“Lawfare, democracia en peligro”: la publicación que generó rechazo y críticas del sector judicial
El secretario Horacio Pietragalla Corti presentó un documento con fuertes cuestionamientos al Poder Judicial, lo que causó la respuesta de agrupaciones de magistrados y funcionarios. Los detalles del libro en el que se objeta la investigación por el atentado contra Cristina Kirchner.
Lawfare, democracia en peligro. Así se titula la publicación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla Corti, que generó un fuerte rechazo y críticas por parte del sector judicial.
El término inglés lawfare -law (ley) y warfare (guerra)- fue utilizado por primera vez por la expresidente Cristina Kirchner durante su declaración indagatoria en el juicio por la obra pública de Santa Cruz. Desde ese momento se convirtió en una bandera del kirchnerismo a la hora de cuestionar al Poder Judicial y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El texto, publicado en la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- repasa diferentes causas judiciales vinculadas a la vicepresidenta y funcionarios de su Gobierno (Vialidad, Memorándum, Cuadernos, Ciccone y Dólar Futuro), como también la condena y detención de la dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala.
Caso por caso, el documento cuestiona en duros términos el accionar de fiscales y jueces en los expedientes -algunos actualmente en trámite-, para concluir que "se vulneran derechos fundamentales”. También se objeta a la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la investigación por el atentado contra la vicepresidenta ocurrido el 1 de septiembre pasado.
“La irrupción de un Poder Judicial que se posiciona por encima del Ejecutivo y el Legislativo, pese a ser el único de los tres poderes del Estado que no se elige por el voto popular, habilita el desarrollo de una “juristocracia” y conduce a situaciones repetidas de doble vara ante la ley y de selectividad en los casos tratados por los tribunales y las fiscalías”, señala.
En este escenario, la “Lista Bordó”, que conduce actualmente la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), reclamó al Ejecutivo "respetar la letra y el espíritu de la Constitución Nacional en sus artículos 1 y 109", y afirmó que el documento “desinforma a los ciudadanos”.
En un comunicado, la agrupación consideró que el texto “expresa visiones sesgadas y falsedades en un pretendido análisis de causas en trámite para culminar calificando a la actividad jurisdiccional en los procesos como violatoria de Derechos Humanos”. "No es posible tolerar que se asigne a jueces, fiscales y defensores públicos el rol de violadores de derechos fundamentales", concluyó la Lista Bordó.
Desde la agrupación “Compromiso Judicial” también afirmaron que la publicación "instala de manera masiva ideas y opiniones particulares preocupantes para un Estado de Derecho, al versar-e varios de sus puntos- sobre el trámite de causas penales y la labor de algunos miembros del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal".