El teléfono celular de la Directora del Servicio Penitenciario Federal sonó con insistencia minutos después de las diez de la mañana del sábado. María Laura Garrigós atendió y del otro lado escuchó la voz del oficial a cargo del Complejo II de Marcos Paz. "Doctora, nos llegaron órdenes judiciales para allanar las celdas de varios reclusos", explicó el jefe penitenciario a su superior. "Reenviéemelas" ordenó la autoridad máxima. Así se hizo.

Minutos después, otra vez el celular de la doctora. "Ponga TN por favor", pidió el subordinado. En las pantallas del canal de noticias del Grupo Clarín, se anunciaba el allanamiento en la celda de Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder de Los Monos, condenado la semana pasada a 22 años de prisión por ataques armados a jueces. El detalle no menor es que eran las 10:11 de la mañana y, hasta ese momento, los efectivos de las Policía Federal Argentina no habían llegado aún al penal.

“Cantero se enteró que lo iban a allanar por televisión”, decían con ironía en el SPF, molestos con la filtración. Recién a las 11:29, la fuerza de seguridad a cargo del operativo hizo su ingreso a la celda del recluso. Para la Procuraduría en Narcocriminalidad (PROCUNAR), la requisa judicial fue "positiva". "Se encontró un listado impreso en computadora con precios de la proveeduría del servicio penitenciario, donde pueden apreciarse algunos números intercalados, que podrían ser de teléfonos de interés para la investigación", explicó una fuente del organismo a Data Clave.

La investigación

El mega operativo conjunto de fuerzas federales y provinciales realizó entre la tarde/noche del viernes 1 y el sábado 2 de octubre un total de 84 allanamientos en localidades del Gran Rosario y en las prisiones donde están detenidos jefes narcos de la región, en los que fueron detenidas más de 15 personas y se secuestraron armas, drogas y dinero en efectivo.

Los procedimientos apuntaron a "segundas líneas" que operan en el territorio para Cantero, preso en el penal federal de Marcos Paz, y otros líderes de bandas rosarinas vinculados al narcomenudeo, usurpaciones y balaceras, que están detenidos en la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero, en Santa Fe. Los allanamientos, realizados en forma conjunta por la PFA y personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), estuvieron enfocados en los barrios Godoy y Triángulo de Rosario, y en las localidades de San Lorenzo, Granadero Baigorria y Villa Gobernador Gálvez, informaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Tal como se explicó, también se requisó la celda que "Guille" ocupa en el penal de Marcos Paz y el pabellón de presos de "alto perfil" de la UP11 de Piñero, donde se encuentra alojado Leonardo "Pollo" Vinardi, lider de una banda narco con operaciones registradas en la zona sudoeste de Rosario, que cumple condena por homicidio. La pesquisa también apuntó a personas identificadas como Pablo C., Jonatan C., Héctor N., Rodrigo B., y Nicolás A., "quienes se encuentran ya detenidos alojados en establecimientos penitenciarios por diversos hechos contando con condenas y prisiones preventivas dictadas en curso", detallaron los informantes.

La investigación es un trabajo mancomunado de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de Rosario, con las fiscalías federales 2 y 3 de esa ciudad santafesina, a cargo de Claudio Kishimoto y Adriana Saccone. También participa de la investigación la PROCUNAR, que conduce el fiscal especializado Diego Iglesias. Además de las detenciones se secuestraron varias armas, mil dosis de cocaína, chalecos antibalas, handys con frecuencia policial, 50.000 pesos y 20.000 dólares, entre otros elementos.

Tamaña filtración de información cuando se enfrenta con las armas de la institucionalidad a organizaciones delictivas tan poderosas, pueden hacer peligrar el éxito de cualquier operativo. Por eso, cuando este cronista tomo conocimiento del episodio ocurrido durante la requisa en Marcos Paz, contactó a los responsables de los estamentos involucrados. Desde una de las fiscalías provinciales, calificaron el incidente como un "lamentable papelón que no contribuye al esclarecimiento de los hechos investigados". Mientras que desde la PROCUNAR, la fuente consultada explicó que "la idea era llevar adelante los allanamientos en conjunto, pero por una cuestión operativa se fueron haciendo de manera secuenciada, hubiese sido ideal allanar todo junto, pero en un mega operativo de estas características es muy complicado".

