El formato y la estructura del Presupuesto 2022 se inscribe en el marco de la estrategia adoptada por el gobierno nacional luego de la derrota electoral vivida en las PASO. El tipo de cambio de Gabinete, el proyecto de Ley de hidrocarburos construido validando las demandas del oligopolio petrolero, el proyecto oficial de fomento a la Agroindustria en línea con los objetivos del Consejo Argentino Agroindustrial y el Presupuesto con formato fondomonetarista, son señales que, en el marco del debilitamiento político vivido, pretenden reconstruir gobernabilidad, aunque mas no sea de carácter conservador.

No obstante, el examen de la presentación presupuestaria, permite señalar que más allá del formato fondomonetarista, la presente gestión gubernamental dispone de recursos para para replantear la política en línea con las evidentes demandas por mayor y mejor distribución del ingreso que se expresaron en el resultado electoral. En este sentido, el sobreajuste practicado por el Ministro Guzmán durante el 2021, así como la monetización de los DEG del FMI, le brindan al gobierno una disponibilidad de gasto equivalente al 2,2% del PBI. Existen recursos por $952.000 millones para impulsar un shock distributivo que impulse una potente intervención sobre las urgencias reales de los sectores más vulnerables, que por esta vía le otorgue un impulso adicional al consumo y a la demanda en el mercado interno, propiciando una aceleración en la tasa de crecimiento del PBI. Que esto se haga o no, no depende de la disponibilidad de recursos, sino de los criterios y la lógica de una política económica cuyos lineamientos centrales están expuestos en el mensaje presupuestario.                   

Una vez más, al igual que en el 2021, el presupuesto 2022 es un presupuesto contractivo, que achica el déficit en un contexto de capacidad ociosa retirando al Estado del aporte a una mayor demanda, y que además reduce el déficit vía ajuste del gasto y no por expansión de recaudación. Esta presentación tiene por detrás la visión de una política económica que considera que la expansión del gasto está limitada por el nivel de reservas del Banco Central. Una formulación conceptual que rememora las viejas épocas de la Convertibilidad. Lógica equivocada porque expandir el gasto hacia los sectores más vulnerables impacta sobre el consumo y la demanda de alimentos, energía, indumentaria, vivienda...Todos sectores que requieren divisas para su funcionamiento.

El verdadero problema que hay que resolver y frente al cual esta política solo exhibe resignación, es que en esos sectores hay Grupos económicos con posiciones dominantes que elevan precios, maximizan utilidades y cambian esas utilidades a divisas. Esto exige una discusión seria sobre los controles cambiarios y de precios, y no la simple resignación de no expandir el gasto prolongando el sufrimiento social de millones de habitantes.

Por otra parte, la falta de reservas en el Banco Central es la evidencia de un fracaso mayúsculo de la política económica. Esto no ocurre en un contexto de restricción externa de nuestra economía. Se da en el marco de dos años en los que nuestro país acumulo más de 23.000 millones de dólares de saldo comercial positivo.

Que el BCRA tenga hoy poco más de 5000 millones de reservas netas es la consecuencia de decisiones equivocadas. Entre otras haber planteado cumplir con los pagos mientras se negociaba pese a haber recibido ya en default a la economía nacional. No haber avanzado en mecanismos regulatorios de nuestro comercio exterior que fortalecieran el control sobre el ingreso y egreso de divisas. Evitando así las demoras en la liquidación por los exportadores, el adelanto de importaciones o la cancelación innecesaria de deudas. Y haber pretendido sustituir esas decisiones con intervenciones financieras en los mercados paralelos del dólar que consumieron enormes cantidades de divisas. 1300 millones en lo que va del 2021.

Tampoco se avanzó en estrategias de mayor progresividad tributaria y captura de rentas que fortalecieran el financiamiento fiscal, al tiempo que se abusó del endeudamiento en pesos y por tanto se agravo la dependencia de la política económica respecto al establishment financiero. 

En este marco, el presupuesto presentado exhibe: 
1) Un importante aumento de los intereses por deuda pública que representan el 13 por ciento de los gastos de la Administración Nacional y que por sí solos equivalen a 27 de las 29 finalidades del gasto.

2) El presupuesto incurre en una mayor regresividad tributaria ya que la perdida de recaudación por la eliminación del aporte a las grandes fortunas y por los menores ingresos por el Comercio Exterior superan con creces las leves mejoras en Ganancias y Bienes Personales.

 3) La estimación respecto a los subsidios energéticos abre serios interrogantes sobre la posibilidad de aumentos tarifarios. 

4) El cierre de las cuentas del 2021 no muestra financiamiento para un bono a los jubilados que compense la pérdida de poder adquisitivo del año.

5) A la vez las pautas implícitas de aumentos en jubilaciones (10%) y en salarios (20 %) para el 2022 resultan incompatibles con una inflación del 33 % y nos indica que en ambas partidas se está subestimando el gasto.

6) En sentido inverso hay, al igual que en el 2021, una clara sobreestimación del Gasto de Capital. 

7) A la vez en los gastos sociales aparecen distintas insuficiencias. A saber, se amplía la cobertura de la AUH en 15000 chicos cuando hoy son más de un millón los excluidos. Hay un notorio debilitamiento del programa Progresar, y si bien se plantea un aumento de la cobertura de la tarjeta alimentar y del Potenciar trabajo, estos aumentos exhiben inconsistencias con el financiamiento que se le asigna. 

8) Por último, la observación del Gasto Tributario que representa un 2,64% del PBI y que sumado a los intereses por deuda representan el 85% del déficit financiero, es una nueva señal respecto a cuáles son las prioridades para fortalecer las cuentas públicas. Reforma Impositiva Progresiva con fuerte revisión de exenciones, promociones y subsidios, y otro tratamiento de la Deuda Pública.