"Sé que todos dirán lo mismo, pero yo quiero decirle, señor juez, que tengo 68 años, 11 nietos, 4 hijos, y quiero la verdad porque esto me mató. Con todo el respeto que le tengo al Poder Judicial, quiero la verdad y le pido que preste atención, señor juez, si puede, o el señor fiscal, a todas las pruebas”, declaró José Alperovich hoy ante el juez Juan María Ramos Padilla, el responsable de llevar adelante el juicio en su contra.

El exgobernador y exsenador llegó temprano al edificio de Paraguay 1536 en compañía de sus hijos. Esperó en el segundo piso hasta que le avisaron que el debate comenzaría. Sin inmutarse demasiado, ingresó a la sala de audiencias sonriéndole a los fotógrafos y a las cámaras que lo esperaban.

Crédito de foto: Fiscales.gob.ar

Cuando fue su turno de hablar, tras la lectura de los nueve hechos de abuso sexual que se le endilgan, aseguró que él tenía intenciones de brindar su indagatoria pero que, por consejo de sus abogados, lo haría recién más adelante. Sin embargo, no se privó de pedir por “la verdad”.

Quizás el momento más incómodo fue cuando el fiscal Sandro Abraldes le preguntó por sus ingresos. Aseguró ser empresario y “sacar” un ingreso de alrededor de 5 millones de pesos por mes provenientes de su concesionaria de autos, su empresa agrícola ganadera y su compañía inmobiliaria, todas radicadas en Tucumán.

Con otra sonrisa, el exgobernador se retiró de la sala cuando el juez anunció que la denunciante iba a declarar. Para preservarla, se decidió que el exfuncionario debía seguir el testimonio por un zoom desde el despacho del Tribunal. Las audiencias en su contra seguirán, por lo menos, hasta julio. En la causa hay previstos 80 testigos.

Idas y vueltas judiciales

Alperovich fue defendido hasta pocos días antes del 10 de diciembre del año pasado por el actual ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. La estrategia de la defensa fue cambiando a lo largo del expediente que se inició hace más de cuatro años: primero, lograr que se tramite en la Ciudad de Buenos Aires y en Tucumán. Después, dilatar los procesos, cuestionar el relato que hizo la denunciante y buscar que el juicio se haga a través de un proceso de jurados, algo que la legislación no permite.

Tras la asunción de Cúneo Libarona como ministro, el exgobernador y exsenador es defendido por uno de los integrantes del estudio de abogados que el funcionario mileista tiene con sus hermanos. En ese marco, la defensa solicitó que el juicio no sea público para evitar “la posible estigmatización” de Alperovich. El juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 Juan Ramos Padilla negó esa posibilidad.

“La petición se formula en favor de una persona ampliamente conocida y cualquier posible estigmatización no alcanza a cumplir con los objetivos que se proponen, ya que cualquiera de las partes contará con las grabaciones necesarias, sin que sea una facultad del suscripto limitar derechos de raigambre constitucional”, le contestó en una resolución donde garantizó la publicidad del juicio oral y público.

El caso

La denuncia contra el exfuncionario fue presentada en 2019 por su sobrina segunda y excolaboradora política por hechos de abuso sexual ocurridos durante 2017. En la investigación intervinieron el fiscal Santiago Vismara y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), cuya titular es Mariela Labozzetta. En mayo del año pasado, al pedir la elevación a juicio, habían considerado que Alperovich debía responder por tres hechos de abuso sexual -dos de ellos cometidos en tentativa- y seis sucesos de violencia sexual agravada por haber sido con acceso carnal. “En todos los casos, mediando para su comisión intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad”, había explicado.

En la causa constan informes médicos, peritajes y también actuó una Junta Médica. Además, varias personas declararon sobre el contexto en el que sucedieron los hechos y la forma en la que el imputado se manejaba con la víctima inclusive en el ámbito público.

"Quedó comprobado cómo el imputado utilizando su fuerza física, ejerciendo abuso intimidatorio de poder y violencia de género, reducía bajo su dominio a la víctima, y la ponía como un mero objeto de satisfacción sexual, de cosificación, sometiéndola de forma violenta, ultrajante y degradante, haciéndolo por el transcurso de un poco más de tres meses”, precisaron los fiscales en el requerimiento de elevación a juicio. Explicaron luego que los primeros abusos ocurrieron a mediados de diciembre de 2017 y que persistieron hasta diciembre de 2018.