Bullrich patenta nueva versión del "quedate en casa" y pone a prueba su cuestionado protocolo anti-piquetes

Mientras el gobierno nacional termina de moldear el paquete de medidas con las que pretende reformar el Estado y el ajuste comienza a hacerse sentir en el bolsillo (y el humor) del conjunto de la ciudadanía, Patricia Bullrich enfrenta durante su segunda semana de mandato el primer examen de su gestión al frente de la cartera de Seguridad: la manifestación convocada para el próximo 20 de diciembre por organizaciones sociales y partidos de izquierda donde se aplicará el recientemente anunciado “protocolo para el mantenimiento del orden público”.

Este sábado Bullrich utilizó una curiosa expresión para solicitar a la sociedad que no participe de las protestas: “Estamos en un momento difícil del país, necesitamos que todos colaboren, quédense en su casa”, sostuvo la funcionaria tal vez sin reparar en la analogía de su frase con aquella utilizada por el gobierno de Alberto Fernández durante la cuarentena para evitar el contagio masivo del coronavirus.

Justamente aquel dispositivo preventivo de aislamiento dispuesto por las autoridades argentinas en marzo de 2020 había provocado la reacción de sectores opositores que se manifestaron cortando las calles del país para expresar su descontento con la medida. Manifestaciones que, por cierto, contaron con la participación de dirigentes como la propia Bullrich y la recordada dupla del “Comando Flota-Flota” integrada por Luis Brandoni y Hernán Lombardi.

Más allá de las contradicciones, la ministra justificó la aplicación de su “flamante” protocolo, que se pondrá a prueba este miércoles. “La Argentina hace 30 años vive en una situación de total y absoluto desorden. No se respeta la ley, es un adorno. La ley y el orden genera libertad y la libertad genera progreso. Los piquetes son algo que daña a la economía y a las familias”. 

Y agregó: “este protocolo es para ordenar y que la gente sepa qué puede pasarles si cortan la calle, el Presidente lo dijo clarito en su asunción: el que corta no cobra el plan, el que no corta cobra el plan. Lo que estamos buscando es orden”. Por último, les dedicó un párrafo a las organizaciones convocantes: “los que manejan a la gente como ganado, se van a terminar”. Además cuestionó la marcha de la próxima semana porque “se han contemplado distintos aumentos” y aseguró que su gestión en Seguridad tendrá como objetivo que “la ley y el orden estén presentes todos los días”.

Jefaturas de dudoso alineamiento

Después de anunciar el protocolo anti-manifestaciones, Bullrich les tomó juramento a los jefes de las fuerzas de seguridad federales y les prometió que iba a defenderlos frente a las “injusticias”, utilizando su habitual discurso anti-garantista que desplegó durante su etapa macrista para justificar la represión en la Patagonia y la doctrina “Chocobar”.

Durante el acto, la ministra puso en funciones a los nuevos jefes de las fuerzas de seguridad: Luis Alejandro Rollé (Policía Federal), Guillermo Giménez Pérez (Prefectura), Antonio Bogado (Gendarmería) y Alfredo Hernán Gallardo (Policía de Seguridad Aeroportuaria). “A ninguno lo eligió ella, el único que tiene conocimiento y experiencia es el de la PFA, el resto son cuadros que tienen más prontuario, que currículum”, le dijo a Data Clave un especialista que trabajó durante varias gestiones del PRO.

Gallardo es un hombre puesto por Nicolás Posse, a quien conoce desde los tiempos en los que el actual Jefe de Gabinete cumplía funciones al frente de Aeropuertos Argentina 2000 como parte de su rol gerencial en la Corporación América. Y Giménez Pérez está “cuestionado y señalado en hechos de corrupción” denunció la diputada nacional de la CC-ARI Mónica Frade.

Efectivamente el prefecto fue nombrado en el cargo pese a estar denunciado penalmente por los delitos de acción pública de “abuso de poder, incumplimiento de los deberes, falso testimonio agravado, encubrimiento agravado y falsedad ideológica”.

