"Presa o muerta": el kirchnerismo debate como proteger a Cristina del "pelotón de fusilamiento"
El martes 6 se conocerá el veredicto del Tribunal que debe decidir el destino de los 13 imputados en la causa Vialidad, entre ellos la vicepresidenta. Organizaciones sociales y sindicales anticiparon que van a "parar el país" en caso de una condena contra la líder del espacio. Sin embargo, fuentes con acceso al principal despacho del Senado aseguraron a Data Clave que CFK "pidió suspender cualquier tipo de movilización", mientras que desde Rosada sostuvieron que "este problema no se resuelve con acciones callejeras". La investigación por el atentado dejó en evidencia los "negocios turbios" de Milman y mostró el modus operandi de un sector de la política que se autopercibe impune. Detalles exclusivos.
“Si antes dije que este era el tribunal del lawfare, después de todo lo que me tocó vivir, este tribunal es un pelotón de fusilamiento”, dijo Cristina Kirchner al expresarse por última vez en el juicio oral por la obra pública en Santa Cruz antes del veredicto, que darán a conocer los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso el próximo martes 6 de diciembre. En ese contexto, la vicepresidenta sostuvo que la condena en su contra ya está escrita y acusó a los jueces de intentar disciplinar a próximas generaciones para que “nunca nadie vuelve a atreverse” a instrumentar las políticas impulsadas por el kirchnerismo, entre las que mencionó el pago de la deuda con el FMI, la estatización de las AFJP y la expropiación de YPF.
El conciso alegato final de la jefa política del kirchnerismo fue decodificado por buena parte de la militancia como un apelativo a ganar la calle para defender no solo a su jefa, sino también a los cimientos del proyecto político que ella encarna. Daniel “Tano” Catalano, titular de la Seccional Capital de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), confirmó que si es condenada irán a un paro y adelantó una vigilia en el gremio.“El martes vamos a hacer una vigilia en nuestro sindicato para escuchar el fallo y después hay que esperar 20 días para escuchar los fundamentos de la condena”, agregó y dio su justificación sobre la medida de fuerza: “debemos generar una instancia de protesta frente a una situación injusta y que atenta contra una democracia que viene con muchos dolores”.
En la misma línea se manifestó el dirigente del FTV-MILES Luis D'Elia a través de su cuenta de twitter, convocando para “el martes 6/12 a las 10 de la mañana en Rivadavia y Gral. Paz para marchar caminando hasta Comodoro Py” con el objeto de “repudiar el fallo sin pruebas contra Cristina y pedir la inmediata renuncia de la Corte Suprema del Lawfare”. En el marco de un multitudinario plenario de la agrupación que integra, D'Elia sostuvo que “el intento de magnicidio, el boicot en Diputados, la imposibilidad de conformar el Consejo de la Magistratura y la condena sin pruebas contra CFK configuran un verdadero golpe de Estado ante el cual no podemos permanecer cruzados de brazos”.
En diálogo con este portal, el diputado Eduardo Valdés también ratificó su apoyo a la ex jefa de Estado, a quien calificó como la política “más denunciada y perseguida de la historia argentina”, y confirmó que no descarta sumarse a alguna movilización. El dirigente -cercano tanto a Alberto Fernández como a Cristina- aseguró que “hay reacciones instintivas de la población, pero que yo sepa no la están organizando, yo siempre creo que las movilizaciones son la mejor forma de expresión”, sostuvo.
Sin embargo, desde el principal despacho del Senado tomaron distancia de estas convocatorias “espontáneas”. Según pudo confirmar Data Clave, la vicepresidenta habría pedido que no se llevara a cabo ninguna movilización. Así se lo hizo saber a dirigentes sindicales y políticos de su entorno en las últimas horas, con el fin de desalentar las acciones previstas para el martes próximo. Desde Olivos, una fuente con acceso directo al despacho presidencial expresó que “este es un problema no se arregla con movilizaciones, es mucho más grave, pero si les hace bien convocar que convoquen, nadie se los va a impedir”.
