El bloque de Unión por la Patria en Diputados presentó durante los últimos días de diciembre un proyecto de ley para “declarar de nulidad absoluta e insanable” las leyes N° 27.742 y N° 27.743. Se trata de la Ley Bases y el paquete fiscal aprobado en junio de este año y publicado en boletín oficial en los primeros días de julio. La firma principal es de la diputada Blanca Osuna, referente del peronismo en Entre Ríos y acompañan diputados de todos los sectores internos de la bancada.

La ofensiva de la oposición es “derogar” el proyecto ómnibus sancionado por el Congreso y que fue fundacional del año parlamentario para La Libertad Avanza. “Son de gran importancia para el gobierno, ya que le brindan el marco legal para desregular y favorecer al poder económico que representa”, fundamenta la iniciativa peronista.

Entre los argumentos, UP señala el caso del senador Edgardo Kueider como clave para las sanción de ambas leyes en el Senado. El entrerriano, detenido en Paraguay luego de querer cruzar la frontera con USD 211.000 en efectivo, fue parte de los 36 votos afirmativos para que el oficialismo lograra un empate en la votación y el posterior desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

“Las leyes caracterizadas anteriormente solo pudieron ser aprobadas como resultado del vicio a la voluntad dolosa del Senador Kueider. El acto jurídico, para que sea considerado legal debe ser ejecutado de manera voluntaria y lícita. Cuando, de la constitución de estos hechos existe el error, dolo, violencia, intimidación o simulación, el acto es considerado nulo de nulidad absoluta, provocando su invalidez. La doctrina es clara al respecto, cuando en el acto falta la legitimidad y el vicio es obvio y grosero, debe ser considerado nulo —e incluso, en algunos casos, inexistente . Por lo tanto, debe aplicarse la teoría del acto jurídico individual al hecho colectivo de la sanción de las Leyes y la voluntad del Senador viciada en su votación la cual implica la nulidad de ésta y acarrea también la nulidad del hecho colectivo de la sanción de la Ley”, considera el proyecto de UP. 

Para el bloque peronista “los sucesivos hechos que se visibilizan a partir de la detención del Senador Kueider dan cuenta de la constitución de la nulidad de la voluntad, la cual se conforma a partir del proceso cooptación sistemática por parte del Poder Ejecutivo”. En este punto, destacan que el entrerriano se quedó con la comisión de Asuntos Constitucionales apenas inició la gestión de LLA y que luego de haber hecho 40 observaciones a la Ley Bases terminó aportando un voto positivo clave. “La presunta oposición al proyecto es sin dudas el primer paso a la posibilidad de existencia de soborno”, resalta el proyecto de derogación.

Además, señalan que el ejecutivo designó el 12 de junio, misma época que la sanción de Ley Bases, “en la Delegación Argentina ante la COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DE SALTO GRANDE a funcionarios cercanos a Kueider, a cambio de su voto a favorable lo cual es totalmente compatible a los delitos de prebenda y pago de votos”.

“El vicio de la voluntad dolosa lo constituye el hecho que Kueider decidió cambiar su voto por medio de contraprestaciones ilegales monetarias y de cargos públicos”, sentencia el proyecto.

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La comisión investigadora

El proyecto de nulidad de la Ley Bases se suma a una iniciativa presentada apenas conocido el escándalo Kueider, a través del legislador Santiago Cafiero, que impulsa la creación de una Comisión Investigadora para esclarecer si la Ley Bases fue aprobada de manera irregular. La comisión se llamaría “Comisión Investigadora sobre Coimas, Cohechos, Sobornos y Pagos Irregulares”.

El proyecto propone que la Comisión sea integrada por nueve (9) miembros, electos y electas a propuesta de los respectivos bloques legislativos, de conformidad con el principio de proporcionalidad y asegurando la representación de las minorías. Entre las atribuciones, propone la creación de informes, citación de funcionarios públicos y recibir pericias o denuncias, entre otros puntos.

El oficialismo sostiene que “sin dudas, el proceso de tratamiento y aprobación de la ley en cuestión, tanto en enero como febrero, y luego en abril, lográndose allí la media sanción y su paso a la Cámara Alta, dejan un importante manto de sospecha sobre diversas instancias, eventuales implicancias y posibles irregularidades de forma -con las responsabilidades consecuentes- que sólo pueden enmarcarse en los vicios de una actividad que se realiza de espaldas al pueblo y soslayando el principio democrático de la transparencia”.

“Este hecho no viene más que a sumar cuestionamientos a los ya existentes respecto del trámite que precedió a esta ley particularmente en el ámbito del Senado de la Nación, vinculados a los recursos espurios a los que el Poder Ejecutivo habría echado mano para alcanzar las mayorías necesarias”, agregan en los fundamentos del proyecto.

“Lo que debe atender el Congreso en esta instancia no es solamente su obligación de velar por el mantenimiento de las condiciones éticas y morales de sus miembros, sino que debe perseguir y erradicar cualquier mecanismo -y cualquier manto de sospecha sobre su existencia- que pudiera comprometer la legitimidad de su actuación, generando interferencias por intereses personales y viciando voluntades y conductas, especialmente cuando a través de sus normas se afectan extensamente los derechos y la vida de la comunidad nacional, como es el caso”, agregan.