La ministra habló durante la ceremonia sobre la necesidad de “devolverle la convivencia pacífica a los ciudadanos en las calles, en las rutas y en todos los lugares donde las fuerzas federales tienen que actuar”. Y añadió: “Es menester terminar con aquellos problemas que se repiten de manera permanente y es menester ponerle toda la fuerza para lograr que la Argentina se pacifique y pueda convivir mientras logramos que la economía le brinde y le devuelva bienestar a todos los argentinos”.

La atención estará puesta el próximo miércoles cuando miles de manifestantes salgan a las calles para protestar por las medidas económicas, de fuerte impacto social, anunciadas por el ministro de Economía Luis Caputo. Y Bullrich tiene un doble desafío, porque además de conformar las expectativas puestas por Javier Milei a la hora de designarla en esa cartera, deberá superar su propia frustración por no haber podido “controlar la calle” durante su anterior mandato.

“El problema es complejo, porque Patricia no es un fusible cualquiera, ella tiene un volumen político diferente al de cualquier otro ministro y eso significa que si fracasa, las esquirlas van a impactar sobre la figura presidencial”, explicó la fuente que conoce muy de cerca los manejos de gestión de la titular del partido amarillo.

Cortocircuitos con CABA

Como suele ocurrir cada vez que hay convocatorias de protestas a nivel nacional, el epicentro del conflicto se traslada a la ciudad de Buenos Aires. Este viernes, el secretario de Seguridad porteño, Diego Kravetz, aclaró que el protocolo para el mantenimiento del orden público presentado por Nación, no es "de aplicación obligatoria" en el distrito porteño y sostuvo que están trabajando en "la propia lógica de ordenamiento" para CABA.

"Es un protocolo de aplicación federal, es decir, se aplica en los casos que son interjurisdiccionales o en los que hay edificios públicos nacionales, cada provincia y CABA tienen su propia forma de ordenar, no quiere decir que sea de aplicación obligatoria para todos", afirmó el también jefe de la policía de la ciudad. "Todo termina confluyendo en Buenos Aires, pero la responsabilidad del gobierno nacional termina cuando se cruzó el puente, nosotros tenemos que articular bien para hacer nuestro ordenamiento en CABA", apuntó. 

El cortocircuito se hizo más evidente cuando Kravetz sostuvo que “es una decisión política del gobierno nacional” plantear este protocolo a días de cumplirse un aniversario del 20 de diciembre (2001), cuando se realizó una represión que terminó con 39 muertos y 500 heridos en todo el país durante el gobierno de Fernando de la Rúa. "Este es un gobierno que, si bien tenemos afinidad, no es nuestro", finalizó el funcionario.

Tal como lo dispuso la resolución de Bullrich, este miércoles “las cuatro fuerzas federales y el servicio penitenciario federal van a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales, de acuerdo a los códigos procesales vigentes que es que, si hay un delito infraganti, van a poder actuar”.

También quedó explicitado que “las fuerzas federales van a actuar en las zonas federales, mientras que las fuerzas provinciales deben intervenir en las zonas de sus competencias y tener un trabajo en común” y que “para llevar a cabo estas medidas, los efectivos emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, que será graduada en proporción a la resistencia”. 

Un negacionista en el gabinete de Pato

En el mismo acto donde tomó juramento a los nuevos jefes, Bullrich estuvo rodeada de sus más estrechos colaboradores. Uno de ellos es Carlos Manfroni, un abogado a quien conoce desde hace más de 20 años y que integra sus equipos en la fundación que la ahora funcionaria creó para aglutinar a sus cuadros durante los períodos de “sequía” administrativa (es decir, cuando el Estado no les paga los salarios). 