Una discrepancia estratégica entre dirigentes y la conducción de la coalición oficialista que puede generar algunos roces en las próximas horas. “Cristina fue una gran conductora del Estado, pero pifia en cuestiones tácticas elementales, no entiende que este no es un problema judicial con ella, los que estamos en peligro somos todos y todas porque el sistema nos quiere llevar puestos y la única forma de pararlos es mostrarle que no nos vamos a quedar esperando que nos vengan a matar”, le expresó a este portal uno de los convocantes a la marcha del 6 de diciembre.
Si en algo coinciden todos los integrantes del espacio kirchnerista es en la falta de imparcialidad del tribunal que juzga a su jefa. Esta semana, un abogado mediático que se desempeña como columnista de LN+ presumió de la información supuestamente filtrada desde Comodoro Py a través de su cuenta de twitter, anticipando un probable veredicto condenatorio para Cristina.
“A esta hora prevalece en debate de 3 jueces del TOF2 criterio condenas en orden delito administración fraudulenta agravada, entre 5 y 6 años más inhabilitación para ejercer cargos públicos para CFK y demás funcionarios imputados, figura de asociación ilícita en discusión”, sostuvo Gabriel Iezzi, panelista del programa televisivo de Eduardo Feinmann. La filtración generó críticas desde distintos ámbitos políticos y judiciales. “Lamentable y grave lo ocurrido, muestra lo débil que está el Poder Judicial”, sostuvo una allegada con acceso a los principales despachos del Palacio de Tribunales.
“Meterla presa o matarla”, esa es la cuestión
La idea de una preparación del atentado contra Cristina mucho más conspirativa y con ramificaciones hacia las entrañas de la política y los sectores más reaccionarios de la sociedad, se consolida puertas adentro del kirchnerismo. Al ya conocido episodio ocurrido en la confitería “Casablanca” protagonizado por el diputado Gerardo Milman y sus dos asesoras, se le sumó otro ocurrido en la ciudad de Córdoba, el mismo día que intentaron asesinar a la vicepresidenta, minutos antes de las once de la mañana.
Según el relato de un testigo que ya declaró ante la justicia federal, el primero de septiembre, a las 10:45, un parroquiano sentado en un bar ubicado en la zona del hipódromo alcanzó a escuchar un diálogo entre dos personas, uno de las cuales mantenía una conversación a través de un teléfono celular con otro. “Vas a tener noticias, ya vas a ver qué le va a pasar a esa hija de puta”, decía. “La primera vez será una advertencia, todo depende de qué haga la Justicia, después vendrá la acción de verdad”, agregó. Para terminar con una frase escalofriante: “La decisión ya está tomada, es presa o muerta”.
La información fue incorporada en un “expediente reservado”, dentro de la causa principal que tramita en el juzgado de María Eugenia Capuchetti a través del testimonio de un testigo que respondió preguntas en los tribunales federales cordobeses, con indicaciones expresas de la magistrada porteña. De acuerdo a fuentes con acceso a la causa, quien supuestamente se encontraba vociferando sus macabros planes contra la vicepresidenta sería “un abogado de genocidas en el marco del juicio por el centro de detención clandestino La Perla, que alguna vez quiso meterse en la política proponiendo la libre portación de armas".
Un diputado contra las cuerdas
Milman actuó de un modo extremadamente desprolijo e hizo todo mal. El primer incidente sobre el que debería dar explicaciones ante la justicia está íntimamente relacionado con el atentado a la vicepresidenta. Como explicó Data Clave hace dos semanas, el 29 de agosto el diputado del PRO y -hasta esta semana- mano derecha de Patricia Bullrich, concurrió a la confitería "Casablanca", justo frente al edificio anexo del Congreso de la Nación, donde mantuvo una reunión con dos de sus asesoras: Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewcz.
En la mesa contigua almorzaba el asesor del diputado Marcos Cleri, Jorge Abello, junto a su cuñado, cuando declaró haber escuchado que Milman comentaba: "En el momento que la maten yo voy a estar camino a la costa". Cuando dos días después Abello vio las imágenes del intento de magnicidio, no dudó en asociar lo que había escuchado con el hecho y acudió a la Justicia. Esta línea investigativa se encontraba detenida hasta que la semana pasada, la Cámara Federal le pidió a Capuchetti que profundizara la “pista Milman”. La jueza delegó la investigación en el fiscal Carlos Rívolo, quien llamó a declarar a ambas mujeres y solicitó a la cámara de Diputados información sobre las personas que asisten a Milman en su despacho.
