberes que tenía a su cargo”, se marcó en el fallo que dictó el Tribunal Oral Federal 6 al momento de la condena.

Esta semana, la Cámara de Casación Federal confirmó las penas a Mathov y a Santos: cuatro años y tres meses de prisión y tres años y seis meses de prisión, respectivamente. Esta situación se dio porque las defensas se quejaron del monto de las penas que les fijaron. En 2020, Casación le dijo al Tribunal que debía revisar cómo se habían medido las penas: los jueces impusieron montos un poco menores y los abogados de los imputados volvieron a quejarse. Lo que hizo ahora la Cámara es rechazarles ese planteo. Tienen la oportunidad de recurrir a la Corte: en caso de que su pedido no sea aceptado, tendrán que se detenidos.

Mathov, Santos y el ex director de Operaciones de la PFA, Norberto Gaudiero fueron considerados responsables de los homicidios culposos de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón, asesinados por balas de plomo la tarde del 20 de diciembre en las inmediaciones de Avenida de Mayo y 9 de Julio. La responsabilidad directa (quién les disparó) no llegó al debate.

Alberto Márquez fue asesinado luego de los disparos que un grupo de policías del departamento de Control de Integridad Profesional realizó la tarde del 20 de diciembre sobre la Avenida 9 de Julio, a metros de Sarmiento. Al no poder establecer con certeza cuál de los involucrados fue el que mató a Márquez (e hirió de extrema gravedad a otras dos personas), los tres policías implicados fueron condenados por el delito de “homicidio en agresión”.

Para desentrañar las responsabilidades, los videos jugaron un papel fundamental. Varios de ellos salieron del Canal 4 de la PFA, un circuito cerrado al que accedía la policía y la Secretaría de Seguridad, con control de cámaras y domos. En el juicio se exhibió como, mientra se reprimía y se disparaba contra los manifestantes, las cámaras hacían un paneo superficial acompañadas por música del cantante latino Chayanne.

El último de los casos que también se juzgó en esa mega debate involucró el asesinato de Gustavo Benedetto, un joven de 23 años que trabajaba en un supermercado Día. Como el local había sido saqueado y él estaba seguro de que lo iban a despedir, se fue hacia Plaza de Mayo a protestar. A las 16.28 del 20 de diciembre, en la esquina de Chacabuco y Avenida de Mayo, un balazo en la cabeza lo mató. Su mamá y su hermana se enteraron de su muerte varias horas después, por televisión. 

La causa por la responsabilidad directa en su asesinato nunca prosperó. A juicio llegó el por entonces subcomisario de la Seccional 51ª Omar Bellante, que fue condenado por encubrimiento.

“Fui destruido por el Estado, por la gente que tenía que protegerme”, dijo en el juicio Martín Galli, uno de los heridos con bala de plomo en la misma secuencia en la que murió Alberto Márquez. “Sabían lo que tenían que hacer: se bajaron y dispararon, ni siquiera hablaron entre ellos", dijo otro de los testigos en el debate. Una de los puntos que quedaron dilucidados es que no hubo infiltrados ni tampoco personajes para desestabilizar al gobierno de la Alianza: las órdenes y los movimientos eran coordinados desde Seguridad y las balas de plomo utilizadas no fueron situaciones aisladas.