Manfroni se constituye -además- en el nexo más directo con Victoria Villarruel, puesto a que se trata del coautor, junto a la vicepresidenta, del libro en donde se sostiene que las víctimas del “terrorismo” en la Argentina quedaron olvidadas para la historia. “Los otros muertos”, se llama el trabajo conjunto, editado en 2014, que se ha constituido en una especia de Nunca Más de los sectores reaccionarios que reivindican el accionar de las fuerzas armadas en la “guerra contra la subversión”, expresión con la que denominan al terrorismo de Estado.

Pero el vínculo con Manfroni no tiene origen en la relación que este abogado mantiene con la actual vicepresidenta. Bullrich lo conoce desde los tiempos en los que se presentó como candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que justamente fue Manfroni quien la acompañó en la fórmula como su vice. 

Cuando llegó al Congreso, lo llevó como asesor en asuntos relacionados a corrupción y fue su enlace con el Poder Legislativo cuando Mauricio Macri la nombró como su ministra de Seguridad. Sin embargo, duró poco en la función de la que fue eyectado cuando Horacio Verbitsky recordó sus columnas en la revista Cabildo, donde -carente de todo sentido poético- afirmaba que las letras de Charly García inducían al suicidio. 

A pesar del escándalo, Manfroni siguió en el ministerio y formó parte del “equipo de crisis” por la desaparición de Santiago Maldonado. Luego de dejar el gobierno, fue parte del equipo del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), presidido por Bullrich y al que la Inspección General de Justicia señaló como el organismo utilizado para financiar indirectamente su campaña presidencial. 

Preocupación por lo que pueda ocurrir el 20-D

Este sábado el Comité Nacional Para la Prevención de la Tortura y el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura emitieron un comunicado donde expresaron su “preocupación" por el anuncio de un protocolo represivo que pudiera llegar a implementarse durante la manifestación prevista para el 20 de diciembre.

Los organismos enumeraron una serie de argumentos en los que sostienen que el “protocolo antipiquetes” que presentó la ministra de Seguridad incumple las garantías que otorga la Constitución Nacional.

“El derecho a la protesta surge de la Constitución Nacional (art. 14) y los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado la República Argentina, de jerarquía constitucional”, comenzaron diciendo.

Y en ese marco, advierten: “El Protocolo emitido por el Ministerio de Seguridad desconoce este derecho, avanzando sobre facultades de los poderes Legislativo y Judicial, al definir el alcance del tipo penal previsto en el artículo 194 del Código Penal de la Nación y autorizar la detención de personas sin orden judicial”.

“También avanza sobre las competencias de las autoridades provinciales, desnaturalizando las condiciones fijadas en la Ley de Seguridad Interior para la intervención de fuerzas de seguridad federales en sus territorios”, agregaron.

En otro punto, sostienen que "la interrupción del tránsito de vehículos o peatones o de las actividades diarias es un medio necesario para ejercer el derecho a la protesta y no habilita el uso de la fuerza por parte de los agentes públicos".

Esto última aclaración se debe a que Bullrich advirtió que “las calles no se toman” y que “se va a actuar hasta quedar totalmente liberado el espacio de circulación”.

Desde ambos organismos sostienen que “solo puede recurrirse al uso de la fuerza con carácter excepcional, como medida de último recurso, ante hechos de violencia o cuando peligre la integridad personal de quienes se manifiestan o de terceras personas”.

“Desde el fin preventivo que guía el trabajo de las instituciones firmantes, corresponde resaltar que cualquier directiva a las fuerzas de seguridad que intervienen en situaciones de protesta social debe prohibir taxativamente la portación de armas letales y munición de plomo por parte de los funcionarios que pudieran entrar en contacto con los manifestantes, así como el uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes por sus efectos indiscriminados. Este Protocolo no prevé tales prohibiciones y vulnera los límites que surgen del derecho internacional de los derechos humanos y nuestra Constitución Nacional”, sumaron.

Por último, cerraron: “Ratificamos nuestra plena disposición a trabajar con las autoridades competentes en la adopción de directrices para el uso racional de la fuerza por parte de los agentes públicos. A tal efecto, hemos solicitado una reunión con la Sra. Ministra de Seguridad de la Nación”.