Fue entonces cuando se abrió otra caja de Pandora: la de los y las asesoras del diputado. Este sitió reveló el jueves pasado el listado completo de quienes colaboran con el diputado. Son treinta y cuatro y entre ellos, las dos muchachas antes mencionadas: una ex miss Argentina devenida en abogada y una manicura. Entre los colaboradores parlamentarios aparecen también la empleada doméstica de Milman, su personal trainer, una esteticista que tiene un perfil en Only Fans bajo el nombre de "Tremendo Pony", dos choferes de Uber y una larga lista de mujeres jóvenes y bonitas de las que se ignora función y capacidad.
Tampoco pasa desapercibida la presencia de integrantes con vínculos cercanos a comunicadores difusores de mensajes de odio. Es el caso de Constanza Mehler, con un contrato por 120.000 pesos en la lista de empleados de Milman: la mujer también es redactora del portal DATA 24, el sitio del youtuber “El Presto” Eduardo Prestofelippo, condenado a 30 días de prisión por hostigar a Fabiola Yañez, mantuvo una relación con Brenda Uliarte, detenida en la causa por el atentado a la vicepresidenta.
Pero también figura en la nómina de empleadas, María del Socorro Lanusse Peralta Ramos, hermana de María Luz Lanusse Peralta Ramos, una mujer con la que Milman mantenía una relación sentimental, habían alquilado un departamento en la ciudad de Buenos Aires donde supuestamente convivían y hasta le había “regalado” un Peugeot Sport 1.6 2008 modelo 2021 para que utilizara.
El 4 de abril de 2022 a las 0:50 hs, en la esquina de Bullrich y Cerviño, pleno corazón del barrio de Palermo, un equipo de la policía metropolitana efectuando un control de rutina, detuvo el vehículo que manejaba María Luz y constató que portaba un carnet de conducir apócrifo y que no tenía la correspondiente cédula azul para transitar, ya que el rodado pertenecía a Metalúrgica Oliva S.A. A los pocos minutos llegó al lugar el diputado Milman “visiblemente alterado”, quien argumentó que la mujer era su esposa y que el auto le pertenecía. Tras retirarse, inició una causa contra la agente que le labró el acta de infracción y el asistente del fiscal a cargo del proceso, que fue desestimado diez días después.
Los hechos recopilados por Data Clave dan cuenta de los vínculos de esta empresa con el actual diputado del PRO. En pleno gobierno macrista, Metalúrgica Oliva -que se dedica al blindaje de insumos de seguridad que van desde cajas de caudales a camiones hidrantes- pidió una reunión en el Ministerio de Seguridad y sus representantes fueron atendidos por la mano derecha de Milman, Martín Siracusa. A partir de esa reunión del 2 de noviembre de 2018 y de la que participaron Siracusa como parte del Ministerio de Seguridad, Carlos Alfredo Salinas como gerente de la empresa y cuatro asesores que fungieron de nexo -tres de ellos de las fuerzas de seguridad y el cuarto de la banca privada- Metalúrgica Oliva pasó a ser proveedora del Estado.
A raíz de la investigación de este portal, quedó en evidencia que Milman habría aprovechado su rol de funcionario público para obtener beneficios directos a través de acciones que ya investiga la justicia federal. La posible comisión del délito de “dádivas”, tramita en un expediente iniciado en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas.
Salvatore Group, otra pantalla de Milman
La Inspección General de Justicia constató más de una decena de irregularidades en una sociedad creada en 2017 por dos empleadas del diputado del PRO y tendió un manto de sospechas justificado sobre el origen de los fondos con los que se constituyó el emprendimiento. Según la resolución a la que accedió Data Clave, la sociedad Salvatore Group “fue inscripta el 27 de septiembre de 2017 en 24 horas”. Sus operaciones sociales en los papeles comenzaron el 30 de junio de 2019, con lo cual todo indica que se buscó evitar controles. Los titulares del grupo son la mencionada Carolina Gómez Mónaco y Fernando Agustín Daga, quienes por entonces se desempeñaban como funcionarios del ministerio de Seguridad donde mandaba la dupla Bullrich-Milman.
