El próximo 30 de diciembre se cumplen 17 años de la tragedia de Cromañón. Esa noche 194 personas perdieron la vida y cientos resultaron heridas, la gran mayoría jóvenes de entre 16 y 30 años que habían ido a disfrutar un show de la banda Callejeros.

A lo largo de estos años, se han quitado la vida al menos 19 sobrevivientes y muchos padres fallecieron, según datos de las organizaciones. A este saldo se suman aquellos que sufren problemas derivados del síndrome de estrés postraumático, así como diversas afecciones físicas.

En la Ciudad de Buenos Aires actualmente rige una "ley de reparación integral", sancionada por la Legislatura en 2013, con el objetivo de establecer la "asistencia integral a las víctimas sobrevivientes y familiares a través de prestaciones de salud, educación, inserción laboral y asistencia económica".

También se dispuso la entrega de un subsidio económico mensual y fijó la creación de una Comisión de Seguimiento de la aplicación del programa. La normativa, que se cumple parcialmente, fue actualizada y revalidada en 2018, por el término de tres años.

Padres, madres, hermanos, amigos y sobrevivientes se concentraron esta semana frente a la Legislatura porteña para reclamar por su próximo vencimiento. “Los pibes presentes, ahora y siempre”, se leía en las remeras de algunas de las personas que se manifestaron en el edificio del Palacio Legislativo, ubicado en la calle Perú 160.

Allí fueron recibidos por el legislador Claudio Romero, presidente de la Comisión de Presupuesto y titular del PRO Ciudad, quien además es autor de la normativa vigente.

Según informaron, la prórroga será tratada sobre tablas el próximo jueves y tendría una duración mínima de tres años. El monto inicial de la nueva ley será igual al monto actual indexado por el IPC anual y, además, se ampliarán algunas prestaciones en materia de salud - descentralización de la farmacias y ampliación del vademécum-, ya que muchos de los beneficiarios continúan bajo tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico.

A 17 años de Cromañón, los familiares y sobrevivientes reclaman la asistencia del Estado

Meses atrás, la Asociación Civil Familias por la Vida y la agrupación Unidad Cromañón presentaron en la Legislatura dos proyectos “superadores” de la actual normativa. Con algunas disidencias, ambas iniciativas coinciden en la necesidad de establecer el otorgamiento de una asistencia económica mensual de carácter “vitalicio”.

En la presentación de uno de los proyectos, Nilda Gómez, mamá de Mariano Alexis Benítez, expuso ante la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación y dijo: “Cromañón nos cambió la vida por completo a muchos. A los padres nos desarmó y la familia se quebró. Hoy tenemos casas vacías”.

“La Masacre de Cromañón constituye una violación a los derechos humanos, entre ellos el elemental derecho a la vida, a la integridad física y mental y a la seguridad personal. Es evidente que el Estado, reconociendo su responsabilidad, debe garantizar las instancias reparatorias”, señala, por su parte, el proyecto impulsado por Unidad Cromañón, que nuclea a las diversas agrupaciones que hay a lo largo del país.

Y añade: “Existe una necesidad vitalicia e imprescindible de reparación que deben garantizar el Estado, que contemple tanto el cuidado de la salud física, mental, como así también la continuidad del proyecto de vida y el desarrollo individual de las víctimas”.

Martín Genauer, sobreviviente de la tragedia, explicó a Data Clave que la ley lograda en 2013 es una “gran reivindicación y un piso de lucha”, pero advirtió que “no alcanza”.

Aunque el universo de personas atravesadas por la tragedia es amplio y diverso, Genauer explicó que hay “cuestiones que atraviesan a todos”, y destacó: “Nos une la necesidad de tener el reconocimiento, no sólo de la Ciudad, sino del Estado nacional, y también la necesidad de tener a Cromañón como una política de Estado a futuro y no sólo como una reparación hacia lo que pasó”.

Las prórrogas de la actual normativa también implican una “revictimización” constante para los familiares y sobrevivientes.  “Tenemos que volver a contar, explicar y demostrar por qué somos víctimas, por qué el Estado es culpable y porqué se debe reparar”, añadió.