Un país sin crédito: costo de una macro desordenada y paliativos de política económica
Estímulos públicos esporádicos compensan parcialmente, pero no alcanza. Los gobiernos deberían evitar distorsionar todavía más los ya dañados incentivos y priorizar la consecución de un orden macro mínimo, que nos vuelva a poner en camino hacia una mayor racionalidad.
El acceso al crédito suele ser un parámetro de la sanidad de una economía. El crédito es una institución que engloba la confianza entre las partes, la calidad de las instituciones y la seguridad jurídica. Con problemas de arrastre hace ya muchos años, nuestro país fue reduciendo su mercado crediticio privado.
Estímulos públicos esporádicos compensan parcialmente, pero no alcanza. En las próximas líneas caracterizamos el estado del crédito en Argentina y analizamos los desafíos que enfrentan los hacedores de política económica. Del total de créditos en la calle casi la mitad se explica por el segmento de comerciales (adelantos en cuenta corriente y descuentos de documento), poco más del 40% tienen que ver con el financiamiento del consumo (créditos personales y tarjetas de crédito), mientras que solo un 11% de los créditos conforman el bloque garantizado (prendarios e hipotecarios).
Esta composición muestra la importancia del consumo privado como factor explicativo del PBI, pero también el sesgo de corto plazo del sistema financiero. La macro inestable con una nominalidad estrafalaria impiden planificar a largo plazo, desincentivando la inversión apalancada por el ahorro. Además, el entorno volátil desnaturaliza la función de los bancos como intermediarios para unir puntas entre dadores y tomadores de liquidez.
En Argentina la creación secundaria de dinero no tiene la potencia de otras economías. Las entidades destinan una porción minoritaria de su cartera al crédito de largo plazo y buscan negocios más cortos, capturan rentas de bajo riesgo y aumentan la prestación de servicios financieros.
La mejor ilustración de los problemas en Argentina es el segmento hipotecario, donde no hay crédito suficiente en condiciones de mercado desde hace más de dos décadas, producto de la inestabilidad y la incertidumbre financiera permanente. Políticas como el ProCreAr fueron relevantes para la demanda de sectores de ingresos bajos y medios, pero un programa público de vivienda nunca podría agotar toda la demanda de un país de ingresos medios.
Un intento de oxigenar en 2017 se dio a partir de la innovación de los hipotecarios UVA, que fracasaron por la volatilidad financiera. Un mecanismo de indexación puede ser útil en un contexto de inflación moderada y estable, pero en ese momento Argentina ingresaba en un proceso de inflación alta y errática. En síntesis, no hay salidas mágicas.
La estabilidad macro es precondición para recuperar el crédito hipotecario. Cuando esto ocurra se deberá trabajar sobre contratos transparentes, incentivos fiscales y regulación. Desde hace mucho tiempo hay un efecto insoslayable de crowding out (desplazamiento) fruto de las características de la economía argentina. El sector público absorbe liquidez que debería ir a financiar al sector privado. En los desarrollos teóricos este efecto suele derivar en un encarecimiento del crédito para las empresas.
En Argentina el ajuste parece darse más por cantidades, con firmas minimizando sus niveles de apalancamiento y/o apostando al auto financiamiento. Es así que la penetración del crédito privado en la economía cae de forma sensible hace cinco años, pasando de representar el 48,3% de los activos del sistema en 2018 a solo 27,2% en 2023.
La macro determina
El crédito al sector público fue ampliando su participación, pasando de explicar menos del 10% del total de los activos del sistema al 16,8% en igual período. Las razones son evidentes: el déficit presupuestario crónico y la falta de financiamiento externo exigen al Estado utiliza proporciones crecientes del ahorro doméstico. El costo que hoy paga el gobierno por captar esos recursos ya es elevado y está altamente indexado por inflación y/o tasa de devaluación.
En todo Gobierno con foco productivo suele haber mayor impulso sobre el crédito flexible. Compensar el corrimiento del sector privado a través del financiamiento público es necesario, pero insuficiente. No reemplaza el rol de la banca comercial por razones de escala, restricción presupuestaria e incentivos. Estos últimos años se destacó en la órbita del BCRA la Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva, que exige a los bancos comercial destinar un porcentaje de su cartera para fondear a las PyMEs.
Desde su lanzamiento hasta el último dato disponible se acumulan $6,8 billones aplicados, que se componen por un 14% para inversión productiva y 86% para renovar capital de trabajo. Tan baja es la profundidad del sistema crediticio que en junio este programa explicó más del 40% del total de créditos comerciales otorgados. Iniciativas como el Programa Crédito Argentino, el Fondo de Garantías Argentino y otras líneas en bancos públicos y en privados son complementos importantes para suplir la aguda escasez de financiamiento, que es la norma en los países estables. Aún así, el fondeo PyME en relación al PBI hoy sigue siendo el más bajo desde el 2011.
La contrapartida de los préstamos al sector privado son los fondos líquidos de los depositantes. El stock de depósitos totales de la economía viene perdiendo peso relativo en los últimos tres años, a tono con la licuación inflacionaria y la mayor dependencia del Tesoro en términos de financiamiento. No obstante, la masa agregada de plazos fijos no rompió la tendencia creciente iniciada en 2019, y en noviembre del año pasado su stock total volvió a tocar máximos reales.
En este bloque, la mayor inflación incentiva a los ahorristas a buscar cobertura. Si bien se trata de un instrumento financiero poco sofisticado, sigue siendo relativamente útil a los fines de evitar una erosión dramática del poder de compra. La remuneración del capital minorista se ha sincerado en el último año, acoplando la tasa de interés pasiva con la inflación; de modo tal que el depositante no pierde de forma sistemática. Este tema no es menor por sus múltiples implicancias.
Una parte de la disciplina rechaza la necesidad de tasas de interés reales positivas, mientras que otros sectores señalan que es precondición para recuperar el peso como reserva de valor y romper el componente financiero de la histórica bimonetariedad de la economía local. Las contrariedades de la insuficiencia de crédito podrían ocupar muchas más páginas que este resumen.
El ordenamiento integral de la economía será un proceso que en el mejor de los casos vaya madurando a lo largo de varios años. Bajo esa comprensión, los gobiernos deberían evitar distorsionar todavía más los ya dañados incentivos y priorizar la consecución de un orden macro mínimo, que nos vuelva a poner en camino hacia una mayor racionalidad.