La Corte Suprema rechazó hoy el pedido de excusación formulado por el Estado Nacional y, sin siquiera darles trámite, las recusaciones de los jueces del Tribunal. La decisión fue tomada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. En tanto, Ricardo Lorenzetti no firmó la sentencia. 

Ahora le resta resolver un recurso pendiente que presentó el Gobierno y quedaría en condiciones de tomar una decisión de fondo en la causa promovida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el recorte de fondos de coparticipación dispuesto por el presidente Alberto Fernández en diciembre de 2020.

De esta manera, la Corte le deja un nuevo flanco abierto al gobierno de Javier Milei con respecto a la coparticipación. Cabe recordar que a fines del 2015, el Tribunal tomó una decisión que también involucró la coparticipación pero de otras provincias, en una demanda que tenían con el gobierno saliente de Cristina Kirchner pero la misma terminó repercutiendo en los primeros instantes de la gestión de Mauricio Macri.

El reclamo

Durante la pandemia del coronavirus policías bonaerenses rodearon la quinta de Olivos en reclamo de un aumento de sueldo y Alberto Fernández se los concedió. Para eso, firmó un que le quitó fondos coparticipables a CABA (1,18%) y se los dio a la provincia de Buenos Aires. Luego, ese mismo año el Congreso aprobó una ley que incrementaba aún más la quita de coparticipación. 

La Ciudad de Buenos Aires no se quedó de brazos cruzados y le inició un juicio al Estado Nacional reclamando el 3,5% de los fondos coparticipables. Monto que se había alcanzado con un aumento durante la gestión de Macri en Nación. 

En diciembre del año pasado, la Corte había dictado una medida cautelar a favor de CABA: en tanto se resolviera la discusión de fondo y mientras durara el juicio, el Estado Nacional debería entregarle al gobierno porteño “el 2,95% de la masa de fondos coparticipables”. 

Luego del dictado de dicha cautelar, el Gobierno Nacional pidió el apartamiento de los jueces de la Corte. Les pidió que ellos mismos se “excusaran” y, para el caso de que no lo hicieran, los recusó. Esta presentación se hizo través de una serie de escritos presentados por el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

El argumento fue que cuando dictaron esa medida, los ministros del tribunal anticiparon definiciones sobre cuestiones de fondo que deberían haber quedado reservadas para la sentencia definitiva y por ende, debían dejar el expediente.