De acuerdo al documento de la IGJ, la sociedad se conformó con 31 objetos sociales distintos, un abanico de posibilidades de negocio que prácticamente abarcan todo. Desde importación y exportación, servicios relacionados con actividades agropecuarias, avícolas, ganaderas, tamberas, vitivinícolas, hasta también de comunicación sobre espectáculos, editoriales y gráficas, actividades culturales educativas, desarrollo de tecnología, investigación innovación, actividades inmobiliarias y de la construcción, gastronómicas, petroleras, gasíferas, de salud y de transporte. Según la autoridad de Justicia esto “no cumple con el principio de especialidad previsto en el código unificado y mal puede ser considerado persona jurídica”.
La empresa empezó con un capital social de 17.720 pesos, 25% en efectivo. Es decir, se integró solo con 4430 pesos, pero gastó más y quedó con patrimonio negativo de $1035 pesos. Para la IGJ esto resultaría “una violación del Código Civil y Comercial”. Además, entre otros papeles flojos, el domicilio declarado no coincidía con el real y nunca presentó libros contables, hecho por el que fue intimada a comienzo de mes.
La sociedad no tiene cuentas bancarias ni dinero en caja, no registra ventas y solo contabiliza el pago de alquileres en cuestión pero cuando los inspectores fueron al sistema antecedentes de la empresa encontraron que, pese a no tener actividad registrada en libros, la facturación anual oscilaba entre 10.050.385 y 50.251.921 de pesos.
Otras coincidencias llamativas que halló este portal. Daga vive en Adrogué, al igual que Florencia Retamoso, actual diputada provincial del PRO y esposa de Milman. El actual asesor es hijo de Oscar Alberto Daga y de Graciela Monica Baamonde, titular del dominio de la marca Luxa Models en sociedad con Gómez Mónaco. Se trata de un emprendimiento muy próspero que la ex funcionaria de Seguridad y actual asesora de Milman armó antes de conocer a su actual empleador. Ante la AFIP, Oscar figura como proveedor de servicios inmobiliarios, al igual que su hijo Fernando, quien integra la nómina de personal de Intelligence Architecture S.A, empresa propiedad de Sebastián Rodrigo Fernández Prieto, ex esposo de Floppy Tesouro, entre otras modelos.
Bullrich armó equipo de campaña sin Milman
Cuando Milman retornó la semana pasada a sus labores parlamentarias, se notó que la relación con los integrantes de su bloque ya no es la misma. El enojo por la sucesión de situaciones escandalosas en las que se vio involucrado, impactó de lleno en la relación con su jefa política, quien decidió apartarlo temporalmente de la campaña para evitar episodios funestos. Bullrich ya está lanzada con la mira puesta en 2023 por todo el país y teme que el oficialismo la ataque por este flanco. “Va a seguir dándole consejos y ella seguirá bancándolo públicamente, pero se lo verá mucho menos en fotos”, dijo un asesor del PRO.
Quien asumirá el rol de coordinador de la campaña será el legislador porteño Juan Pablo Arenaza, uno de los asesores dilectos de la ex ministra de Seguridad macrista y el actual referente del espacio en la Ciudad. Arenaza entró en la Legislatura porteña en 2009, tuvo dos mandatos, luego se fue a trabajar como viceministro de Seguridad de CABA y el año pasado regresó a una banca en la legislatura.
“Habrá un grupo operativo, vinculado a la logística y el territorio, y otro estratégico y los dos serán supervisados por Patricia y Juan Pablo”, confió la fuente del partido amarillo. Allí estarán trabajando el intendente de Lanús Néstor Grindetti, el de General Sarmiento Javier Iguacel y el senador provincial Joaquín de la Torre.
Participarán también del comité de campaña Gustavo Ferragut -hombre de confianza del desplazado Jerry-, el diputado Alberto Asseff, el exviceministro del Interior Sebastián García de Luca, el senador provincial Marcelo Daletto y Nicolás Massot.
Colaboró en esta investigación: Ivy Cángaro