Una fuente muy cercana a la jefatura de los fiscales nacionales que investigan narcotraficantes confirmó que "a Guille Cantero lo allanamos en las dos causas federales, la provincia se sumó pero no participó de los allanamientos de la cárcel". Molesto con la situación, el funcionario le tiró la pelota al sistema penitenciario: "en vez de estar mirando TN, deberían preguntarse cómo puede ser que Cantero y Binardi organicen un nuevo secuestro extorsivo desde su celda en una cárcel, en allanamientos anteriores encontramos que el Guille tenía el teléfono público del pabellón adentro de su celda de la Unidad II", apuntó el informante.

"Lo más grave es que nadie pareciera darse cuenta que -del mismo modo que el Primer Comando Capital (PCC)- lo que pretenden estos personajes es apoderarse de los penales para poder seguir controlando la actividad de sus bandas de las cárceles, el que debería investigar es el SPF", finalizó la fuente de la procuraduria especializada en narcocriminalidad, tirándole la pelota a los penitenciarios, 

Internas que no colaboran

Si bien es cierto que esta investigación es la primera de gran magnitud que abordan los fiscales provinciales y nacionales de manera coordinada, no es menos real que existen reparos entre los responsables de estos ámbitos respecto a los estilos diferentes para llevar a cabo su labor. Y también a los intereses que responde cada uno. Repasemos.

Iglesias lleva más de seis años al frente de la PROCUNAR, un ámbito creado por la ex procuradora Alejandra Gils Carbó tras la disolución de su antecesora, la Unidad de Fiscales anti drogas (UFIDRO) que comandaba Mónica Cuñarro, responsable de una de las investigaciones más recordadas que constituyó el primer eslabón para desarticular la banda del peruano Marco Estrada González, alias "Marcos", que controlaba el territorio en el Bajo Flores. 

Ambos tienen miradas contrapuestas acerca de cómo deben abordarse las tareas investigativas desde el ministerio público fiscal nacional.  A principios de septiembre, el Procurador General Interino Eduardo Casal emitió una resolución donde avaló un "acta complementaria al Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio Público de la acusación de la Provincia de Santa Fe en materia de Narcocriminalidad y Delitos Vinculados”, en la que le otorga a Iglesias potestades para coordinar investigaciones desplegadas en territorio santafesino.

Desde el organismo que controla a la policía judicial de Santa Fe no ven con buenos ojos la participación de los fiscales nacionales comandados por la PROCUNAR en sus investigaciones porque -sostienen- "no entienden nada" y "son funcionales al enemigo". De hecho Saín se cansó de fustigar la tarea de Iglesias, a quien acusó públicamente de "coquetear con sectores del gobierno peronista pero haber sido funcionario allegado a Patricia Bullrich" y de "trabajar alineado con los intereses de la agencia norteamericana antidrogas (DEA)". 

Hay sectores de la justicia federal que ven con preocupación el alineamiento casi automático que se produjo entre la oficina de investigaciones del Ministerio Público de la Acusación santafesino (MPA) y el ministerio de Seguridad nacional que encabeza Aníbal Fernández. "Jugamos de memoria porque hace años que trabajamos para el mismo equipo y sabemos claramente cómo hay que abordar esta problemática", le dijo Sain a Data Clave luego de reunirse con Fernández la semana pasada.

Por el contrario, la relación de Sain con la justicia federal y con la PROCUNAR nunca fue buena, ni cuando fue titular de la cartera de Seguridad provincial, ni como jefe de la policía judicial del distrito. "Nunca colaboraron seriamente para desmantelar ninguna organización criminal con tentáculos en el poder, al contrario, siempre actuaron en protección de esos intereses", dijeron desde el organismo que depende del ministerio público de la acusación santafesino. "Una parte importante de la violencia urbana que padece Rosario se explica por la desidia y la corrupción de la justicia federal que tiene asiento en esta ciudad", finalizaron las fuentes consultadas.