Esta semana se cumplen cuatro meses desde que Fernando Sabag Montiel jaló del gatillo de un arma de fuego a centímetros de la cabeza de Cristina Kirchner, quien se salvó milagrosamente porque la bala jamás salió de la pistola. El atentado provocó un cimbronazo cuyos efectos se vieron atenuados por los diferentes contextos políticos y judiciales, pero esta semana recuperará centralidad porque se reinicia la actividad en tribunales y esta causa tendrá movimientos.

El martes volverá a comparecer ante la jueza María Eugenia Capuchetti el jefe del grupo de los “copitos”, Nicolás Gabriel Carrizo, a quien lo interrogarán sobre los mensajes encontrados en su celular luego del procesamiento. La misma noche del 1 de septiembre, el amigo de Brenda Uliarte escribió: "Recordá esta fecha”, “Esta hdp (sic) ya está muerta”, “Generar miedo para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo”. Menos de doce horas después, insistió: “Es un golpe que le dimos al gobierno” y “esto se va a poner peor”. 

Carrizo -que junto a Uliarte y a Sabag Montiel permanecen detenidos- fue procesado como partícipe secundario del atentado. “Desde el primer momento pretendimos que se lo acuse como parte de una asociación ilícita para matar a Cristina y vamos a insistir con esa hipótesis criminal”, le dijo a Data Clave una fuente cercana a la querella. 

“Además insistiremos con volver a poner la lupa sobre los integrantes de Revolución Federal y el financiamiento suministrado por la empresa Caputo Hermanos, que investiga Marcelo Martínez De Giorgi, ya hemos pedido que detengan nuevamente a sus integrantes (Jonathan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa) y volveremos a pedir que citen a declarar a Rossana Caputo y que se perite el celular de Ximena De Tezanos Pinto, la vecina de Cristina en el edificio de Recoleta", requerimientos que el juez rechazó sobre finales de 2022 y que deberá resolver la Cámara Federal.

También está pendiente de revisión por parte de la instancia superior judicial el pedido que solicita reactivar la supuesta conexión de Gerardo Millman con el atentado, a partir de las expresiones que el diputado habría tenido frente a sus dos colaboradoras parlamentarias en una reunión realizada en la confitería “Casablanca”. Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco declararon como testigos oportunidad en la cual la querella pidió que les secuestrara los teléfonos a las mujeres, pedido que la jueza rechazó, con el respaldo de la Cámara.

Pero el doctor José Manuel Ubeira apeló ante Casación Federal, en un recuso que le fue concedido, por lo cual será la Sala II del máximo tribunal penal federal, a cargo del juez Guillermo Jorge Yacobucci, la que deba resolver. El punto es qué se extraerá de esos teléfonos. La querella pretende investigar todos los mensajes desde varios meses antes del ataque, mientras que para Capuchetti el período a peritar es mucho más acotado.

Una vecina en apuros

Ubeira nunca sacó de su radar a la vecina de Cristina. Está convencido de que ocupa un rol “muy importante” dentro del esquema de inteligencia de los grupos que organizaron el ataque del 1º de septiembre. Varias “casualidades” halladas por la investigadora Ivy Cángaro permiten cimentar esta hipótesis. “En octubre de 2021 Morel alquiló el local de Boulogne donde montó la carpintería Dogo, y por donde poco tiempo después pasó Rossana Caputo para comprar las famosas mesas de luz que dieron pie al desembolso de catorce millones de pesos del grupo”, le dijo Cángaro a Data Clave. 

Justo para la misma fecha que Morel abría su emprendimiento, Ximena de Tezanos Pinto daba una primera entrevista, mostrando su casa, su balcón y sus banderas, al diario La Nación. Era su primera aparición pública. “Hasta ese mes, figuraba en Veraz como morosa incobrable categoría cinco por una deuda con el banco Santander, que venía arrastrando de casi dos años atrás. En noviembre de 2021, coincidentemente con el flujo de dinero que empieza a llegar a Revolución Federal y a Morel y con las primeras facturas que este emite al grupo Caputo, Ximena también cubre sus deudas y consigue un crédito del Banco HSBC”, agregó la investigadora.

