Al sistema judicial Argentino, que muchas veces no sabe que hacer con los delincuentes mayores de edad, le pedimos puerilmente soluciones para los delincuentes menores, esto último es una quimera. La Justicia está atada de pies y manos sin una reforma judicial sobre la edad de imputabilidad.

La edad de imputabilidad es el limite inferior a partir del cual los menores imputados pueden ser juzgados. En Argentina esa edad se estableció en los 16 años, es decir que los menores de esa edad no pueden ser juzgados. Luego tenemos los adolescentes de 16 a 18 años que sólo pueden ser condenados por delitos que tengan penas mayores de 2 años, aunque nunca serán detenidos en cárceles comunes sino en institutos de menores. Para entender la problemática es conveniente examinar su origen. 

El Régimen Penal de Minoridad fue creado por la ley 22.278, que lleva muchísimos años sin modificarse. Se sancionó y promulgó en plena dictadura militar lo cual demuestra lo antigua que es. La anacrónica ley no cumple su función en la actualidad, ya que cuando se dictó, la intervención de los menores en los delitos era otra, tras lo cual la realidad nos exige reformas. Hoy un menor no es igual a un menor de hace 50 años atrás, que es el tiempo que transcurrió desde que se sancionó la ley. Tienen un conocimiento y desarrollo, psíquico y físico, completamente distinto al pasado.

Los políticos, desde hace años, debaten sobre la edad de imputabilidad, pero nunca terminaron de definirlo, siendo recurrente el planteo en varios gobiernos y nadie se atrevió a romper el status quo. Está claro que hay que bajar la edad de imputabilidad para combatir la intervención violenta de los menores en los delitos. Esta deficiencia del estado, de no ser punibles los menores, es aprovechada por delincuentes mayores quienes los envían a robar, matar, etc.

Planteado el problema, con claridad, se puede ver la solución. Es necesario definir, entonces, que edad seria la lógica para detener el crimen juvenil. Para esto hay que analizar el éxito o fracaso de distintos países y qué edad acordaron para tal fin. En legislación comparada encontramos que la edad en Canadá y Bélgica es a partir de los 12 años, en Finlandia a partir de 15 años, en Italia y Alemania hasta los 14 no son considerados responsables y por su parte Inglaterra y Suiza estipularon la edad mínima a los 10 años. De lo expuesto, en detalle con antelación, se presenta como lógica la postura del Gobierno en establecer la edad mínima punible a partir de los 14 años. Esperemos que cuente con apoyo legislativo ya que sólo una ley del Congreso puede modificar este asunto.

Argentina debe tener presente normas internacionales y la de mayor envergadura es la Convención Internacional de los Derechos del Niño que se refiere al derecho penal juvenil. Este ultimo en su artículo 37 define “…no se impondrá prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años”. La jurisprudencia y doctrina en nuestro país son pacíficas en ese sentido ya que entienden que la sanción a un mayor no puede ser igual a la de un menor. Los Jueces y fiscales no están conformes con la ley actual y saben que se necesita un cambio rotundo, también saben que la consecuencia de bajar la edad de imputabilidad provocaría un completo hacinamiento en las cárceles y Argentina no tiene margen para eso, salvo construyendo más lugares de encierro.

Los institutos de menores son verdaderos centro de sofisticación criminal en donde los internos practican como mejorar sus prácticas criminales. Los menores, ahí internados, tienen algo siempre a mano: escaparse. Los cuidan preceptores, quienes tienen temor de ellos. Reina la confusión y queda en evidencia que no tiene sentido la existencia de esos lugares para intentar alojarlos, tienen la misma utilidad que un aduanero sin nadie a quien multar.

Por otra parte, -recientemente- Infobae difundió un informe de la Corte Suprema de Justicia, en el que determinó un incremento del 21 por ciento la participación de “niños, niñas y adolescentes en delitos penales” entre el primer semestre del 2022 y el mismo período del 2023. Asimismo, estableció que un 84% de todos los delitos juveniles registrados fueron contra la propiedad privada y el restante 16 por ciento se refiere a “otras causas” definidas como delitos por el Código Penal.

Está controvertida realidad, quedó evidenciada en el fatídico caso del empresario Andrés Blaquier. Tenia 62 años cuando fue asesinado de un balazo en el pecho cuando manejada su moto de alta gama marca BMW y pertenecía a una de las familias mas ricas del país. Por este caso, cuando no, hubo detenidos menores. Uno se escapó y fue nuevamente detenido por otro delito. Insisto que la permanencia o retiro de los centros de menores dependen solo de la voluntad del interno, voluntad esta afectada por un grupo social afecto al crimen y a las drogas.

Desde que comencé mi carrera en abogacía siempre ocurrió el mismo ciclo reiterativo, se compone de un “crimen” con la intervención de un “menor”, la “opinión pública” toma interés, “abogados, jueces, políticos” hablan de cambiar edad de imputabilidad, pero luego otro hecho llama atención de la opinión publica y no se habla mas del tema hasta, claro, la próxima cercana muerte.

Los hechos delictivos cometidos a los 18 años pueden ser castigados severamente con años de encierro, en cambio los idénticos hechos cometidos por menores de esa edad son premiados con la entrega, muchas veces inmediatamente luego del hecho, a sus padres. ¿Cómo se puede explicar esto a la familia de los muertos? No tiene respuesta.

Sísifo fue un personaje de la mitología Griega y sufrió un castigo por parte de Zeus (Dios del cielo y del trueno) que consistió en subir una piedra pesada por la ladera de una montaña empinada. Y cuando estuviera a punto de llegar a la cima, la gran roca caería hacia el valle, para que él de nuevo volviera a subirla. Esto tendría que repetirse, una y otra vez, para toda la eternidad. La sociedad Argentina debe cesar el yugo que tiene como Sisifo y bajar la edad de imputabilidad de los menores, para que en vez de caer una gran roca dejen de caer inocentes muertos. Dejemos de repetir este ciclo.

En esta ocasión le tocó a un empleado de una estación de servicio en Rosario ser la víctima, en un caso en el que el responsable también es un menor. Otra vez, volvemos a subir la cima con la misma piedra que nos pone en el dilema de siempre: el responsable del crimen puede quedar impune y la familia de la víctima sin consuelo ni justicia.

Que, en esta oportunidad, las máximas autoridades del Gobierno Nacional hayan expresado la voluntad de avanzar en el Congreso con una propuesta concreta que brinde una respuesta eficaz a esta situación, nos permite vislumbrar una expectativa positiva hacia el futuro, para que finalmente se puedan evitar muertes de inocentes y el aprovechamiento por parte de bandas criminales en las que los menores son la mano de obra fácil y barata para cometer delitos.

El gobierno de Javier Milei entiende que juntará consenso para modificar la ley y establecer la baja de edad de imputabilidad a los 14 años. El conjunto de la sociedad espera que el resto de la clase política haya asimilado la moraleja del castigo de Sisifo.