“Es curioso que haya podido conseguir un crédito de modo tan veloz si, además, consideramos que no figura en AFIP desde 2013, que su emprendimiento del Vivero Jardín del Cielo dejó de funcionar a mediados de 2021, y que su página de alquileres temporarios, www.1054.com.ar está caída desde hace varios meses”, finalizó la periodista.

Más allá de sus sugestivos movimientos de fondos. lo que no ha dejado de hacer la vecina de Cristina es mantener un perfil alto en las redes y en las calles. En el aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman estuvo en la puerta del edificio en Puerto Madero, pidiendo justicia junto a Cristina Luján Romero, integrante de Revolución Federal y procesada por los escraches a funcionarios.

Además, no deja de mostrarse con Delfina Meza (alias Delfina Wagner), la periodista de Crónica que participó en aquella entrevista donde se pretendió “blanquear” a Uliarte y validarla como una “ciudadana que prefiere el esfuerzo de trabajar antes que recibir un plan social”, con quien comparte vínculos estrechos que las ligan a los integrantes del autodenominado “Ministerio del Odio”, un grupo de violentos discursivos que hostigan en actos y redes a todo lo que huela a Frente de Todos.

Dime con quién te asocias y te diré cuan corrupto eres

El ex presidente paraguayo Horacio Cartés nunca ocultó su amistad (y sus negocios) con su par Mauricio Macri, unidos por mucho más que las afinidades ideológicas. En 2020, una investigación de Data Clave expuso el viaje que durante el momento más cruento de la cuarentena por la pandemia de COVID hizo el argentino hasta Asunción en un avión privado de la tabacalera propiedad del mandatario guaraní, para reunirse con su “socio”.

Nadie explicó jamás los motivos de esa travesía que violó todas las restricciones imperantes en aquel entonces que impedían el ingreso y la salida del país de la mayor parte de las personas. La carencia de información promovió las especulaciones, que fueron desde supuestas negociaciones en torno a una ampliación de la represa binacional de Yacyretá (a cargo de una constructora relacionada con el Grupo Macri), hasta pagos originados en tráficos ilícitos o la entrega de claves de cuentas secretas y cajas de seguridad en guaridas fiscales.

Esta semana, una noticia no muy difundida por los medios masivos de comunicación dio cuenta de una decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que rotuló y a Cartés como “significativamente corrupto”.

Con fecha 26 de enero la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Horacio Manuel Cartes Jara (Cartes), expresidente de Paraguay, y a Hugo Adalberto Velázquez Moreno (Velázquez), el actual vicepresidente, por su participación en corrupción desmedida que socava las instituciones democráticas en Paraguay. 

“OFAC también está designando a Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition S.A. y Frigorifico Chajha S.A.E., por ser propiedad o estar bajo el control de Cartes. Estas personas y entidades están designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13818, en la cual se basa e implementa la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos y se enfoca en los perpetradores de abusos graves de derechos humanos y corrupción en todo el mundo”, sostiene el comunicado con la firma de Antony Blinken al que accedió Data Clave.

“El Departamento del Tesoro está comprometido a abordar la corrupción sistémica en todo el mundo, incluso en sus formas más arraigadas y en los niveles más altos de los cargos públicos”, dijo el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. La medida sigue a las designaciones de Cartes y de Velázquez en el 2022, en virtud de la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones de Programas Relacionados y Operaciones Extranjeras del Departamento de Estado de 2022, que respalda un enfoque de todo el gobierno para combatir la corrupción y las finanzas ilícitas.

“La investigación se profundiza sobre todos los negocios de Cartés, por lo cual aquellos que mantuvieron o mantienen relaciones comerciales o han efectuado transacciones en cualquier ámbito, quedan en la mira del Departamento del Tesoro, de allí que la preocupación haya llegado al entorno macrista”, le confió a este portal una fuente del parlamento de Paraguay interesado en que la pesquisa llegue hasta las últimas consecuencias.